
La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy el fallo de la Cámara Federal que había dispuesto que se investigue en la justicia federal de Lomas de Zamora el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes opositores que estaban detenidos en la cárcel de Ezeiza y por lo que están imputados los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La decisión fue tomada por mayoría por los integrantes de la Sala IV de Casación el mismo día que en Lomas de Zamora comenzaron las indagatorias por el espionaje. Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo anularon el fallo de la Cámara Federal y le ordenaron dictar un nuevo fallo para determinar si la causa continúa su trámite en Lomas de Zamora -a cargo del juez Juan Pablo Augé- o si se remite a los tribunales de Comodoro Py. En disidencia, el magistrado Gustavo Hornos dijo que el planteo ante Casación era inadmisible y debía rechazarse.
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Todo versa sobre la causa de espionaje ilegal que nació en Lomas de Zamora. Allí la investigación se divide en tres partes: la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria, en donde Arribas y Majdalani fueron procesados; el espionaje ilegal a dirigentes opositores al macrismo, como Cristina Kirchner y Hugo Moyano, y oficialistas como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, en donde ya se concretaron indagatorias que incluyeron al secretario de Mauricio Macri Darío Nieto; y una tercera parte sobre el capitulo de los llamados presos K.

A Comodoro Py fueron llegando distintos requerimientos para que el caso pasara al fuero de Retiro. Tras la negativa de la jueza María Capuchetti, el juez de la Sala I Mariano Llorens ya dijo que el caso Instituto Patria primero, y el caso del espionaje a políticos debían tramitarse en Comodoro Py. En Lomas de Zamora se opusieron y el caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí hubo un planteo de recusación contra la jueza Ana María Figueroa .
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Pero Llorens también dijo que el capítulo de las cárceles debía seguir investigándose en Lomas de Zamora. “No alcanza a los hechos identificados en aquella pesquisa como legajo nueve, vinculados con tareas de espionaje que habría realizado, en principio, dentro del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, ya que de momento no se advierte una conexión entre esas acciones y las aquí analizadas”, había dicho Llorens. A su criterio, restaba “profundizar si ello se desarrolló de manera independiente, o bien, si existió un vínculo con la organización aludida en esta resolución”.
Frente a eso, la defensa de Dario Nieto y de Juan De Stefano, ex funcionario de Jurídicos de la AFI apelaron. El fiscal Raúl Pleé acompañó con su dictamen. Ahora, la Sala IV de Casación intervino y hoy revocó esa parte del fallo. Puntualmente las defensas habían argumentado que la radicación de la causa en Lomas de Zamora afectaba la garantía del juez natural.
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Por mayoría, según se informó, Borinsky y Carbajo anularon parcialmente el fallo recurrido en cuanto ordenaba que solo una parte de la causa conocida como “Legajo 9” (supuestas tareas de espionaje que se habrían realizado dentro del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza). De esa manera, la Sala IV de la C.F.C.P. ordenó el reenvío del incidente de competencia -iniciado por vía de inhibitoria- a la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que, previa sustanciación, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y a las constancias actualizadas de la causa.
En disidencia, el juez Hornos consideró que el recurso de casación interpuesto era inadmisible. Hizo hincapié en que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal establecen que las cuestiones de competencia no resultaban recurribles por la vía de casación, salvo denegatoria del fuero federal; lo que no ocurre en el caso en donde se discute la competencia entre la justicia federal de la Capital y la de Lomas de Zamora. El juez destacó que debe ampararse la garantía de juez natural pero que su vulneración no fue acreditada en este caso.
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Hoy, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé comenzó una ronda de 25 indagatorias que incluían a Arribas, Majdalani y Emiliano Blanco, ex responsable del Servicio Penitenciario Federal durante la gestión de Macri, que finalizarán en diciembre.
Ayer, en tanto, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, en su rol de querellantes en el caso como abogados de Amado Boudou y Roberto Baratta, solicitaron que se llamara a indagatoria a la ex diputada Elisa Carrió, por la denuncia que abrió el capítulo “Operativo Puff” en la Justicia, las escuchas a presos K que se dieron a la luz cuando nacía la causa D’Alessio en el fuero de Dolores y se denunciaba un complot con la causa de los cuadernos.
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