
Luego de que un sacerdote kirchnerista pidiera que el presidente Alberto Fernández indulte a Amado Boudou y destituya a los jueces de la Corte Suprema, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se sumó al debate sobre la existencia de presos políticos en la Argentina.
“Sí, claro, hay presos políticos”, dijo Cabandié ante una pregunta de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Y cuando se le consultó qué tenía que hacer el Gobierno al respecto remarcó: “La Justicia tiene que intervenir, pero tenemos que poner las discusiones en la arena pública”.
Para Cabandié “hay animosidad de la Justicia sobre ciertos casos” y recordó que, a pesar de que el ex presidente Mauricio Macri fue procesado por las escuchas ilegales, nadie de su gobierno terminó preso. “Es decir, son miradas subjetivas, hay que dejar mirar a la Justicia, pero hay una estructura enquistada”, aseveró.
Esas declaraciones fueron hechas a la salida de la reunión de Gabinete de Cambio Climático, en sintonía con el relato oficial del núcleo duro kirchnerista que esta tarde marchará para exigir la libertad de los presos por corrupción que dejó el gobierno de Cristina Kirchner.
“Por una Navidad sin presos políticos”, reza la frase impregnada en los afiches que los militantes K viralizaron en las redes sociales para pedirle a la Corte Suprema que ponga en libertad a Amado Boudou, Julio de Vido, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Milagro Sala, entre otros.

La movilización partirá de Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego dirigirse hacia los tribunales de Justicia, donde se estima que podrían realizar un acampe a modo de protesta.
Al igual que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro Cabandié hizo hincapié en que la Corte Suprema “es un poder no elegido por el pueblo” y que “hay arbitrariedades que se cometen en distintas sedes judiciales”.
“No quiero entrar en una polémica, pero me parece que la Justicia es un ámbito que tiene que tener profundas modificaciones, debe dar muchas explicaciones a la ciudadanía”, sentenció.
Cabandié puso el foco en que “no hay transparencia en los procesos administrativos en cuanto a sus recursos” y dijo que “como argentinos me parece que tenemos que empezar a revisar eso”.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara dejando firmes las condenas en la causa Ciccone, en la que está condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, y Casación validara las declaraciones de los arrepentidos en el caso de los cuadernos, el kirchnerismo volvió a reforzar las acusaciones de “lawfare” contra la Justicia.

Con una dura carta, Cristina Kirchner arremetió contra el máximo tribunal y cada uno de sus integrantes. Y luego el presidente Alberto Fernández dijo que “compartía mucho” las críticas de su vicepresidenta al funcionamiento judicial.
Este lunes, en tanto, fue el turno de Francisco “Paco” Oliveira, sacerdote identificado con el kirchnerismo duro y organizador de la marcha. Si bien aclaró que los ex funcionarios K presos “no quieren el indulto porque sería reconocer que cometieron un delito”, hizo una salvedad a la hora de referirse al caso de Boudou.
“Zaffaroni lo dice bien claro: dentro de diez años vamos a tener que pagar 200 mil dólares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el desaguisado que se hizo con Boudou, pero va a tardar diez años. Mientras tanto a lo mejor habría que dar un indulto, un indulto claramente no reconociendo ningún tipo de delito”, enfatizó.
Y agregó: “No tengo exactamente las herramientas, tengo que lucharla en la calle y que no se invisibilice que seguimos teniendo 40 presas y presos políticos en nuestra patria, algunos en prisiones de alta seguridad irían por su quinta Navidad”.
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