El fallo del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, que se negó a desalojar un predio usurpado que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en cercanías de El Bolsón, generó fuertes críticas en el ámbito político rionegrino.
Una de las primeras en reaccionar fue la gobernadora Arabela Carreras quien aseguró que es “inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras”.
La toma es protagonizada por unas 160 familias que, en dos etapas, tomaron dos predios que pertenecen al mismo organismo, aunque uno de ellos había sido cedido a un club deportivo local. El lugar es una valiosa reserva forestal, considerada el pulmón de El Bolsón, y se encuentra a mitad de camino de dos puntos turísticos de la ciudad cordillerana: Cabeza del Indio y Mirador del Azul.
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, se expresó en términos similares a los de Carrera sobre la resolución del Juez y rechazó el fallo asegurando que “es peligroso y alarmante el mensaje que nos deja el magistrado”.
“Al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales promueve este accionar, imponiéndole además a los Poderes Ejecutivos la cesión de las mismas”, señaló el jefe comunal.
Pogliano le había solicitado públicamente al juez que hiciera “efectivo” el proceso de desalojo, por lo que valoró positivamente los alcances de la decisión de la fiscal federal Sylvia Little, que había ordenado desalojar el predio, lo que fue desconocido por Zapata.
“Nosotros siempre estamos convencidos de que en la usurpación de tierras existe delito” señaló y agregó que el pedido de la fiscal constituía “un avance en la justicia para la resolución de esta problemática”.
En relación al sitio donde se encuentra el asentamiento, Pogliano señaló que es un lugar de un “gran valor, tanto histórico como ambiental, con cipresales de más de 120 años”, y sostuvo que las familias que están en el lugar “ponen en riesgo el pulmón de la ciudad y el futuro de nuestros hijos”.
El polémico fallo del juez Zapata indignó también a la mandataria local, Arabela Carreras, quien esperaba con gran expectación la resolución que adoptaría la justicia para la resolución de la causa.
Es que unos días antes la fiscal federal Sylvia Little había solicitado el desalojo de las tierras por considerar que “no hay dudas de que estamos en presencia de un delito penal, debido a que las familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que cada quien unilateralmente demarcó para sí”.
La medida del magistrado indignó lógicamente a la gobernadora de Río Negro, que se expresó en términos muy duros sobre el juez: “Está sentado en la comodidad de la silla de su despacho, se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”.
Zapata, además de “avalar la ocupación”, solicitó al estado local y al provincial que arbitre las medidas necesarias para dar alojamiento a todas las familias que están en la toma, luego de un exhaustivo relevamiento.
Carreras replicó que “pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivos”.
“Gestionamos, pero no hacemos magia. Si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”, aseguró.
En su fallo, el juez Zapata solicitó además al INTA que tome recaudos en ese lugar para evitar nuevas tomas, haciendo referencia a que los usurpadores accedieron caminando, por una tranquera, debido a que ni siquiera cuenta con un cerco perimetral.
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