Tras las denuncias y la polémica, la capital de Formosa sale del aislamiento obligatorio

Formosa, capital de la provincia homónima, dejará mañana la fase más dura de la cuarentena para regresar a la etapa de distanciamiento social obligatorio en la que se encontraba desde el 6 de enero.

La decisión fue adoptada en medio de incesantes denuncias de la oposición y de organismos sociales sobre violaciones a los derechos humanos y excesos de la Policía en el marco de la pandemia por coronavirus.

El cambio fue anunciado este martes por el ministro de Gobierno de Gildo Insfrán, Jorge González. “Ante la drástica disminución de casos diarios reportados, se toma la decisión de no prorrogar el aislamiento social preventivo y obligatorio en la capital”, puntualizó.

Y agregó: “Esto significa que a partir del día de mañana regirán las mismas medidas preventivas vigentes en el resto del territorio provincial”.

En términos prácticos, implica el regreso de las reuniones familiares los días domingo, la atención al público de locales gastronómicos los fines de semana, la pesca de costa y la actividad religiosa, entre otras.

En términos políticos, la decisión busca descomprimir la situación generada a partir de denuncias de la oposición y de organizaciones sociales sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento.

Recientemente, Amnistía Internacional puso el foco sobre el territorio de Insfrán y le solicitó al gobierno nacional que interviniera. La recomendación provocó la reacción del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hoy se realizó una reunión en Casa Rosada para intentar consensuar posiciones.

Pastores evangélicos sumaron presión con una fuerte advertencia al Ejecutivo provincial: “No estamos dispuestos a seguir pasivos viendo cómo se avasallan los derechos de las personas”.

La declaración pública de este sector cobra importancia porque tiene mucho peso en la sociedad formoseña (y una fuerte incidencia en las tendencias electorales) y hasta el momento mantenía una excelente relación con el gobernador Insfrán, quien hace cuatro años impulsó la ley provincial a través de la cual se fijó el 31 de octubre como el “Día de las Iglesias Evangélicas”.

Esta semana una delegación de dirigentes de Juntos por el Cambio tiene previsto viajar a la provincia norteña. Días atrás, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla estuvo en el distrito para recabar información y plantear “recomendaciones” al gobernador. No obstante, rechazó las denuncias sobre violaciones a los DDHH.

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