Mientras las usurpaciones y tomas de terrenos se fueron transformando en uno de los nuevos grandes problemas en un contexto de crisis económica y social que recrudece con el avance del coronavirus, un diputado de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que apunta a solucionar el conflicto.
La iniciativa plantea la creación de un Fondo de Urbanización Social que le permita al gobierno nacional, en coordinación con los gobiernos locales, adquirir tierras linderas a las localidades de menos de 300 mil habitantes con el fin de transformarlas en suelo urbano y poder venderlas con criterios que aseguren un acceso amplio y legal a las tierras, con los servicios básicos incorporados.
El proyecto fue propuesto por el diputado radical Fabio Quetglas, quien consideró que “las tomas son un tema de seguridad, no solo por la tensión que generan, sino por las circunstancias en las que niños y ancianos acampan por semanas. Es obligación de las autoridades gestionar la emergencia y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios”.
En concreto, el plan aspira a mejorar las oportunidades de acceso al suelo a los sectores de ingresos medios bajos y bajos, facilitándole a las Municipalidades la generación de suelo urbano y la producción de empleo en las ciudades menores de 300 mil habitantes.
Para ello, propone el desarrollo del Fondo Federal Fiduciario de Urbanización Social (FFFUSO), que estará a cargo de un comité ejecutivo integrado por el secretario de Vivienda, el secretario de Planificación Territorial y coordinación de la Obra Pública, y el subsecretario de Asuntos Municipales, pertenecientes al Ministerio de Interior, Vivienda y Obra Pública de la Nación, al igual que los presidentes de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, y de la Comisión de infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara de Senadores.
Según contempla la iniciativa, del patrimonio total del fondo, el 90% se destinará a la financiación de proyectos presentados por los municipios y gobiernos locales. Mientras que el 10% se orienta a proyectos propuestos por el Estado nacional y las provincias.
Cada Municipio o gobierno local deberá cumplir con una serie de condiciones al pedir financiamiento, como justificar la necesidad urbana y/o social vinculada a la generación de suelo urbano y el detalle y plano a intervenir con potencialidad de desarrollo, “conformado por áreas no menores a las 5 hectáreas de superficie” y acreditando la titularidad de dichos terrenos.
El proyecto establece que un 30% de la superficie urbanizable debe ser destinada a accesos, entendidos como corredores viales, veredas y afines. Un 10% a espacios verdes, un 20% a áreas de loteo para la construcción de viviendas subsidiadas para sectores vulnerables, y un 35% destinado al desarrollo de viviendas de mercado y áreas comerciales. El 5% restante queda en reserva para la instalación de equipamientos urbanos.
Así, a través del FFFUSO se busca contribuir a resolver el déficit habitacional; y además, el acceso a la propiedad puede operar como un organizador demográfico para evitar la conurbanización patológica. “La generación masiva de suelo urbano es parte de la solución, porque con una tasa de inversión accesible, genera empleo, estimula el arraigo y se bajan los niveles de tensión social. Además, estimula una cultura de inversión pública y privada”, expresó Quetglas.
Actualmente, el proyecto de ley espera tratamiento en la Comisión de Vivienda y Planificación Urbana de la Cámara de Diputados. Ya fue presentado a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa.
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