Dólar futuro: un magistrado que había adelantado su opinión a favor de CFK se excusó de participar en el juicio oral

Un planteo realizado por un grupo de defensas, entre las que no estaban las de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, derivó en la salida de uno de los jueces del tribunal oral que tiene en sus manos la causa por la venta de dólar futuro en la última etapa de la gestión kirchnerista, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Se trata de Adrián Grümberg, que supo integrar Justicia Legítima y que se excusó de seguir interviniendo luego de haber sostenido hace unos días que en la causa todos los acusados, entre los que está el director del Banco Central Miguel Angel Pesce, debían ser sobreseídos porque no hubo delito.

Ahora, sorteo mediante, salió designada la jueza Gabriela López Iñiguez para reemplazarlo en el proceso. Será entonces ella junto a los jueces José Michilini y Ricardo Basílico los encargados de resolver cómo se avanza hacia el juicio oral. Un dato: Michilini y López Iñíguez ya intervienen en otro caso contra CFK: la acusación por encubrimiento al atentado contra la AMIA por el Memorándum con Irán, que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Allí el tercer juez es Daniel Obligado.

“Memorándum” y “Dólar futuro” son las causas que enfrenta Cristina Kirchner por decisiones tomadas durante su gestión al frente del Ejecutivo. Hay otras causas que la tienen como protagonista: el juicio de la obra pública por las concesiones dadas a Lázaro Báez en Santa Cruz, que está en marcha; las acusaciones por lavado de dinero en Los Sauces y Hotesur, en donde también están procesados sus hijos Máximo y Florencia y cuyo inicio de debate no tiene fecha aún; y el capítulo por la megacausa de los cuadernos, en donde se espera una respuesta de la Cámara Federal de Casación Penal contra la figura de los arrepentidos.

Sin embargo, fue en la causa “dólar futuro” en donde Cristina Kirchner inauguró su paso por Comodoro Py como acusada el 13 de abril de 2016. La causa la instruyó el juez Claudio Bonadio en base a una denuncia que habían radicado dirigentes de PRO en octubre de 2015 cuando se estaba definiendo quién sería el próximo presidente. Lo que se discutía en ese momento es que el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

“Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del B.C.R.A. y por supuesto, a los directores de la C.N.V., todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento”, señaló Bonadio cuando la procesó.

En mayo de 2017, Bonadio dio por cerrada la causa y se mandó a juicio a Cristina Kirchner, Kicillof y los directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera. También apuntó contra los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar a la maniobra.

El caso pasó a etapa de juicio y ahí las defensas consiguieron lo que habían planteado infructuosamente en instrucción: que se hiciera una pericia contable para saber cuánto fue el perjuicio al Estado. Los resultados de ese análisis, demorados por la pandemia, llegaron recién a inicios de agosto, según reveló en ese momento Infobae. Allí los expertos del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia determinó que "las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000″.

Sobre ese resultado, las defensas de los ex directores del BCRA pidieron su sobreseimiento. El fiscal Diego Velazco se opuso. Y el Tribunal Oral Federal 1 resolvió la semana pasada. El planteo de esas defensas fracasó por dos votos a uno. A contramarcha de lo que proponía Grümberg, los jueces Michilini y Basílico opinaron que no había que hacer lugar al pedido, en sintonía con el fiscal porque la pericia no se trataba de la única prueba de la acusación.

A su criterio, un planteo de esas características en este momento “podría ir en desmedro del derecho de defensa en juicio y de la garantía del debido proceso que asisten a los/as imputados/as que no adoptaran esa estrategia y han optado por enfrentar la acusación que se cierne sobre ellos en un amplio debate oral y público en el que tengan oportunidad de resistir esa imputación y mantener así su estado de inocencia”. Y por ello se convocó a una audiencia preliminar para el 26 de noviembre de cara a evaluar la nueva prueba y analizar los pasos a seguir.

En ese contexto, según el fallo al que accedió Infobae, el propio Grümberg solicitó ser excusado de seguir actuando en la causa por considerar que “no se encontraba imbuido de la objetividad necesaria para formar parte del tribunal que deberá intervenir en el debate”. Y sus pares le hicieron lugar. “Nuestro colega refirió que el convencimiento con el que había votado le permitía consignar que la opinión vertida habría de resultar inamovible, razón por la cual se excusaba en el trámite de estos actuados, conforme el artículo 57 del Código Procesal Penal de la Nación”, explicaron.

Aunque la defensa de tres ex directores del BCRA procesados se opuso a aceptar esa excusación y entendieron que, entonces, debía apartarse todo el tribunal, Michilini y Basílico aceptaron la salida de Grümberg. Entendieron que su opinión a la hora de asegurar que no hubo delito “haría plausible una sospecha de pérdida de imparcialidad, base del principio constitucional del debido proceso legal”. Con la salida de Grümberg y tras la notificación a las partes, la Cámara Federal de Casación Penal sorteó quién reemplazaría al juez saliente. Según indicaron fuentes judiciales, la elegida fue la jueza López Iñiguez, quien ya interviene en la causa Memorándum con Irán.

Seguí leyendo: