En el Gobierno creen que el fallo de la Corte Suprema es razonable y que se ajusta a derecho

“Razonable”, “ajustado a derecho” y “acorde al funcionamiento de las instituciones”. En torno a estos ejes de análisis el Gobierno evaluó el fallo de la Corte Suprema de Justicia donde se dispuso que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi continúen en los cargos a los cuales fueron trasladados por la administración de Mauricio Macri hasta que se realicen nuevos concursos para definir jueces naturales para esos tribunales que habían quedado vacantes.

Desde una lectura estrictamente política, el kirchnerismo puro cree que la decisión judicial favorecería en un futuro a Cristina Kirchner ya que no bien se conforme el concurso desde el Consejo de la Magistratura esos magistrados que investigaban causas de corrupción ligadas a la vicepresidenta podrían dejar sus cargos y ello implicaría un alivio. Es que Bruglia y Bertuzzi estaban en la mira del kirchnerismo cuando ratificaron el procesamiento de la ex presidenta en el marco de una eventual “asociación ilícita” en la causa de los cuadernos de las coimas.

Pero en la Casa Rosada se mostraron herméticos al evaluar los alcances del fallo de la Corte desde el impacto judicial en Cristina Kirchner. Aunque varios funcionarios ensayaron ante Infobae algunas respuestas posibles de lectura política: creen que para la visión del “corto plazo” el fallo del máximo tribunal podría favorecer a la vicepresidenta aunque para el mediano y largo plazo “sirve para demostrar que las instituciones funcionan”.

Es en esta misma línea de análisis se mostró el presidente Alberto Fernández durante un acto en Avellaneda donde destacó de manera tajante: “No quiero creer que no es posible vivir en un Estado de derecho, ni que los pícaros nos ganen y los sinvergüenzas se salgan con la suya”.

A la vez, el jefe de Estado avanzó un paso más y antes de que se conociera el fallo afirmó: "Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia federal”. Y dejó en claro que su gobierno “no busca que ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene, sino que busca jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables”.

Alberto Fernández pronunció estas palabras poco antes de que se conociera el fallo de la Corte durante la ampliación de un edificio del Poder Judicial en Avellaneda rodeado del gobernador Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Daniel Soria, entre otros.

Algunos de estos funcionarios escucharon las palabras del jefe de Estado y más tarde evaluaron el fallo de la Corte como “razonable y justo”.

La ministra de Justicia se mantuvo hermética ante el fallo judicial y sus allegados dijeron que no va a emitir opinión para no interferir en la decisión de la Corte. En rigor, Losardo, al igual que buena parte del Gobierno, está convencida de que el traslado de los jueces que se había dispuesto por decreto era ilegítimo.

A la vez, en la Casa Rosada evaluaban esta tarde que hubieran preferido que la Corte fijara un plazo determinado para la realización del concurso y designación de los nuevos jueces. Aunque también entendieron que el hecho de que el máximo tribunal haya avalado el camino del concurso para determinar el futuro de los cargos vacantes es una muestra en la que se admite la “existencia de una irregularidad” en el proceso en que llegaron Bruglia y Bertuzzi a sus juzgados. “Para adelante se empieza a fijar una pauta correcta: no puede haber jueces que lleguen por decreto y no por concurso”.

Es que en el Gobierno cuestionan duramente que en la gestión de Cambiemos el entonces presidente Mauricio Macri dispusiera el traslado de estos tres magistrados para cubrir vacantes en la Justicia federal. Y esta metodología fue impugnada cuando Alberto Fernández llegó al poder por parte del Consejo de la Magistratura, que ordenó revisar las designaciones de 10 jueces. El trámite pasó al Senado. Allí, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron a defender sus nombramientos y el jefe de Estado ordenó por decreto dejar sin efecto esos traslados.

Tras el fallo de la Corte será ahora el Consejo de la Magistratura, con mayoría oficialista, el que promoverá y activará la realización de los concursos de los cargos vacantes y restringirá al máximo la promoción de nuevos traslados. En el caso de los cargos ocupados por jueces que investigaban a Cristina Kirchner, la Corte determinó que el Consejo “convocará a un nuevo y específico concurso para cubrir las dos vacantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.

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