La Reforma Judicial es vital y urgente para nuestra democracia

El Presidente de la Nación recientemente prorrogó las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación y llamó a sesiones extraordinarias de acuerdo a las facultades que le otorga nuestra Constitución Nacional.

De los veintisiete importantes asuntos incluidos en el temario hay uno del que quiero llamar a la atención de toda la sociedad. Como muchos saben, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a mi cargo, presentamos este año el Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias, comúnmente conocido como Proyecto de Reforma Judicial.

Este proyecto fue debatido en el Honorable Senado de la Nación con un importante trabajo en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Asuntos Penales en el que tuve el honor de hacer su presentación. El debate fue enriquecido con la participación de cincuenta expositores que hicieron un valioso aporte. A raíz de ello, los senadores hicieron cambios que fueron volcados en el texto aprobado por la Cámara alta en el mes de agosto de este año. Actualmente el proyecto se halla en la Honorable Cámara de Diputados para ser debatido.

Con la reforma de la Justicia Federal se propone solucionar problemas de larga data en los que, creo no equivocarme, todos coincidimos. Pero antes de describirlos, es importante recordar la competencia que tiene la justicia federal penal en la investigación y sanción de graves delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, los crímenes de lesa humanidad y la corrupción, entre otros. Crímenes que implican graves violaciones a los derechos humanos, ponen en riesgo la seguridad pública y pueden importar un atentado contra el sistema democrático.

Las demoras en el trámite de las causas, la ineficiencia e ineficacia de las investigaciones y las oscilaciones según el sector que ocupe transitoriamente el poder, con el arbitrario manejo de los tiempos judiciales según el clima político imperante, ha sido una constante en la justicia federal penal de nuestro país. Estos defectos han sido reiteradamente mencionados a lo largo del tiempo por todos los espacios políticos como una grave deficiencia en el servicio de administración de justicia, existiendo un consenso generalizado de que este estado de cosas no puede permanecer inalterable.

La dirigencia política no puede observar impasible esta situación, ya que sería condescendiente con un sistema de organización del Estado contrario al que asumieron nuestros constituyentes cuando establecieron el sistema republicano de gobierno, en el que el Poder Judicial tiene un rol fundamental, siendo su independencia una de las bases del estado de derecho y una garantía del derecho de acceder a la justicia que tiene toda la población.

Los defectos señalados pueden generar situaciones incompatibles con el objetivo de afianzar la justicia establecidos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. La impunidad de delitos como la trata de personas, el lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción, se transforman en un problema para la seguridad pública y transforman a nuestro territorio en un lugar propicio para que irrumpa, se desarrolle y enseñoree el crimen organizado transnacional.

Es por ello que la reforma y fortalecimiento de la justicia federal en todo el territorio nacional resulta vital y urgente para nuestra democracia. Es el momento en que todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores, estén a la altura que el desafío exige, dejando de lado los prejuicios y el mero interés partidario. Todos los aportes serán válidos y merecerán su discusión, pero ellos deben existir. El resultado de la reforma que se analizará en la Cámara baja trascenderá varios períodos de gobierno, por lo que la mirada a largo plazo es la que deberá guiar las propuestas que se realicen.

Desde varios sectores del espacio opositor se señaló reiteradamente que con esta reforma se busca la impunidad, pero nadie supo explicar de qué manera ello podría ocurrir, porque claramente ello no es posible. La reforma debe ser seriamente discutida, siendo fundamental que la cuestión sea abordada sin preconceptos que impidan un análisis serio y profundo que obstaculice propuestas positivas desde los distintos sectores partidarios.

Es nuestra obligación como servidores públicos brindar las herramientas necesarias para cumplir con nuestra Constitución Nacional. Estoy convencida que esta reforma es una de ellas, por lo que tengo la esperanza que los representantes del pueblo de todos los sectores políticos harán lo necesario para su aprobación, con la que estoy segura nos acercaremos a los objetivos de afianzar la justicia y promover el bienestar general, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.