El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó el desalojo de un predio que está ubicado en cercanías de El Bolsón, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y que a fines de agosto fue ocupado por unas 160 familias.
El magistrado, además, rechazó al organismo nacional como querellante en la causa y solicitó al gobierno municipal de El Bolsón que en los próximos 15 días, además de realizar un relevamiento exhaustivo de las familias asentadas en el predio, les brinde alojamiento.
La ocupación de tierras se realizó en dos etapas. En la primera de ellas cerca de 30 familias se instalaron en un espacio que el INTA cedió a un club deportivo denominado El Refugio. En la segunda 130 familias más se instalaron en un espacio de 60 hectáreas, perteneciente al mismo organismo, ubicada en la Subida de Brea, en el camino de acceso a dos puntos turísticos trascendentes para la ciudad cordillerana como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul.
El pedido de desalojo del lugar había sido solicitado por la fiscal federal subrogante de la ciudad, Sylvia Little, a partir de la denuncia que presentó el organismo nacional propietario del lugar.
La decisión de la fiscal fue bienvenida por las autoridades locales y provinciales, quienes creyeron que su decisión pondría punto final a la ocupación. Sin embargo, el reciente dictamen de Zapata descarta el desalojo.
En su fallo, Little sostuvo que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP (Código Penal), puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”.
“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
Zapata también solicitó en su dictamen que las secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas.
En los fundamentos del fallo, Zapata menciona como antecedente inmediato la presentación de una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal que fue rechazada. La nueva presentación, para el magistrado, es “una mera reiteración, ahora en sede penal, de lo rechazado” por disentir de lo resuelto.
Para el juez subrogante, cualquiera sea la resolución del conflicto “traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se les otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”.
Fue crítico también con el Estado nacional debido a que las tierras ocupadas eran accesibles para los usurpadores y en una inspección que se realizó en el terreno no se constataron roturas por parte de las familias que ingresaron al lugar.
“No abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente– no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas”, planteó.
En ese contexto, en la parte resolutiva, le pidió al INTA que, en el caso de que su predio sea desocupado, realice un exhaustivo trabajo para su protección y de esa manera evitar nuevas usurpaciones.
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