Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializara que para desarticular las ocupaciones ilegales de terrenos entregaría subsidios de 300 mil pesos por persona (por año), durante la tarde del miércoles la oposición se pronunció en contra de tal decisión.
Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, fue una de las dirigentes que expuso su malestar ante una partida que buscará desactivar la toma de terrenos en Guernica y evitar nuevas usurpaciones. En su cuenta de Twitter, la presidenta del PRO estableció la siguiente comparación: “Policía PBA: $44.000. Repositor de supermercado: $37.000. Usurpador: $50.000”.
Y agregó: “Pese al mérito y el sacrificio, miles de trabajadores se quedan en la calle y las pymes bajan sus persianas. Frente a este reclamo, Kicillof le responde a los bonaerenses regalando dinero como si fuera de él”.
Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, también se manifestó en desacuerdo y pidió “elevar las penas para los usurpadores”. El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para elevar las penas del delito de usurpación. La iniciativa propone modificar el artículo 181 del Código Penal, que actualmente establece una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Esa pena pasaría a ser de 1 a 6 años de prisión. Además, se considerará agravante cuando en la toma participen más de 3 personas. En ese caso la pena será de 2 a 7 años. Pero si el inmueble usurpado fuere un parque nacional o una explotación productiva, la pena será de 2 a 7 años, y de 3 a 8 años si participan más de 3 personas. Por último, si de la toma participan empleados o funcionarios públicos quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.
Al referirse al proyecto, Ritondo indicó: “Los argentinos no merecen que les usurpen el futuro. Como oposición responsable haremos todo lo que está a nuestro alcance para defender la propiedad privada y la libertad, como corresponde en una república. El espectáculo de usurpaciones que vemos en los medios nos avergüenza. No es la Argentina del trabajo que heredamos de nuestros abuelos”.
Además, el diputado nacional denunció la ausencia del Estado en defensa de los propietarios que ven vulnerados sus derechos. También señaló que funcionarios fogonean las tomas al favorecer a los usurpadores con entrega de materiales, subsidios y alimentos. “El mensaje que se transmite es nocivo y altera la convivencia democrática”, señaló.
Su proyecto fue acompañado por los diputados del PRO Martín Medina, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, María Luján Rey, Pablo Torello, Juan Aicega, Alberto Asseff, Ezequiel Fernández Langan, Sebastián García De Luca, Álvaro González, Fernando Iglesias y Luis Juez.
El programa de “Asistencia Crítica y Habitacional” será coordinado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, que dispondrá de 54 millones de pesos que podrán ser destinados para gastos de alojamiento, materiales de construcción y alimentos.
Los subsidios podrán ser otorgados por un período máximo de tres meses y, si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita, podrá ser prorrogado por única vez durante tres meses más.
“Con el objetivo de acompañar, cuidar y asistir a esos sectores más necesitados de la sociedad, y a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de grupos en riesgo social, es necesario optimizar los recursos destinados a las políticas públicas existentes, resultando de vital importancia la creación de un Programa de asistencia habitacional, con el objeto de atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional”, dispone el Decreto 938/2020, publicado ayer en el Boletín Oficial.
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