Espionaje ilegal: la justicia de Lomas de Zamora se negó a mandar la causa a Comodoro Py y avanza con las indagatorias

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé se negó hoy ceder la investigación por espionaje ilegal durante el macrismo a Comodoro Py 2002, como había dispuesto la Cámara Federal porteña. La vicepresidenta Cristina Kirchner, en su rol de querellante, se oponía. El ex jefe de la AFI Gustavo Arribas había solicitado el traslado porque en los hechos se analiza una asociación ilícita.

“Las maniobras de espionaje ilegal desarrolladas en contra de Cristina Fernández de Kirchner -investigadas en este proceso- no se despliegan en soledad, sino forman parte de un modus operandi sistemático desplegado desde la AFI contra opositores políticos del anterior gobierno”, sostuvo la presentación a la que accedió Infobae cuando la consultaron a la ex Presidenta sobre la posibilidad de que el expediente pasara a los tribunales de Retiro.

Ahora, en una resolución de doce páginas, el juez rechazó el pedido de inhibitoria que le había formulado Arribas y había acompañado la defensa de Silvia Majdalani, la ex número 8 de la AFI en la gestión Cambiemos. Alli afirmó que no se podía dividir la causa. “Desmembrar esta pesquisa de esa forma en violatorio de los derechos de defensa en juicio de los imputados, como así la afectación de los querellantes para el ejercicio de sus derecho”, sostuvo.

Pero además el magistrado dejó en claro cuál es el avance de su expediente, con procesamientos y más de una veintena de indagatorias en marcha. A su criterio, derivarla a a Comodoro Py provocaría “el dispendio jurisdiccional y retraso en la administración de justicia, otro baremo de importancia como para que la causa continúe radicada en esta jurisdicción”.

El fallo fue elevado a la Cámara Federal de La Plata. Ese tribunal tiene dos opciones: si entiende que hay que hacer lugar al pedido de inhibitoria, revoca la decisión de Auge y lo manda a Comodoro Py. Lo más probable, sin embargo, es la segunda opción: que apoye el criterio de Augé. Así las cosas, la definición sobre dónde y cómo debe seguir el caso la definirá la Cámara Federal de Casasción Penal.

Ahora, el juez avanza con las indagatorias de una veintena de espías, los ex jefes de la ex AFI, la ex funcionaria Susana Martinengo y el secretario privado de Mauricio Macri, Dario Nieto. Precisamente, el fallo se firmó indagaban a Leandro Araque, un ex integrante de la AFI macrista y pieza central en esta investigación. En un teléfono suyo secuestrado en otra causa se encontró gran parte del material que se compartía en el grupo “Supermariobross” y en donde los ex intetegrantes de la AFI compartían las pruebas de los seguimientos a CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Hugo Moyano, Nicolás Massot, María Eugenia Vidal o la hermana de Mauricio Macri.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Araque, por zoom, se negó a contestar preguntas, habló de irregularidades en el secuestro de las pruebas y aseguró que se trata de una “causa armada”. El viernes también se había negado a declarar Facundo Melo. Las indagatorias de Niego, Majdalani y Arribas están previstas para el 6, 8 y 9 de octubre respectivamente.

La causa de Lomas de Zamora consta de tres patas: el espionaje político a afines y opositores, descubiertos a través de la pista dada por el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez; el espionaje a presos kirchneristas; y las vigilancias a Cristina Kirchner en el Instituto Patria.

El juez Augé aseguró la causa no se puede dividir, que “el epicentro de la maniobra” del Instituto Patria tuvo lugar en una causa radicada en Lomas de Zamora y por eso “fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad”. Pero además rechazó que todo hubiese ocurrido dentro de la órbita de la Capital Federal, como había planteado la defensa de Arribas y respaldado Silvia Majdalani. “Paradigmático en este sentido resulta el despliegue de tareas que pueda haberse realizado sobre la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pues probablemente las acciones de inteligencia a su respecto nunca hayan tenido lugar en el ámbito de CABA”.

Por el capítulo del Instituto Patria, hubo una causa en Comodoro Py en 2018 cuando el auto de la AFI fue detectado frente al edificio, pero Arribas y Majdalani fueron sobreseídos porque dijeron que todo estaba justificado en un expediente abierto en Lomas de Zamora, en manos del juez Federico Villena, que intentaba evitar atentados terroristas por la cumbre del G-20. La actual titular de la AFI Cristina Caamaño aseguró que en realidad los seguimientos existieron y que se buscó darle cobertura legal cuando los agentes fueron descubiertos.

Con eso, Arribas, Majdalani, el ex jefe de Operaciones Alan Ruiz y el ex titular de Contrainteligencia Martín Coste -quien confesó las maniobras- fueron llamados a indagatoria y procesados por “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” y falsedad ideológica de documentos públicos.

Majdalani pidió que la causa volviera a manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi que la había sobreseído, pero le dijeron que no porque la causa ya estaba cerrada. Arribas, entonces, pidió por sorteo que Comodoro Py reclamara el caso. El fiscal Carlos Stornelli lo acompañó, la jueza María Capuchetti lo rechazó pero, por apelación, el juez Mariano Llorens de la Cámara Federal ordenó que el expediente se reclamara para sustanciarlo en Py.

Ahora, contestó el juez de Lomas de Zamora a ese pedido. Luego de escuchar a las partes, les dijo que no. La fiscal Cecilina Incardona rechazó la posilibidad de desmembrar la causa “ni determinar un lugar de comisión analizando un solo segmento de los hechos, cuando existe aquí una organización delictiva”. Afirmó que los hechos investigados no solo ocurrieron en CABA sino también “distintos territorios y que surtió efectos en múltiples lugares: Lomas de Zamora, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Complejo Penitenciario de Ezeiza, en el de Marcos Paz, en la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero en la Plata, en Villa Martelli, sede de la Dirección de Contrainteligencia de AFI, y en cada domicilio y/o lugares de seguimiento de las víctimas, y que incluyeron, la ciudades de la Matanza, Avellaneda, San Isidro, Lomas de Zamora, La Plata, entre otros”.

Entre los que se oponía estaba Cristina Kirchner. En la presentación a la que accedió Infobae, su abogado Carlos Beraldi aseguró que “estamos en presencia de un proceso judicial inédito, en el que se evalúan hechos sumamente graves, que no registran antecedentes similares en tiempos democráticos”.

“La gravedad institucional del caso impone que se lleve a cabo una profunda y objetiva investigación judicial, a efectos de individualizar a todos los responsables de estas maniobras delictivas -que socavan los cimientos básicos de un Estado de Derecho- y establecer las responsabilidades penales del caso. Por ello, resulta indispensable que el Juez y los Fiscales a cargo de la causa puedan seguir avanzando con la tarea que vienen desarrollando, evitando cualquier dilación improcedente que pueda comprometer el esclarecimiento de los hecho”.