Una abogada acusó al Gobierno por discriminación y pidió en la Justicia que se revise la decisión de no elegirla para ser defensora oficial en Tucumán

La abogada Vanessa Lucero presentó un amparo judicial para que el Gobierno revise su decisión de no elegirla para ocupar el cargo de defensora oficial ante los Tribunales Orales Federal de Tucumán. La letrada, cuyo pliego fue propuesto por el ex presidente Mauricio Macri, afirmó que quedó primera en la terna y que el Poder Ejecutivo optó por el tercero, y argumentó que no respetó el orden de mérito y que se trata de una desigualdad de género.

Cuando todavía era presidente, Macri eligió a Lucero y envió en mayo del año pasado su nombre al Senado de la Nación, donde se aprueba el nombramiento de jueces, fiscales y defensores. Pero la cámara alta no trato esa postulación, entre otras, y cuando llegó Alberto Fernández retiró todos los pliegos para revisarlos, lo que es una práctica habitual de todos los gobiernos que llegan. Ahora el Poder Ejecutivo Nacional propuso a Mariano Galleta, quien salió tercero en la terna, y envió su nombre al Senado.

“Sin cuestionar la capacidad y honorabilidad del Dr. Mariano Galletta, considero que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de elevar su pliego resulta un acto arbitrario y contrario a los parámetros internacionales en materia de igualdad de género en el acceso a los cargos públicos. Importa, además, el apartamiento del orden de mérito cuya única justificación se podría encontrar en razones superiores de orden público en relación al cargo en cuestión, situación que no se presenta en modo alguno en este caso”, sostuvo Lucero en su amparo al que accedió Infobae.

Las abogada señaló que si se designa a Galleta como defensor oficial de los Tribunales Orales Federales de Tucumán las cuatro defensorías oficiales federales de la provincia estarán a cargo de hombres. “La Constitución Nacional incorporó en el año 1994 los principios de igualdad real entre mujeres y hombres en el acceso a los cargos públicos, y habilitó al Congreso de la Nación a fin de que reglamente medidas de acción positiva”, señaló, y recordó la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

La ley establece que el Poder Ejecutivo puede elegir a cualquiera de los integrantes de una terna de jueces, fiscales o defensores oficiales sin tener que dar explicaciones de su motivo. Tampoco hay normativa en la designación de magistrados sobre la igualdad de género o de cupo femenino, como ocurre por ejemplo en la integración de las listas de los partidos políticos para las elecciones.

“La ausencia de una ley de cupo femenino para el acceso a los cargos de magistrados del Poder Judicial o de los Ministerios Públicos, no puede ser óbice para la consagración efectiva de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos”, analizó Lucero.

Así, la abogada pidió en su amparo que se “exhorte al Poder Ejecutivo Nacional y al Senado de la Nación a reevaluar con perspectiva de género el análisis de los pliegos correspondientes a la terna del Concurso MPD N° 156 (Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán) en la cual me encuentro en primer lugar”.

El amparo quedó a cargo del juez federal de Tucumán Daniel Bejas. Pero Lucero lo recusó porque se encuentra en una situación similar a la de ella. Es porque Bejas fue elegido en una terna para ocupar una vacante en la Cámara Nacional Electoral donde no se optó por quien salió en primer lugar en el concurso y que también es mujer, Alejandra Lázzaro. La UCR inició una campaña para que sea designada en el tribunal por los mismos motivos que Lucero.

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