
La definición sobre la libertad de Amado Boudou sumó un nuevo capítulo. La defensa del ex vicepresidente volvió a pedirle este fin de semana al juez Daniel Obligado que mantenga el beneficio de la detención domiciliaria, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. El viernes a última hora, ese magistrado decidió correrle vista a los abogados de Boudou y de su socio, José María Nuñez Carmona, del pedido de los fiscales para que vuelvan a la cárcel y les dio un plazo de 24 horas.
Por ese motivo, durante el fin de semana, ambas defensas volvieron a presentar un escrito. En realidad se trata solo de una formalidad porque ya se habían expedido la semana pasada. En ese momento rechazaron los argumentos de los fiscales Guillermina García Padín y Marcelo Combo, quienes pidieron que Boudou y su socio vuelvan a la cárcel cuando la Corte Suprema dejó firmes todas las condenas en el caso Ciccone.
En ese primer escrito, los defensores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort hablaron del interés superior del niño, en relación a los mellizos de Boudou que tienen dos años. Y señalaron que Boudou colabora “activamente en el cuidado de sus hijos, habiendo establecido una franja horaria para sus entrevistas laborales y demás actividades educativas”, mientras “su esposa continúa trabajando como asesora en la Cámara de Diputados”.
Tras el fallo de la Corte Suprema que convalidó todas las condenas en el caso Ciccone, el kirchnerismo volvió a reforzar las acusaciones de “lawfare” contra la Justicia. Con una dura carta, la vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra el Máximo Tribunal y cada uno de sus integrantes. Horas después, Alberto Fernández dijo que “compartía mucho” las críticas de su vicepresidenta al funcionamiento judicial. En ese contexto, sectores afines al kirchnerismo marchan esta tarde exigiendo la libertad de un grupo de ex dirigentes a los que denominan “presos políticos”.
Mas allá de las presiones políticas, el futuro de Boudou se define en la Justicia. Ahora, tal como anticipó este medio, Obligado le correría vista a las querellas para que den su opinión. En el caso Ciccone habían sido la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, aunque este último ya renunció a ese rol.
En caso que la UIF siga ese mismo camino, el juez ya quedaría habilitado para decidir si Boudou tiene que volver a prisión a cumplir la condena a 5 años y 10 meses de prisión que se le dictó en 2018.

En abril, cuando le otorgó el beneficio, Obligado tuvo en cuenta la situación familiar del ex vicepresidente y la crisis sanitaria por la pandemia. “Hasta el momento, entonces, (Boudou) viene cumpliendo con las pautas procesales que se le han impuesto y también registra Conducta 10, Concepto 6 (lo cual surge del reciente Informe Socio Ambiental). En definitiva, en este caso considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia Covid 19, incrementa los riesgos personales del condenado Amado Boudou en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro, tornando el penitenciario en domiciliario”, dijo.
El ex vicepresidente está cumpliendo el arresto domiciliario desde ese momento. Comenzó en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa en Avellaneda.
La decisión de Obligado, cualquiera sea, seguramente termine en la Cámara de Casación, donde se definirá el futuro del ex vicepresidente.

En el caso de Núñez Carmona, Obligado le otorgó el beneficio en agosto, luego de dos intentos fallidos, con el argumento del ingreso del coronavirus en el pabellón donde estaba alojado, en la cárcel de Ezeiza. El juez tuvo en cuenta que es un paciente de riesgo.
Por ese motivo, la defensa de Nuñez Carmona, a cargo de Matías Molinero, volvió a insistir la semana pasada con ese argumento. “A la fecha ninguna de aquellas circunstancias ha variado; ni se ha superado la situación de pandemia ni mi asistido ha dejado de ser un paciente de riesgo frente al contagio de la enfermedad”, dijo el abogado.
El viernes pasado, el juez le corrió vista a la asesoría de menores de la Defensoría General para que remita un informe sobre la situación familiar de Amado Boudou. Es que uno de los argumentos para otorgarle la prisión domiciliaria en medio de la pandemia fue que su mujer, mexicana, estaba sola sin ayuda al cuidado de dos hijos menores, unos mellizos de dos años.
Según pudo saber este medio, ese organismo se pronunció a favor de mantener el beneficio. Horas después, Obligado le corrió vista a las defensas, que tuvieron que reiterar los mismos argumentos.
El juez no tendría apuros para decidir porque en dos semanas arranca la feria y el 31 de enero se vence la subrogancia que está ocupando en el Tribunal Oral Federal 4, por lo que otro juez deberá controlar el cumplimiento de la condena de Boudou y del resto de los implicados en el caso Ciccone.
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