Ramiro Urristi, el encargado de controlar las armas y los explosivos en el país: “Los civiles que tienen portación son muy pocos”

Arribó a la gestión nacional como un cuadro técnico tras ocupar diferentes cargos públicos en la provincia de Buenos Aires. Ramiro Urristi, abogado, maneja desde mitad de 2020 la ANMaC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y es el encargado de controlar las armas y los materiales explosivos que circulan en el país como, entre otros, el nitrato de amonio, el mismo que el año pasado ocasionó la explosión que arrasó con el puerto de Beirut, en El Líbano.

Hasta agosto del año pasado, el ex RENAR tenía registrados 743.817 usuarios con armas, aunque sólo el 30% cumplía con las certificaciones vigentes. En tanto, las armas declaradas llegaban a 1.662.033.

En una entrevista con Infobae, el funcionario habla sobre la discusión por el uso de las pistolas Taser en las fuerzas de seguridad, las diferencias con la gestión de Cambiemos y el plan oficial para destruir 100.000 armas y 500.000 municiones en el año.

- ¿Cuál es hoy el panorama sobre el uso de armas en el país?

- Uno de los problemas que tenemos en la registración es que hay muchas armas que circulan en forma previa a la creación del registro. Recién en la década del ’90 tuvimos el primer registro fehaciente de armas, con una función importante, y desde ahí que se están registrando, y nosotros nos toca ahora perfeccionar todo lo que fue paulatina e improvisadamente gestionándose en los últimos 30 años. Queremos darle un golpe de tecnicismo y profesionalismo.

- La situación social, o la proliferación de casos de violencia o inseguridad, ¿genera que haya más armas circulando en la calle, de formal ilegal, o que haya más solicitudes para la tenencia legal?

- Hay como un mito, la regulación y la registración siempre fue más o menos pareja. Hay sensaciones que se dan, ocurre un hecho desafortunado con un arma de fuego, y es noticia, porque la psiquis humana está interesada desde el inconsciente por consumir esas imágenes. Pero la verdad, si tomamos estadísticas del Poder Judicial, dos de cada diez hechos de uso de armas tienen que ver con la inseguridad. Sin embargo, cinco de cada diez tienen que ver con violencia intrafamiliar, violencia de género, cuestiones en vecindad.

Las estadísticas nos arrojan que lo que más se habla y se consume no es lo que más ocurre con el uso de armas. Desde la Agencia tenemos una competencia definida que tiene dos pilares fundamentales, la registración de legítimos usuarios, y la extracción de la circulación en la sociedad y posterior destrucción de las armas ilícitas.

- Un diputado nacional de Juntos por el Cambio (Francisco Sánchez, Neuquén) pidió flexibilizar el uso domiciliario de las armas por la inseguridad...

- El diputado simplemente se hizo eco de una expresión que tuvo el presidente de Brasil (Jair Bolsonaro). Nosotros podemos conversar con cualquier ciudadano de la Argentina para tratar de informar, y educar. Pretendemos que los legisladores por lo menos se informen de la existencia del ordenamiento jurídico que hay en tal materia para poder opinar.

El legislador pretendía que haya portación masiva, pero la portación no es lo mismo que la tenencia. Tenencia es vos tenés un arma en tu casa y podés utilizarla en un polígono, tenés que trasladarte con ella pero no es apta para su uso inmediato, y la portación es un trámite que en nuestro país lo tienen las fuerzas de seguridad, y los civiles que tienen portación son muy pocos. Esa es la tradición que tuvo siempre Argentina, diferente a la idiosincrasia de otros países.

La ley de armas nos obliga a registrar la mayor cantidad de legítimos usuarios y, en ese sentido, no podemos tener una gestión en contra. La obligación es acercar la gestión al legítimo usuario para que aquella personas que desea estar en la legalidad pueda hacerlo de forma cómoda, accesible, un poco a contramano de lo que estuvo pasando en la gestión de los últimos años, donde se alejó la gestión de la gente interponiendo un montón de requisitos que obstaculizaron la registración.

- ¿Cuáles son esos requisitos?

- Tiene que demostrar un medio lícito de vida, hacer un examen de proficiencia en el uso de arma de fuego, tiene que tener un certificado de no antecedentes en material penal, y un examen psicofísico, que en la gestión anterior quedó e manos de un monopolio, en manos de una sociedad anónima comercial para prestar ese servicio que es del Estado, sin controles, lo cual le permitió establecer una tasa, y subir esa tasa. Lo primero que hicimos fue desandar eso y lo sustituimos por un sistema público, trabajado por tres áreas, Salud, ANMaC y Justicia, un registro digital, donde todos los médicos y psicólogos que deseen trabajar pueden hacerlo.

Hay casos de violencia intrafamiliar que pueden ocurrir en manos de un legítimo usuario, pero la gran mayoría lo tiene para cuestiones deportivas, y muchos para defensa personal. Los hechos de inseguridad generalmente se dan con armas en el circuito ilegal y, por otro lado, si hay alguna denuncia en violencia de genero con el uso de armas nosotros podemos suspender la condición de legítimo usuario y solicitarle el arma para que quede en resguardo.

- A mediados del año pasado hubo una discusión sobre el uso de pistolas Taser para armar a las fuerzas de seguridad, ¿qué opina sobre eso?

- Armas Taser hay muy pocas. De hecho, para tirarte un número preciso, en el uso de civiles debe haber 30 armas, que fueron importadas todas en la década del 90. Hemos creado un nomenclador de armas, que tiene más de 12.500 tipos de armas nomencladas, uno de los más grandes nomencladores a nivel mundial. La registración y la nomenclación de armas de Argentina es un ejemplo. Antes no existía no existía ningún tipo de nomenclación para armas especiales como las Taser, nosotros nos dispusimos a crearlo para que el día de mañana cualquier fuerza que desee adquirir por importación o compra directa nosotros ya las tenga nomencladas.

Hubo mucha discusión mediática, pero hubo pocos trámites de solicitud. No tuvimos ningún pedido nuevo de ninguna fuerza para comprar.

- ¿Cómo funciona el plan de destrucción de armas ilegales?

- Lamentablemente hubo en el gobierno anterior una sola destrucción de armas, en el 2016, y después se discontinuó, y eso trae numerosos inconvenientes. Todos los depósitos se congestionaron porque no se destruyeron armas, nosotros destruimos 20 toneladas de armas. Estamos frente a grandes desafíos de gestión. Tenemos un cronograma que hemos fijado para destruir 100.000 armas de fuego en el 2021. Tenemos pautada unas cinco destrucciones de armas, y vamos a destruir medio millón de municiones, que es muy importante, porque un arma sin municiones no es peligrosa, eso quizá es una de las cosa más útiles que podemos hacer para colaborar en tener una sociedad más pacifica.

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