Causa Cuadernos: el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su preocupación por el pedido de un juez para identificar a una fuente periodística

La causa de los cuadernos sumó un nuevo capítulo a comienzos de este mes. Ocurrió cuando el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó buscar las grabaciones de distintas cámaras de seguridad de Vicente López en el marco de una causa que involucra a Cristina Kirchner y a un gran número de importantes empresarios, sospechados de abonar coimas al poder político.

La solicitud de Martínez De Giorgi se presentó el 3 de noviembre y ocasionó fuertes críticas de diversas entidades periodísticas, debido a que el requerimiento busca conocer quién es la fuente que le entregó al periodista de La Nación Diego Cabot los escritos para que éste los fotografiara previo a presentarlos en la Justicia y diera detalles de cómo habían llegado a sus manos seis de los ocho originales. En las últimas horas fue el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires quien también expresó su preocupación por la decisión del juez.

“El requerimiento judicial efectuado con el objetivo de identificar a la fuente de un periodista, en una investigación que puso a la luz un extenso entramado de corrupción, afecta aspectos esenciales de la libertad de expresión como lo es el derecho de los periodistas a preservar el secreto de sus fuentes de información. Cristina Kirchner quedó sobreseída en una de las causas que se le abrieron cuando comenzó la causa de los cuadernos. (...) Si bien se la incorpora con relación al habeas data, constituye el reconocimiento de una garantía al secreto de las fuentes periodísticas que limita a todos los órganos del Estado, entre ellos a jueces”, expresó la entidad porteña en un comunicado titulado “En defensa del secreto de las fuentes de información periodística”.

Allí expresaron: “El intento por investigar qué personas visitan o se comunican con un periodista es una forma de violar el secreto de las fuentes y la Constitución Nacional. De nada serviría ese secreto si se limitara tan solo a la persona del periodista, pero se permitiera a los jueces allanar y escrutar sus registros, bases de datos, comunicaciones, etcétera”.

Y continuaron: “El secreto de las fuentes de información es una garantía de la libertad de información de la sociedad, establecida en interés social. Al desconocerla, el Poder Judicial está privando a la sociedad de una de las herramientas más eficaces de las que dispone para permitir el conocimiento de hechos que, de otra manera, permanecerían bajo estricto secreto por parte de quienes se benefician del anonimato y la clandestinidad. Es indispensable que el Poder Judicial de la Nación se abstenga de adoptar medidas como la indicada, pues constituyen una violación a la Constitución Nacional, afectan el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público y, con sus efectos disuasorios para las futuras fuentes de información, son un obstáculo en la lucha de la sociedad contra la corrupción u otros delitos que sean objeto de investigación periodística”.

Según las fuentes, el Municipio de Vicente López ya respondió que no tenía los registros de las cámaras de seguridad que se solicitaron. En la misma resolución, De Giorgi rechazó un pedido para buscar huellas dactilares en los cuadernos.

“En relación al estudio pericial dactiloscópico solicitado por la parte querellante a los fines de determinar la existencia de huellas dactilares de los presuntos responsables del ocultamiento de los cuadernos citados en razón de la forma en la cual fueron aportados a la justicia la medida solicitada no se vislumbra conducente para la presente investigación por lo que no se hará lugar a su realización”, resolvió el juez.

Cristina Kirchner mantiene tres procesamientos ligados a la causa de los cuadernos: el de la causa principal, por las anotaciones de Oscar Centeno; el que habla de la cartelización de la obra pública; y el que alude a los subsidios ferroviarios. Se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero ilegal entre empresarios que hacían negocios con el Estado. El 24 de noviembre pasado, la Vicepresidenta fue sobreseída en uno de los expedientes en el que se investigaban subsidios entregados a empresas de colectivos.

Esas causas ya se encuentran elevadas ante el Tribunal Oral Federal 7, en donde presta funciones el juez Germán Castelli. Junto a Bruglia y Bertuzzi, Castelli fue protagonista de los reclamos que llegaron a la Corte Suprema por los jueces trasladados. Por el momento, todos continúan en los cargos a los que habían llegado en la gestión de Mauricio Macri.

El caso de los cuadernos comenzó a inicios de 2018. Cabot se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli para informarle que habían llegado a sus manos ocho cuadernos que había escrito un chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Según se supo después, estaban en poder de un amigo personal de Centeno que los tenía para cuidarlos, cuando el juez Claudio Bonadio ya había puesto la mira en Centeno por las denuncias de su ex mujer. Cabot fotografió los cuadernos y se los devolvió. Luego se presentó en la Justicia en el marco de la causa GNL, que tenía como imputado a Baratta. Esa causa, que estaba en manos de Stornelli y Bonadio, fue la llave para que esos funcionarios pudieran quedar al frente de lo que después se conoció como el caso cuadernos.

Los cuadernos originales nunca quedaron secuestrados en la causa. Cuando la policía fue a buscar a su casa, una vez que los allanamientos y detenciones ya se habían desatado en agosto de 2018, no los encontraron. Ahí Centeno dijo que creía haberlos destruido.

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