El académico Diego Molea es el principal candidato a convertirse en el próximo presidente del Consejo de la Magistratura. Es un secreto a voces que Molea, representante por el ámbito académico y científico y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), sumó las adhesiones necesarias para reemplazar al juez Alberto Lugones, hoy al frente del organismo que selecciona y controla a los jueces.
Molea, de 48 años, fue consejero de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires por dos períodos, conjuez de la Suprema Corte y presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora en dos oportunidades.
Actualmente es el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el primero en ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura. En el ámbito de la docencia se desempeña como profesor titular de la asignatura Derecho Político en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad del Este, y es docente Adjunto de la materia derecho Público en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue elegido como Consejero por unanimidad en el Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Durante el 2020, Molea estuvo al frente de la estratégica Comisión de Disciplina y Acusación. Ya desde el año pasado se perfilaba como el postulante a ocupar el mando del Consejo. La elección, sin embargo, se hará formalmente la semana próxima, cuando su nombre sea propuesto en reemplazo del juez Alberto Lugones y el resto de los consejeros decida convalidarlo a mano alzada. Allí necesita contar con el voto de la mayoría simple de los 13 integrantes del Consejo.
En general, suele haber acuerdos entre el oficialismo y la oposición que se trabajan antes del momento de levantar la mano. No solo se define la presidencia, junto a la vicepresidencia, que suele ser para alguien del sector de la oposición. Una de las posibilidades es que sea propuesto el juez Juan Manuel Culotta, pero otras fuentes evaluaban que podía pasar a ocupar ese cargo el propio Lugones. “Todavía no hay nada cerrado”, dicen a Infobae las fuentes consultadas. Pasado ese capítulo, el Consejo también tiene que definir quién queda a cargo de cada comisión.
El Consejo está integrado por los jueces Alberto Lugones, Ricardo Recondo, Juan Manuel Culotta, los abogados recién llegados al Consejo Carlos Matterson y Diego Marías; el académico Molea; y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, junto a las diputadas peronistas Graciela Camaño y Vanesa Siley y el diputado del PRO Pablo Tonelli; y a los los senadores del Frente de Todos María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y de la UCR Silvia Giacoppo.
El oficialismo parece tener controlado el Consejo aunque en muchas oportunidades las votaciones se definen por un voto. Ahí el rol clave es el de Graciela Camaño, como se vio en el caso de la revisión de los traslados de los jueces, que ocupó gran parte de la polémica judicial del 2020.
En la oposición, además de los legisladores de la minoría, se cuenta a los jueces Recondo y a Culotta y a los dos abogados. Este contrapeso tampoco le permiten a ninguno de los sectores garantizarse las dos terceras partes de los votos que se necesiten en cuestiones claves, por ejemplo, enviar a juicio político a un juez.
La presidencia del Consejo de la Magistratura tiene un rol de coordinación institucional. Desde allí uno de los focos más controvertidos es el problema presupuestario. El presupuesto del Poder Judicial es 3,5 de la recaudación total. Un total de 2,93 % van al Consejo para pagar sueldos y gestionar y 0,57% lo recibe la Corte.
Precisamente, la comisión de juristas que convocó el presidente Alberto Fernández para plantearle una serie de sugerencias para mejorar distintos ámbitos de la Justicia puso el foco en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura: los expertos fueron muy críticos con la superestructura del organismo y los escasos de resultado de su labor por las demoras que presentan los concursos y también la cantidad de juicios políticos hechos a lo largo de la puesta en marcha de este organismo.
En ese trabajo, el informe de los expertos plantea además cambiar la estructura actual del Consejo de la Magistratura con otra lógica distinta de poder: con 16 miembros repartidos en partes iguales entre cuatro políticos, académicos, jueces y abogados. En caso de empate, dice la letra chica, la Presidencia contaría con doble voto. Todo, sin embargo, está por ahora en plano de la sugerencia, a evaluación del presidente Alberto Fernández.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
La Legislatura de Neuquén comenzará a realizar narcotest periódicos a sus miembros
La medida se aplicará de manera aleatoria y sorpresiva cada dos meses, dentro del edificio parlamentario. Se podrá llevar a cabo durante comisiones y sesiones, incluidas las extraordinarias. También quedó establecido el procedimiento en caso de que el resultado sea positivo
Milei ya no compite “contra sí mismo”: la Casa Rosada cree que la oposición se despertó y acelera gestos
La derrota en el Senado fue un parteaguas y Karina Milei entendió que debe anudar los acuerdos políticos; el llamado a Macri y las concesiones a los gobernadores; tensión por la vice en puerta; el ala política, inquieta por la economía
La Libertad Avanza apuesta a una alianza amplia para disputar la provincia de Buenos Aires contra el PJ
El escenario que baraja el oficialismo, la influencia de la interna peronista y la apuesta violeta. El candidato de la Casa Rosada y las negociaciones con el PRO tras el acercamiento de Karina Milei y Mauricio Macri
El Gobierno comenzó las negociaciones por las alianzas electorales: el armado y un acuerdo sorpresa
Las autoridades del partido, con Karina Milei a la cabeza, se preparan para definiciones clave. Este jueves, la secretaria general de la Presidencia recibe a dirigentes del PRO en la Casa Rosada
El laboratorio del fentanilo mortal vendió propofol de manera irregular sin que los organismos de control lo impidieran
HLB Pharma lo hizo durante 9 años. Ocurrió lo mismo con dopamina, la denuncia consta en la imputación contra las ex funcionarias de la ANMAT y el INAME. La Fiscalía sospecha que existió un “manto de cobertura estatal”
