
En medio de las críticas del oficialismo a la Justicia, a raíz de la confirmación del máximo tribunal de la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone, el presidente Alberto Fernández decidió convocar para este jueves a la comisión de juristas que elaboraron una serie de sugerencias para reformar la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Cumplirá ese día un año de mandato, cuando prometió en el Congreso un “nunca más” a los operadores judiciales, los procedimientos oscuros y “linchamientos mediáticos”.
Será un jueves caliente. Mientras el Congreso debata en el recinto la ley del aborto, el jefe de Estado citó a las 15 de la mañana a los once jueces, académicos y abogados para que le expliquen las propuestas que elaboraron cuando él los convocó, el día que anunció su proyecto de reforma judicial. Todavía no estaba establecido, pero la reunión sería en la Casa Rosada, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.
En ese momento se le hará entrega formal del trabajo que los consejeros terminaron el 18 de noviembre pasado, en donde recomendaron la creación de un tribunal filtro de la Corte Suprema, acortar los plazos de mandato del jefe de los fiscales y elegirlo por una mayoría más aliviada en el Senado y una reestructuración en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y controla a los jueces. Estas fueron sólo algunas de las sugerencias que le plantearon junto a otras sobre cómo debe implementarse el juicio por jurados a nivel nacional y traspasar la órbita de la justicia penal nacional al fuero porteño. Aunque hubo algunos consejeros que quisieron incluirlo, la comisión decidió no hablar sobre la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema, una de las sospechas que planteó la oposición cuando se creó este consejo.
Allí estará presente Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, pero también el resto de los integrantes del consejo consultivo: León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo.

Como la vez pasada, cuando se anunció la creación de este consejo, Bacigalupo seguirá la reunión por zoom, indicaron las fuentes consultadas por Infobae. Igual que como se hicieron las discusiones durante tres meses. Será la primera vez en que los integrantes de la comisión vuelvan a reunirse, oficialmente, desde el 29 de julio en la Casa Rosada, cuando Elena Highton de Nolasco se acercó en soledad, como única integrante de la Corte Suprema, a participar del acto oficial.
Precisamente, la Corte Suprema fue la gran ausente en el debate que dio la comisión. El resto de los organismos a ser “modificados” desfilaron con sus representantes, junto a especialistas que dieron su opinión de cara a los propuestas que se estaban debatiendo. Pero el ruido político en el Gobierno y la Corte Suprema por la polémica de los traslados de los jueces terminó dinamitando el envío de las invitaciones que el oficialismo demoró, en vano, hasta último momento.
Fue cuando la Corte Suprema decidió aceptar el per saltum que habían solicitado los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli frente a la resolución del Consejo de la Magistratura, a pedido del representante del Ejecutivo, de disponer la revisión de sus traslados, firmados en el gobierno de Mauricio Macri. El Senado activó las citaciones y decidió desplazarlos de esos cargos cuando no se presentaron a la audiencia pública, cuando sus casos ya estaban judicializados.
Pero la Corte Suprema decidió anular la decisión de la Magistratura y volar por los aires todo el mecanismo de traslados: dijo que la única manera de considerar a un juez en un cargo era si había ganado un concurso en la Magistratura, elegidos por el presidente y votados en el Senado. Y dispuso que Bruglia y Bertuzzi continuarán en la Cámara Federal mientras el Congreso abría un concurso en donde ellos pudieran participar.

Ahora, la decisión de Alberto Fernández de convocar el jueves próximo a los integrantes del consejo consultivo se da en el marco de otra polémica con la Corte. El jueves, el máximo tribunal confirmó la condena a cinco años y diez meses de prisión de Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo (cobrar coimas) por el escándalo “Ciccone”.
La causa comenzó en 2012, cuando Boudou ocupaba el cargo que hoy ostenta Cristina Kirchner. La Corte Suprema dejó firme la condena con el famoso “280”, un recurso que le permite al máximo tribunal rechazar un planteo sin argumentos; precisamente, uno de los focos que Alberto Fernández critica y que la comisión de juristas puso en la mira.
En prisión domiciliaria desde abril pasado, la reacción de Boudou fue asegurar que su condena es en realidad la de CFK y cuestionar al Gobierno. “Ningún mamarracho jurídico sobre Cristina se solucionó”, dijo y afirmó que “si termina dándose lo que sale en los diarios”, frente a las versiones de su fallo, “uno lo podría haber venido venir cuando vimos el resultado de la comisión de juristas” que tuvo “un resultado muy lavado” y “no toca los temas centrales del lawfare”. “Pegado a esto vimos que había pendiente una resolución del tema cuadernos. Y el resultado del tema cuadernos fue el peor, porque convalidaron todo lo que venía pasando. Entonces se van convalidando las acciones por falta de acción del otro lado”, agregó en alusión al Gobierno.
Mientras el kirchnerismo criticaba el fallo y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se sumaba horas después a disparar contra la Corte, se conocía la noticia de la citación del jefe de Estado a los integrantes del Consejo Consultivo. Alberto Fernández escuchará las propuestas que elaboraron los juristas que él seleccionó. Ya había dicho en una entrevista que quería hablar con ellos para que le contaran el trabajo que habían hecho. Luego, será su decisión ver cómo convierte en proyectos de ley alguna de las sugerencias que le elevaron.
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