En su intento por pacificar la escalada de violencia en la Patagonia por la toma de tierras y ataques a la propiedad privada de parte de grupos mapuches, el Gobierno avanzó en la Mesa de Diálogo que, entre otras cosas, acordó un refuerzo de la seguridad en las zonas de conflicto y sumar especialistas para escuchar otras opiniones pero no convocó a los vecinos afectados por la violencia en la zona de Villa Mascardi o El Bolsón.
Desde el Ministerio de Seguridad que lidera Sabina Frederic dijeron a Infobae que en esta reunión nunca estuvo prevista la presencia de vecinos de Villa Mascardi ya que la Mesa de Diálogo es más amplia y para abordar otros conflictos del Sur.
En esta Mesa de Diálogo el Gobierno participó en las negociaciones con referentes de los ministros de Justicia, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabina Frederic; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié y el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma. También estuvo la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, referentes del Parlamento mapuche y funcionarios judiciales. La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Ordarda, que fue señalada por la gobernadora como una de las alentadoras de los mapuches, tampoco estuvo en la reunión que se hizo en Viedma.
Los voceros de Frederic explicaron que se acordó reforzar la zona de Villa Mascardi con cámaras de seguridad, se pasó revista al operativo de 100 gendarmes que hay en el lugar y se avanzó en la idea de incorporar técnicos de distintas áreas a la mesa para analizar el conflicto que se arrastra desde el 2017.
Sin embargo, extrañamente no fueron convocados a esta reunión las partes centrales del conflicto: los vecinos de Villa Mascardi y Bariloche o los grupos mapuches que fueron denunciados por los ataques y la toma de tierras.
Por su parte, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, se mostró sorprendido porque el Gobierno no los convocó a la mesa de diálogo. “Seguimos incorporando comensales a la 'mesaza’ de manera de hacerla bien engorrosa e irresolutiva. Es que los vecinos que somos los principales perjudicados por el accionar de este grupo de encapuchados terroristas, anarquistas y subversivos seguimos observando con muchísima paciencia cómo siguen jugando con nosotros”.
Frutos añadió que nadie explica de parte del Gobierno quiénes y cómo van a pagar los daños realizados a las propiedades de Villa Mascardi. Lo mismo se cuestionó Julián Ferré, que es administrador del Campo Educativo Ruca Lauquen que el año pasado fue incendiado. “Nadie entiende por qué no fuimos convocados al diálogo”, dijo Ferré a Infobae.
En rigor, la Mesa de Diálogo se conformó hace un mes cuando la gobernadora Carreras se reunió con el presidente Alberto Fernández para plantear sus quejas por la falta de respuestas del gobierno nacional ante el conflicto de Villa Mascardi por parte del Ministerio de Seguridad. Allí fue cuando el jefe de Estado acordó armar la mesa de negociaciones con todas las partes y sumó a la ministra de Justicia para coordinar esta tarea.
El conflicto en la Patagonia se potenció en las últimas semanas. A la toma de tierras en Villa Mascardi y en El Bolsón se le sumó hace seis días el ataque a una Iglesia. Un grupo identificado con una agrupación mapuche ingresó el viernes pasado a la parroquia Nuestra Señora de Luján, en El Bolsón, golpearon al sacerdote, tomaron de rehén a otro miembro de la congregación y finalmente huyeron. Hasta ahora cinco sospechoso fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 12°.
Este hecho de violencia surgió en la reunión de la mesa de diálogo. También la gobernadora Carreras reiteró su deseo de que los funcionarios nacionales no alienten a los grupos que toman tierras. Se refería directamente a los referentes del INAI a nivel nacional que durante los últimos meses vienen sustentando económicamente a los ocupantes de Villa Mascardi.
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