Rodríguez Larreta apuesta todo a un fallo favorable de la Corte para frenar la sangría de fondos que le generó el Gobierno

El Gobierno nacional tiene el camino despejado para aprobar el próximo jueves el recorte a los fondos que recibe la ciudad de Buenos Aires. Desde la Jefatura de Gobierno porteño reconocen que ya no quedan canales de diálogo abiertos y no tienen ninguna esperanza de poder incluir nuevos cambios en la ley. De ahora en más solo les queda apostar todas sus fichas al frente judicial.

De hecho, ya tienen casi terminada la denuncia por inconstitucionalidad que presentarán al día siguiente de la sanción de la norma, probablemente el viernes. Al igual que hicieron cuando Alberto Fernández hizo el primer recorte de fondos por decreto en septiembre, la demanda irá acompañada de una medida cautelar para frenar inmediatamente la sangría de fondos. Todas las presentaciones seguirán su curso en forma simultánea.

El Gobierno porteño se muestra confiado en la solidez de su postura. Aseguran que la jurisprudencia sentada por los casos de Córdoba y San Luis les resultan favorables. No obstante, calculan que una resolución de fondo podría demorar cuatro o cinco años, por eso resulta vital que una medida cautelar le ponga un freno a la quita en forma provisoria, especialmente si se tienen en cuenta las elecciones de 2021 y 2023.

Durante la sesión en Diputados, el Frente de Todos tuvo que aceptar algunos cambios en su proyecto para conseguir los votos que le faltaban. La modificación principal establece que la suma de fondos que se fijará para que Nación le transfiera a Ciudad deberá ser consensuada entre el Gobierno Nacional y la Jefatura porteña en un plazo de 60 días.

En la sede de Uspallata denuncian que se trata de un “falso diálogo” ya que en caso de no haber acuerdo, deberá intervenir la Comisión Federal de Impuestos, compuesta por representantes de todas las provincias, 19 de las cuales “ya se expresaron en contra de la Ciudad”.

La relación entre el Presidente y Horacio Rodríguez Larreta atraviesa su momento de mayor tensión. Ayer, el alcalde de Juntos por el Cambio se negó a firmar el Consenso Fiscal 2020. Sin embargo, el oficialismo logró contar con la presencia de 21 gobernadores y tomó como un triunfo haber dejado aislado al jefe de Gobierno.

Rodríguez Larreta sabe que muchas provincias no tuvieron alternativa debido a la dependencia de recursos que tienen de la Nación. Por eso no confrontará con los gobernadores.

Los argumentos de la Ciudad se basan en la estabilidad de los actos de gobierno. En ese sentido, señalan que el Estado “es el mismo” más allá del partido que ocupe el gobierno, y que los acuerdos alcanzados durante la gestión de Macri fueron legítimos. “Si hoy logramos ponernos de acuerdo con Alberto Fernández, mañana no puede venir otro gobierno y decir que le parece mal. No es serio”, protestan en la sede de Uspallata.

No obstante, reconocen que los actos son “revisables”, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. “En todo caso, si el Gobierno nacional piensa que hubo algún tipo de defraudación, debería hacer una denuncia judicial”, explican.

Hasta la semana pasada, el larretismo confiaba en que todas “señales” indicaban que la Corte Suprema venía siguiendo el tema y tenía vocación de resolver el reclamo en el corto plazo. Sin embargo, reconocen que el hecho de que ahora haya una ley de por medio “no suma”.

Al mismo tiempo, ya comenzaron a diseñar una estrategia para compensar la quita de fondos, que representaría más de $60 mil millones en total. Además de no firmar el Consenso Fiscal 2020, estudian la posibilidad de salir del Consenso que sí firmaron en 2017. Este último, que quedó suspendido y ahora será reemplazado por el nuevo acuerdo, obligaba a la administración porteña a bajar el impuesto de Ingresos Brutos y Sellos. “Así dejaríamos de tener ciertas obligaciones y compromisos”, explicó a Infobae uno de los hombres de confianza de Rodríguez Larreta. El problema es que aumentar impuestos en un año electoral no parece una medida recomendable.

En caso de que se concrete la quita, el camino a seguir ya está definido: no se harán más obras de infraestructura. Cerca del 70% del recorte presupuestario será en obras. A modo de ejemplo, revelaron que pasarán de construir 54 escuelas el año pasado a 0 en los próximos dos. Sólo se mantendrán intactos los presupuestos de Salud, Seguridad, Educación y Mantenimiento de infraestructura. Todo el resto sufrirá podas.

A pesar de todo, el jefe de Gobierno no planea seguir escalando el conflicto con el Gobierno nacional más de lo necesario y continuará con su política de diálogo siempre que sea posible. “Siempre hay margen para trabajar en conjunto, pero una cosa es dialogar y otra cosa es no tener firmeza”, aclararon.

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