El ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, deberá declarar en indagatoria el 13 de octubre próximo ante la justicia de esa provincia por una serie de contratos irregulares con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano investigan posibles pagos de coimas a distintos funcionarios provinciales, incluyendo al ex mandatario provincial.
La investigación arrancó en 2017, pero la contrataciones se dieron a partir de 2008, cuando Urribarri ya comandaba la provincia de Entre Ríos. Se sospecha que el ex gobernador propuso la contratación del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, dueño de la empresa Relevamientos Catastrales, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
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Tras un allanamiento en el estudio del empresario, los fiscales profundizaron la hipótesis de posibles sobreprecios en las licitaciones. A cambio, se habrían concretado pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes, incluyendo al ex gobernador.
Urribarri debería presentarse a declarar el 13 de octubre a las 9 de la mañana y el empresario Cardona Herreros está citado para el 11 de octubre. También fueron llamados el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo provincial, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, (directivos de Relevamientos Catastrales); el contador de la empresa Guillermo Linares; y la abogada Miriam Fessia.
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Hasta el 2 de octubre los imputados tienen tiempo de notificar si quieren realizar las audiencias de forma presencial en la sede del Ministerio Público Fiscal o de manera remota.
En total se investigan seis hechos distintos.
En la primera operación, la empresa Relevamientos Catastrales habría pagado $3.200.000 de sobreprecio, más de un millón de dólares de ese entonces, por una contratación con el Estado de US$3.218.000. Según las anotaciones y la documentación hallada en el estudio de Cardona Herreros, los presuntos pagos al gobernador, funcionarios y directivos se dieron entre mayo de 2008 y diciembre de 2010.
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En el segundo hecho, lo que se buscó fue lograr una prórroga de la contratación de la firma para generar otro sobreprecio, que se abonaría nuevamente a los funcionarios.
En tercer lugar se investiga una nueva contratación con la empresa de Cardona Herrero, desde el 11 de agosto de 2010, con una cotización de 180.290 pesos por mes.
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El cuarto hecho que está bajo la lupa del Ministerio Público Fiscal se registró en 2011. Dos funcionarios elaboraron un presupuesto de 250 mil pesos mensuales por 18 meses, con opción de prórroga por parte de la Provincia por otros 18 meses más. También había sobreprecios y pagos de coimas.
Además se investiga una contratación de la misma firma con el Ministerio de Economía de la provincia. Relevamientos Catastrales resultó adjudicada por un decreto de Urribarri y el ministro Diego Valiero, con una oferta de $652.800 mensuales, incluyendo unos $130 mil mensuales de sobreprecios.
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El último hecho bajo análisis judicial fue con el Ministerio de Trabajo que comandaba Guillermo Smaldone, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Smaldone y amigo personal de la familia Urribarri. Otra vez se repite la operatoria de sobreprecios y pagos de coimas.
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