Kicillof monitorea el operativo desde La Plata con el apoyo de Alberto Fernández

Temprano, cuando todavía no había salido el sol, Axel Kicillof comenzó a recibir información de lo que ocurre en el desalojo de la toma de Guernica. Está en contacto directo con su ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien diseñó el operativo compuesto por más de 4.000 policías. El despliegue de fuerzas fue autorizado por el propio gobernador, que anoche le comunicó al presidente Alberto Fernández y le adelantó que hoy realizarán el procedimiento.

El jefe de Estado respaldó la decisión política de avanzar con el despliegue encabezado por el jefe de la Policía bonaerense, el comisario general Daniel García y el propio Berni. Ante la consulta de Infobae, en Olivos destacaron: “El desalojo no debe sorprender a nadie porque la provincia de Buenos Aires dialogó hasta que se venció el tiempo de la justicia”.

El primer balance del gobierno bonaerense fue positivo. Dicen que el desalojo se cumplió rápido, con incidentes leves, y quienes enfrentaron a la Policía no son personas con necesidades, sino actores con otro tipo de motivaciones.

Esa certeza está basada, según explicaron, en informes preliminares que hablan sobre la organización de los manifestantes con piedras, palos, machetes, lanzas, y clavos miguelitos, que fueron arrojados en el predio, y caños con punta enterrados en las cercanías de las modestas casas para intentar herir a los uniformados que avanzaron sobre el predio hasta desalojarlo.

Como ya informó este medio, Berni reunió a 4.095 policías de distintas unidades, entre ellas de despliegue rápido, grupos especiales con Halcón, camiones hidrantes, motos, cuatriciclos, camionetas, caballos y helicópteros.

El fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, informó que hasta ahora “hay 35 detenidos” y una cantidad de heridos que no pudo precisar.

Los efectivos de Berni comenzaron a desembarcar en el lugar a las 2 de la madrugada. Ingresaron apenas despuntó el alba, y a eso de las 8 el predio de 100 hectáreas ya estaba desalojado, pero la refriega continuaba afuera.

La policía, con el ministro de Seguridad y el fiscal al frente, ingresaron al predio por el sector más alejado del predio y que formaba parte del barrio La Unión- los otros tres eran 20 de Julio, La Lucha y San Martín-. Ese extremo estaba prácticamente vacío.

Los ocupantes de las casillas habían votado retirarse de forma voluntaria. No ocurrió lo mismo en otros sectores que habían decidido “resistir” el desalojo.

El desalojo llegó después de casi 100 días de diálogo entre los delegados de la toma, la mayoría pertenecientes a partidos de izquierda, como el Polo Obrero y el MTS, y organizaciones sociales como Barrios de Pie o la Corriente Darío Santillán.

Las negociaciones estuvieron a cargo de Larroque, quien durante 40 días realizó más de una docena de propuestas, todas ellas rechazadas por el sector más radicalizado de la usurpación.

Hasta anoche, cuando se rompió el diálogo entre esos sectores y el Estado provincial, 772 familias habían decidido retirarse del lugar de manera voluntaria y aceptar las condiciones que les ofreció el ministro de Desarrollo con la Comunidad, un lugar para vivir por unos seis meses hasta que estén listos los lotes definitivos con servicios (luz y agua) para construir y que serían “escriturables”.

El último relevamiento realizado por los propios representantes de los cuatro barrios y supervisados por dos organismos de Derechos Humanos, CELS y SERPAJ, determinó que en las 100 hectáreas había unas 1.400 familias que hacían un total de 4.417 personas.

Según le informaron a este medio funcionarios que trabajan con Larroque -presente en el lugar durante el desalojo- otras cuatro familias se fueron de la toma antes del desalojo y ya fueron reubicadas.

“La mayoría de las personas que se enfrentaron a la policía no estuvieron nunca en la toma, nunca los vimos en los barrios ni fueron censados o relevados, es gente que ingresó al predio solo para generar disturbios”, resaltaron desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Poco después de las 9 de la mañana, Kicillof recibió de boca de Berni, que el predio ya estaba desalojado y que en el lugar quedaría un importante grupo de efectivos para evitar que vuelvan a tomar los lotes.

Poco después, a eso de las 9.30, el fiscal de la causa, y responsable primero del desalojo, le informaba a los medios que el operativo había finalizado.

La toma comenzó el 20 de julio y fue considerada la mayor usurpación del conurbano bonaerense.