
La CGT está en un dilema: se están por cumplir dos semanas desde que Alberto Fernández les prometió una pronta reunión para solucionar la crisis de las obras sociales, pero desde entonces nunca tuvieron noticias del encuentro. Este martes, nuevamente en medio de un clima de malestar, el consejo directivo cegetista analizará la situación: ¿volverán a endurecerse contra el Gobierno?
A algunos dirigentes no les faltan ganas de impulsar alguna protesta, pero todos saben no hay margen para avanzar con medidas de fuerza. Al menos por ahora. Todavía están pendientes otras promesas presidenciales, como la creación del Consejo Económico y Social mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, para compensar la demora en hacerlo a través de un proyecto de ley.
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Además, la CGT se fue de la Quinta de Olivos, el 1° de diciembre pasado, con el compromiso del jefe del Estado de que habrá algún tipo de continuidad a la ayuda económica por parte del Estado para sectores en crisis, en reemplazo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que desaparecen o serán reconvertidos.
El Presidente recibió a la CGT justamente luego de una agitada reunión cegetista, que tuvo lugar el 10 de noviembre y en la que hubo fuertes críticas contra el Gobierno por el recorte de la ayuda económica y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, entre otros reclamos.
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El consejo directivo de la central obrera volverá a reunirse este martes por la tarde con la expectativa de emitir señales claras para alertar al Gobierno sobre el malestar sindical. Ese mismo día, Alberto Fernández estará más ocupado en quedar bien con un enemigo de la CGT: está previsto que hable durante el cierre del congreso de la Federación de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

El moyanismo se ha convertido en un sector más comprometido que la CGT con la causa oficialista, sin queja alguna sobre el rumbo del Gobierno, pero sí muy preocupado por salvar algunos negocios que lo desvelan, como el destino de la empresa postal OCA.
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Incluso Hugo y Pablo Moyano están por brindar otro importante servicio al Frente de Todos con su inminente plan de lucha para desgastar a Horacio Rodríguez Larreta por la reducción de días laborales de los trabajadores de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, rubro que también sentirá el rigor de los ajustes presupuestarios que impuso la quita de fondos de coparticipación.
Los dirigentes de la CGT salieron de Olivos con pocos anuncios concretos, pero con la sensación de que por fin se abría un canal de diálogo para que sus dirigentes incidan en las medidas adoptadas por la Casa Rosada. En estas horas están sospechando que, una vez más, se equivocaron.
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El vínculo de la central obrera es permanente con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pero nunca consiguieron que su relación fuera fluida con el ministro de Salud, Ginés González García, de quien depende la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales. Curiosamente, el titular de Salud es un viejo amigo del titular de la Federación de Trabajadores de Sanidad, Carlos West Ocampo, jefe sindical del cotitular de la CGT, Héctor Daer. Aun así, los cortocircuitos entre la CGT y González García son permanentes desde que asumió el Gobierno.

Nadie en la central obrera se olvida de que, antes de asumir su cargo, el ministro de Salud se había comprometido a que la Superintendencia iba a quedar en manos de alguien propuesto por la CGT. El candidato cegetista era el médico David Aruachan, presidente de la obra social de UPCN, pero sorpresivamente González García designó en el puesto a Eugenio Zanarini, ex vicerrector de la Universidad Isalud (creada por el ministro de Salud). No hubo explicación sobre la promesa inclumplida, pero dicen que Cristina Kirchner objetó que la Superintendencia fuera para la CGT.
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La relación del sindicalismo con el ministro de Salud quedó deteriorada, hasta tal punto que la CGT pidió oficialmente su primera audiencia con Ginés González García en enero pasado y recién se la concedieron en marzo, cuando el coronavirus ya se había declarado oficialmente como pandemia.
En uno de los primeros encuentros, la CGT le pidió una ayuda financiera adicional para las obras sociales con el fin de compensar la caída de la recaudación: se concretó desde abril, pero el auxilio provino del Fondo de Emergencia y Asistencia, sostenido con aportes de los trabajadores. La central obrera había pedido que la asistencia saliera del Tesoro Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. El ministro les dijo que sí, aunque finalmente la fórmula elegida por el Gobierno fue distinta. “A este ritmo de desembolsos, el Fondo de Emergencia se quedará sin plata, pero esa plata proviene del aporte de los trabajadores, no es del Gobierno”, advirtieron los sindicalistas.
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Con una inédita crisis financiera que se agrava al ritmo de un déficit mensual de $1.500 millones, las obras sociales se convirtieron en la gran preocupación de los sindicalistas. Más allá de la ayuda adicional, la CGT no logró que el titular de Salud trabajara junto con sus dirigentes en un proyecto de ley complementaria para corregir algunas distorsiones en el sistema de salud que contribuyen al desfinanciamiento del sistema sindical de salud. El propio Presidente lo avaló cuando recibió a la central obrera en septiembre y le dijo: “Es necesario reformular todo el sistema de obras sociales”.
Nunca más se habló de esa ley complementaria. Y ahora la CGT teme que se diluya la promesa de Alberto Fernández de mantener una reunión para resolver la crisis de las obras sociales. En el encuentro de la Quinta de Olivos, el 1° de diciembre, fue el primer mandatario el que lo propuso cuando el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, exponía la situación de las obras sociales. “Ya conozco el tema. Hagamos algo expeditivo: ¿por qué no nos juntamos la semana próxima con Ginés (González García) y vemos cómo avanzar?”, planteó el Presidente.
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El martes se cumplirán dos semanas sin novedades sobre ese encuentro. El silencio oficial no sólo inquieta a la CGT porque requieren soluciones urgentes ante un sistema de obras sociales que “está quebrado”, como alertan algunos dirigentes. También preocupa porque Alberto Fernández mantiene la misma relación espasmódica con la central obrera desde el 10 de diciembre. Antes de asumir le había prometido que “iban a ser parte del Gobierno”. Hoy, la CGT sigue rogando que la escuchen. Y si es posible, que desde la Casa Rosada cumplan algunas módicas promesas.
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