La decisión de la Corte sobre los jueces apuntados por CFK devuelve el tema a la política y complica al oficialismo

La decisión de la Corte Suprema sobre los camaristas apuntados por el Gobierno -con especial impulso de Cristina Fernández de Kirchner- exhibe algunas contradicciones con el propio historial del más alto escalón de la Justicia pero en términos políticos el mensaje es bastante directo. Después de semanas muy densas, refracta la tensión sobre el ámbito de la política en general. Y supone un difícil tránsito para el oficialismo, porque debería alinear a toda su tropa –no es lo que está ocurriendo con la elección del jefe de los fiscales- y enfrentar la “capacidad de bloqueo” de la oposición por las exigencias de mayorías especiales para coronar nuevos jueces.

Es curioso el punto la coincidencia con el otro gran tema de disputa actual: la ofensiva con marca de CFK para condicionar la definición del procurador General de la Nación, cargo para el que Alberto Fernández hace rato postuló al juez Daniel Rafecas. Esa designación demanda una mayoría especial de dos tercios en el Senado, pero la ex presidente ya dijo a través de sus voceros que no buscará puente alguno con Juntos por el Cambio para alcanzar un número de votos que el oficialismo no tiene. En cambio, al menos como mensaje, avanza con la idea de reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y cambiar las reglas.

La principal señal de la Corte, con arrastre de sus propios problemas internos –desnudados otra vez por el voto en soledad de su titular, Carlos Rosenkrantz-, fue jugar en medio de la fuerte tensión provocada por un tema especialmente sensible y reponerle a la política la tarea de decidir el desenlace. Toda una tradición, no estrictamente jurídica.

La Corte desairó de hecho la movida oficialista para desplazar a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados durante la gestión macrista. Se supone que mañana haría lo mismo con el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal número 7. Los tres se vinculan con causas sobre corrupción en las anteriores gestiones kirchneristas. El desplazamiento fue una estrategia oficialista que arrancó en el Consejo de la Magistratura, siguió en el Senado y fue coronada por Alberto Fernández con un rápido decreto.

En la misma decisión, la Corte colocó en el Congreso la responsabilidad de reglamentar la cuestión de los traslados, que en este caso específico consideró de hecho como provisorios. En la práctica, resolvió además que la reposición de Bruglia y Bertuzzi –y seguramente de Castelli- tiene fecha de vencimiento. Pero esa fecha –con un grado de incertidumbre para los propios magistrados- no parece cuestión sencilla y depende de los pasos para designar nuevos jueces. Es decir, el trámite de selección y designación, de acuerdo con la reforma de la Constitución de 1994.

Ese proceso tiene un primer desafío en el Consejo de la Magistratura. Los escalones podrían sintetizarse en concurso, orden de mérito, audiencia pública y propuesta de una terna. Los jueces desplazados y ahora repuestos hasta que esto se defina, pueden participar aunque nada indica que pasarían el filtro. Eso es lo que los más críticos de la resolución de la Corte calificaban como un boleto de salida. De todos modos, nada indica tampoco que el trámite esté asegurado para el oficialismo y en particular para el kirchnerismo, con la mira puesta en la composición de las Cámaras federales porteñas.

El Consejo de la Magistratura consagra la propuesta de posibles jueces con dos tercios de los votos de sus miembros presentes. Es algo que con asistencia más o menos perfecta, el oficialismo no podría asegurar por sí solo. El trámite en el Senado es similar en exigencias. No asoma fácil.

La lectura política indica que la oposición mantendría capacidad para frenar el trámite o, en algunos casos y como ha ocurrido en otras épocas, para negociar. Por supuesto, el oficialismo debería considerar ese horizonte como parte del juego político, además de unificar posiciones internas. Como se ha dicho, no es lo que expresa hoy el caso de la postulación presidencial de Rafecas para la jefatura de los fiscales.

El otro punto que no pasó inadvertido en la decisión de la Corte fue el aval a las decisiones tomadas por los jueces cuestionados y repuestos en sus cargos, y también las que tomen hasta que sean designados los nuevos magistrados en esos cargos. Es un dato significativo. Bruglia y Bertuzzi ratificaron como camaristas decisiones del extinto Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de la corrupción durante el kirchnerismo. Y Castelli integra el tribunal oral a cargo de ese caso.

La ofensiva contra los dos camaristas exponía una señal global a la Justicia y una especulación concreta: si era convalidada la acusación de traslados irregulares, el paso posterior podría ser una serie de reclamos de nulidades por parte de los abogados de la ex presidente. Esa puerta quedaría cerrada, pero la historia no termina allí y de hecho, está abierta otra vía por el camino de la Casación. De todos modos, el capítulo escrito ayer por la Corte coloca la definición en el árido terreno de la política.