Siete u ocho votos son los que le faltan al Frente de Todos para poder sancionar las leyes de Reforma Judicial y de Reforma del Ministerio Público Fiscal. La falta de consenso posterga una vez más un debate que el kirchnerismo logró aprobar en menos de dos meses en el Senado. Por la misma razón tampoco se trataría en Extraordinarias la reforma del calendario electoral que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
Altas fuentes del oficialismo, de distintos sectores internos de la alianza gobernante, coincidieron en el punteo de votos ante Infobae: si el tratamiento fuera hoy, el Frente de Todos no podría reunir ni el quórum para iniciar la sesión ni mucho menos podría lograr la sanción de las leyes que buscan modificar la Justicia Federal y la que baja a una mayoría calificada (la mitad más uno de los votos del Senado en lugar de los dos tercios) la exigencia para la designación del jefe de los fiscales.
La oposición a ambas leyes que impulsó el kirchnerismo alcanzaría unos 127 votos, número en el que se incluye a Juntos por el Cambio, Córdoba Federal, Consenso Federal y varios bloques con un diputado como el Socialista; el Frente Progresista, Cívico y Social; Producción y Trabajo; el Frente Cívico y Social; el Partido por la Justicia Social y los dos diputados de izquierda. A favor sólo estaría el oficialismo y algunos diputados de partidos provinciales. En cambio la cuenta arroja seis indefinidos hasta el momento.
En este contexto aún si el Frente de Todos lograra sumar a quienes no saben o no dicen qué votarán, apenas llegaría a 128 diputados, uno menos que los 129 necesarios para abrir una sesión.
Entre quienes no creen conveniente tratar las reformas, aún cuando las consideran necesarias, la diputada Graciela Camaño dijo ayer que “Argentina necesita una reforma judicial” pero aclaró que “requiere de un enorme consenso”. En declaraciones a Diputados TV, la legisladora de Consenso Federal, la fuerza que lideraron Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, recordó que sobre el final del segundo mandato de Cristina Kirchner se impulsó una reforma judicial “ambiciosa” y “realmente interesante” pero lamentó que “como tenían el número para sacarla sin otros partidos políticos la votó y luego la Justicia la declaró inconstitucional”. “Los consensos que se requieren para ordenar el servicio de Justicia son un consenso amplio”, agregó en tono reflexivo. También apuntó que es difícil avanzar cuando las dos fuerzas mayoritarias, que gestionaron el país durante los últimos años, “tienen ex funcionarios con causas penales” en referencia tanto al kirchnerismo como al macrismo.
En el oficialismo varios diputados coinciden en que es necesario el consenso para votar las reformas judiciales. Juntos por el Cambio ya avisó que no accederá ni siquiera al debate y hasta pide garantías por escrito.
Con respecto a las PASO, no sólo la principal oposición rechaza la suspensión, también La Cámpora y los diputados más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Es un pedido de varios gobernadores al que sólo accederían gran parte de los legisladores si se acordara, también ley mediante, que haya primarias para quienes necesiten resolver sus diferencias internas. También hay quienes desde el PRO o desde el Interbloque Federal piden aprovechar la situación de pandemia y avanzar con la Boleta Única de Papel, lo que evitaría la manipulación de sobres y boletas.
De todos modos es el propio oficialismo el que hoy reconoce que el proyecto de ley que firmaron junto con el tucumano Pablo Yedlin varios diputados nacionales de distintos distritos y al que ven con buenos ojos hasta algunos gobernadores opositores, no logra aún el respaldo necesario para arrancar su debate.
Además para la reforma judicial se presenta otro trámite que frena el avance: la próxima salida de Pablo González de la cámara de Diputados para asumir como presidente de YPF obligará a buscarle un reemplazo en la comisión de Asuntos Constitucionales que sería justamente cabecera del debate. Para reemplazarlo mencionan al rionegrino Martín Soria, ex candidato a gobernador, que trabaja en temas judiciales con el kirchnerismo. El cambio y la búsqueda de consenso, dijeron las fuentes consultadas, prorrogarían el inicio del tratamiento en comisión para después del 1° de marzo, ya en Ordinarias.
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