Argentina avalará el informe sobre represión ilegal en Venezuela que hoy tratará la Comisión de Derechos Humanos de la ONU

Un texto de cinco páginas que lleva como título “Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, es el documento que se pondrá hoy en el eje de debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y que la Argentina avalará con precisas objeciones políticas y diplomáticas.

La Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas A/HRC/45/L.43/Rev.1 hace propio los resultados del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que ratificó la existencia de un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos ejecutado por el régimen populista de Nicolás Maduro.

El informe se redactó bajo las instrucciones de Michelle Bachelet -ex presidente de Chile-, y confirma las fosas comunes, las violaciones, las torturas y los asesinatos cometidos por los grupos de tarea que responden a Maduro.

Asimismo, el documento de la ONU al que accedió Infobae exige elecciones “libres, limpias, transparentes y creíbles” en Venezuela, rechaza “todo tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia”, exhorta a todos los partidos a poner en marcha “sin demora” elecciones presidenciales y revela un “estado de alerta” por la profundización de la crisis humanitaria bajo el régimen de Maduro en medio de la pandemia de COVID-19.

Argentina avalará en Ginebra el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que denunció severas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, aunque también remarcará su rechazó político y diplomático al bloqueo económico que enfrenta el régimen de Maduro.

El canciller Felipe Solá adelantó a Infobae que “para tener autoridad moral al denunciar el bloqueo físico y financiero y las sanciones a Venezuela hay que ser capaz de hacerlo además con su violación a los derechos humanos”.

Solá no hace más que repetir la posición de Alberto Fernández: crítica absoluta a las violaciones a los derechos humanos, cuestionamiento al bloque liderado por Donald Trump y reclamo sin condiciones para lograr una transición democrática que desemboque en elecciones libres y transparente.

Las declaraciones exclusivas de Solá contrastan con la posición pública que exhibió Carlos Raimundi, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Raimundi, desobedeciendo instrucciones expresas de la Cancillería, rechazó el informe de la ONU que denunciaba la represión ilegal cometida por el régimen de Maduro.

Pese a la desobediencia política, Raimundi aún continúa en su puesto diplomático en Washington.

A su turno, la exdirigente sindical Alicia Castro cargo contra la política exterior diseñada por Alberto Fernández y ejecutada por Solá. A través de su cuenta de Twitter opinó: “Se reúne Consejo @ONU_derechos en Ginebra. Un grupo de países que incurren en flagrantes violaciones a los DDHH como Brasil, Chile, Colombia, Etc promueven una Resolución contra Venezuela. Esperamos q @CancilleriaARG respete principio de No Injerencia, Doctrina Drago”.

La posición de Castro tiene su contexto político: en febrero fue designada como representante argentina en Rusia, pero ese nombramiento ni siquiera llegó a tratarse en el Senado. Lo frenó Alberto Fernández cuando la ex embajadora en Caracas cuestionó al canciller Solá por plantear que “el gobierno de Venezuela es autoritario”.

En las cinco páginas de la declaración que se firmará en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advierte su “preocupación porque la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) está agravando la situación en Venezuela” a la vez que insta a las autoridades a que “sigan las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos que atañen a la población venezolana y a la comunidad internacional, a fin de hacer frente a la pandemia y a las necesidades humanitarias en general y mejorar el acceso a información con respecto a su evolución”.

Subrayado por temas, el informe de Naciones Unidas no deja nada librado al azar y realiza una síntesis de la gravedad de los hechos que se están desarrollando hace varios años en Venezuela bajo el régimen de Maduro. Sobresalen los siguientes temas:

Justicia y elecciones. La declaración de la ONU expresa “alarma por el deterioro del estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y las repercusiones en el acceso a la justicia en el caso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y en lo que se refiere a la supervisión del proceso electoral en Venezuela”.

En este sentido, la resolución expresa una “profunda preocupación por la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas”. También en lo que respecta a los miembros del Tribunal Supremo, denuncia que carecen de independencia de las autoridades y el partido en el poder, socavan la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles.

COVID y salud. El informe alerta sobre la preocupación porque la crisis actual sigue teniendo "efectos desproporcionados en los derechos de las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, las personas de edad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, y porque esos efectos se han visto agravados en mayor medida por la pandemia de COVID-19, así como por las medidas adoptadas por las autoridades para hacerle frente.

Exilio y asistencia alimentaria. El documento revela que más de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y hay 7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria “debido al agravamiento de la crisis política y económica”. Así, destacan que uno de cada tres venezolanos carece de seguridad alimentaria y necesita asistencia.

Informe Bachelet. La resolución le dedica varios párrafos a los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, que contiene información sobre casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014. Así, no sólo insta a las autoridades venezolanas a que sigan enteramente y de inmediato las recomendaciones de la Alta Comisionada sino pide seguir sus recomendaciones y solicita que se siga investigando por dos años más la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Partidos políticos. Se exhorta a los partidos de Venezuela a que pongan en marcha “sin demora o apoyen un proceso que posibilite la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, limpias y creíbles”, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y la participación política sin trabas de todos los venezolanos y todos los partidos políticos, sin temor a consecuencias o injerencias, respetando las normas internacionales.

Represión. En otro pasaje del informe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como el quebrantamiento de la independencia de la Asamblea Nacional”.

Violencia. También se le pide al régimen de Maduro que adopte las medidas apropiadas para hacer frente a los actos de violencia y de acoso denunciados; la violencia sexual contra mujeres y niñas recluidas, que incluye casos de abusos físicos y sexuales, agresiones verbales, amenazas e intimidación; la explotación sexual de mujeres y niñas a cambio de alimentos, protección y privilegios, y los malos tratos, la tortura y la denegación de derechos a las defensoras de los derechos humanos. Al mismo tiempo que alerta sobre enfermeras, docentes, funcionarias públicas, presas políticas y mujeres recluidas en centros de privación de libertad.

Presos políticos. Si bien la ONU acogió con beneplácito el reciente indulto de 110 presos políticos que habían sido detenidas arbitrariamente, obligadas a exiliarse o retenidas bajo medidas cautelares, insta a las autoridades venezolanas a que pongan inmediatamente en libertad a “todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que son particularmente vulnerables a la pandemia de COVID-19”.

Los países que patrocinaron esta declaración son: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Rumania, Suecia, Suiza y Ucrania. La Argentina, al igual que otros países miembros de la ONU que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmará como adherente.

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