(De nuestro corresponsal) El obispado de San Isidro solicitó a la justicia rionegrina que no avance con el desalojo de sus cabañas ocupadas por una agrupación mapuche en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, hasta que no se garantice que la medida se llevará adelante sin uso de violencia.
El planteo de la entidad religiosa no altera su intención de recuperar el terreno que era utilizado como espacio de recreación para sus fieles, aunque teme que el cumplimiento de la medida judicial derive en un posible enfrentamiento entre la fuerza que la lleve a cabo y los ocupas.
El juez de garantías Martín Arroyo dispuso el jueves pasado la restitución a la comunidad eclesiástica del predio de una hectárea que en abril de este año fue tomado por la comunidad Winkul Lafken Mapu, manteniendo actualmente su posesión.
Allí estaban las cabañas Hueche Ruca, que eran utilizadas como complejo vacacional, retiros espirituales, escuela para scouts y campamentos. No obstante la estructura edilicia fue destruida por incendios intencionales y ataques vandálicos, luego incluso de ser desmantelada por el grupo mapuche que se adjudicó la autoría de los daños.
El abogado patrocinante del obispado, Ernesto Saavedra, confió a Infobae que “la ejecución de la medida judicial es inminente, más allá de los artilugios legales presentados por la defensa para frenar la medida”. Pero la entidad solicitó, a través del presbítero Mariano Caraccioli – vicario general del obispado- “postergar la restitución dispuesta por el juez hasta tanto estén dadas las condiciones y los protocolos que garanticen dicha medida, sin el empleo de violencia”.
Con la resolución judicial en la mano, los mapuches advirtieron: “No nos vamos a ir, vamos a resistir a cualquier costo”. Y mencionaron también que “puede correr sangre, de ambos lados”.
Tras la decisión judicial referentes mapuches repudiaron a la iglesia católica con una movilización en la Catedral de Bariloche aunque más tarde cambiaron de estrategia y optaron por recurrir al Papa Francisco para que medie en el conflicto.
La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, conducida por Orlando Carriqueo, elaboró un escrito para que el sumo pontífice intervenga en el conflicto y “sean respetados los derechos ancestrales en el territorio rionegrino”.
La carta fue entregada al obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, para que sea remitida a través de los canales institucionales de la iglesia. Además se envió una copia a monseñor Oscar Ojea, titular del obispado de San Isidro, según lo que informó Carriqueo.
“Le transmitimos al Papa nuestra preocupación ante la inminencia del desalojo de la comunidad y nos reunimos con el obispo de Bariloche para buscar una solución alternativa, en la que no se produzcan hechos de violencia”, dijo el dirigente mapuche.
En la nota describieron que en ese mismo territorio, en 2017, fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, perteneciente al grupo mapuche, en el marco de un intento de desalojo autorizado por el juez subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva: “es una herida abierta para nuestro pueblo porque es un crimen sin culpables”.
“Generar un desalojo en estas circunstancias podría derivar en que se rompa el diálogo con el gobierno nacional y que el conflicto por las tierras se acentúe en toda la Patagonia, con hechos que pueden ser evitables si se asume una posición de diálogo y reconocimiento de una historia de despojo a la que hemos sido expuestos todos los pueblos originarios de América”, indicaron.
El lote del obispado está pegado al de Parques Nacionales que la comunidad mapuche ocupa desde noviembre de 2017, argumentando un supuesto plan de “recuperación de tierras ancestrales”.
Tras permanecer en el territorio usurpado inicialmente, avanzaron hacia el terreno del obispado y provocaron serios daños a otras propiedades privadas de Villa Mascardi.
El grupo Lafken Winkul Mapu es uno de los más violento del sur argentino y fue denunciado en innumerable cantidad de veces por ataques a los vecinos, fuerzas policiales, conductores ocasionales que pasaban por el lugar, turistas e incluso funcionarios judiciales de la provincia de Río Negro y del fuero federal.
El último episodio que protagonizó ocurrió hace pocos días cuando el vehículo oficial de la gobernadora Arabela Carreras fue atacado con piedras al intentar pasar por el lugar, donde el grupo realizaba un corte de ruta.
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