La ONG internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch, publicará en los próximos días un informe sobre las graves denuncias de hacinamiento, detenciones arbitrarias y condiciones de insalubridad provenientes de Formosa a raíz de la situación que viven las personas que se encuentran en los centros de aislamiento que montó el gobernador Gildo Insfrán en medio de la pandemia de COVID-19.
Con el objetivo de descomprimir la tensión política y social, el gobierno provincial determinó que desde hoy Formosa capital deje atrás la fase más dura de la cuarentena para regresar a la etapa de distanciamiento social obligatorio. Sin embargo, las denuncias sobre el trato al que son sometidos los ciudadanos en los centros de aislamiento siguen avanzando con fuerza no solo a nivel local, sino también en el plano internacional.
Según acusaciones de ciudadanos y de la oposición, en los Centros de Atención Sanitaria (CAS) dispuestos por el gobierno de Insfrán, se obligaría a permanecer a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19 que terminan expuestas al contagio. Además, la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días y no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus. Incluso los propios pacientes vienen denunciando que son ellos mismos quienes tienen que ocuparse de la limpieza y acondicionamiento del lugar. En las últimas horas se filtró un video que reveló como algunos de ellos tuvieron que quitar el agua de uno de estos centros tras una fuerte tormenta que se desató en la capital provincial.
“Hemos recibido denuncias serias que estamos verificando, las cuales describen un panorama evidentemente abusivo que consiste en hacinamiento, detenciones arbitrarias, condiciones insalubres, todo con una política de control policial”, manifestó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América, quien enfatizó que “las personas no pueden salir del sitio donde se les está aislando pero sin que existan condiciones de higiene para que se les de un trato adecuado”.
Vivanco precisó que en los próximos días la ONG emitirá un informe que buscará responder con exactitud si en Formosa “se han producido violaciones a los derechos humanos”. “Si logramos comprobar la veracidad de esas denuncias, sin duda alguna estaríamos frente a un cuadro de violaciones a los derechos humanos”, adelantó en declaraciones a TN.
El referente de HRW hizo hincapié que las denuncias recibidas “son graves, creíbles y serias”. De esta forma esta organización se suma a Amnistía Internacional, que desde hace semanas exigió la intervención del Gobierno Nacional y advirtió que si el Estado no actúa recurrirá a una instancia internacional. Además este martes, dos abogados presentaron una medida cautelar pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de DDHH por los abusos contra comunidades originarias a raíz de la pandemia.
La situación de la provincia gobernada desde hace más de 20 años por Insfrán obligó a Nación a intervenir. Ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. De la misma participaron la directora adjunta de la organización, Paola García Rey, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos.
La aparición de los organismos internacionales y las críticas de la oposición provocaron la reacción de Cafiero: “A nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos”. Para el director de Human Rights Watch, las declaraciones emitidas por el jefe de Gabinete son “un disparate”. “No entiende en qué consisten las violaciones a los derechos humanos y argumentó que como él está muy cercano a las agrupaciones de derechos humanos que han luchado por justicia por las atrocidades cometidas durante la dictadura militar, nadie le puede reclamar ni exigir rendición de cuentas al Gobierno Nacional”, cuestionó Vivanco.
“Es absurdo, demuestra superficialidad y una soberbia inaceptable. El tema derechos humanos no le pertenece a nadie, ni a un grupo político, ni a una persona ni a un gobierno”, concluyó.
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