El Gobierno también defendió a Boudou y apuntó contra la Corte Suprema

El gobierno nacional se sumó este viernes a las muestras de rechazo al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por los negociados realizados con la ex imprenta de papeles de seguridad Ciccone.

El encargado de hablar del tema fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Alberto Fernández. Mientras participaba de un acto durante el cual los gobernadores firmaron un acuerdo fiscal con la Nación, su usuario de Twitter posteó dos mensajes sobre el tema; curiosidades de la era de las redes sociales.

“Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debería hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”, introdujo el jefe de ministros.

Y agregó: “Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar”.

Esta mañana, quienes plantearon críticas al máximo tribunal fueron el gobernador Axel Kicillof y su ministro el camporista Andrés “Cuervo” Larroque. Ambos coincidieron en encuadrar la decisión judicial en el “lawfare” del que alegan que son víctimas otros ex funcionarios que pasaron por los gobiernos de Cristina Kirchner. Sus objeciones parecieron incluir además un mensaje oculto para el gobierno nacional.

El Frente de Todos publicó un mensaje en el que expresó su “preocupación” ante una resolución que afecta al “sistema democrático, vulnerarando derechos y garantías constitucionales”.

“Este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y lxs más vulnerabilizadxs”, continuaron.

“La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas. Con lawfare no hay democracia”, concluyeron.

La Corte Suprema rechazó este jueves todos los recursos presentados en el caso Ciccone y de esa manera dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente Amado Boudou que había dictado un tribunal oral en 2018. Por ese escándalo también habían sido condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri.

Su amigo y socio José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión y el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. El tribunal también condenó al arrepentido Alejandro Vandenbroele a 2 años de cárcel, a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses. Los dos últimos fueron condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Las condenas fueron confirmadas el año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación, por lo que las defensas fueron en queja ante la Corte Suprema. Además de la maniobra para “rescatar” a Ciccone Calcográfica, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo dieron por probado que el grupo liderado por Boudou manipuló en provecho personal al menos tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Rechazados todos los recursos, Boudou ya no es más inocente por el caso Ciccone. El expediente ahora pasará al juez de ejecución Daniel Obligado, el mismo que en abril les otorgó la domiciliaria al ex vicepresidente y a su socio. En el entorno de Boudou sostienen que las circunstancias “no se modificaron”, por lo que debería seguir cumpliendo la pena en su domicilio.

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.

En abril pasado, el juez Daniel Obligado le otorgó la prisión domiciliaria en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió ese magistrado.