Los cinco fallos judiciales que pueden mantener en sus cargos a los jueces que quiere desplazar el Gobierno

Después del rechazo del Senado, los jueces de Comodoro Py Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli solo tienen una alternativa para continuar en sus cargos: la judicial. Y en ese terreno les quedan por delante la espera de cinco fallos que jueguen a su favor con todas las miradas puestas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá –como siempre– la última palabra. Serán decisiones judiciales que no estarán exentas de un contexto político.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli –que ocupan cargos centrales para la política– son tres de los 10 jueces cuyos traslados el oficialismo objeta porque se hicieron de manera irregular durante el gobierno de Mauricio Macri y que el Senado está analizando. Para eso se realizó el viernes pasado una audiencia virtual en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta a la que esos tres magistrados no asistieron. Explicaron que la entendían ilegal porque sus traslados fueron correctos, por lo que no debían ser revisados y que habían judicializado su situación.

“Desprecio por este cuerpo” fue la frase que los senadores del Frente de Todos utilizaron para criticar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli por su ausencia. Y decidieron votar un dictamen para rechazar directamente su aval a los traslados por entender que con su faltazo habían desestimado los cargos. Los legisladores explicaron que la audiencia es el momento que los candidatos tienen para defender su designación.

El dictamen pasará al pleno del Senado donde el oficialismo tiene los votos para aprobarlo. En la Comisión de Acuerdos no se presentó la oposición, que calificó la audiencia de nula.

Caída la instancia política –en la que los jueces nunca creyeron, por eso no fueron al Senado–, la única alternativa que tienen para seguir en sus cargos es contar con fallos judiciales que digan que sus traslados a sus actuales tribunales son legales y no pueden ser revisados por el Senado. Bruglia y Bertuzzi integran la Sala I de la Cámara Federal. Por ahí pasan todas las investigaciones judiciales que se hacen en Comodoro Py y que involucran a funcionarios y empresarios. Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7, uno de los que juzgan esos casos cuando llegan a instancia de juicio. Uno de los expedientes que tiene ese tribunal es el de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner.

Los tres jueces llegaron a esos lugares desde otros tribunales. Fue durante el gobierno de Macri. Las objeciones –que primero aprobó el Consejo de la Magistratura, luego avaló el Poder Ejecutivo de Alberto Fernández y ahora revisa el Senado– son que los traslados se hicieron sin acuerdo de la Cámara alta como prevé la Constitución Nacional e incumpliendo otras series de normas. Los magistrados lo rechazan y entienden que tienen estabilidad en los cargos. Por eso presentaron amparos en los que señalaron, entre otros argumentos, que la Corte Suprema dijo en una acordada que sus casos no requerían el acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi, en conjunto, y Castelli tienen sus causas judiciales en distintas etapas.

El amparo que los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py presentaron fue rechazado en primera instancia por la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti. Les quedan por delante dos resoluciones más. Una de la Sala V de la Cámara en lo contencioso administrativo federal que el viernes, después de la audiencia del Senado, rechazó un pedido para suspender el trámite en la Cámara alta. El tribunal debe decidir si acepta o no el amparo. La resolución puede ser esta semana. Los jueces de la Sala V, Guillermo Treacy y Jorge Alemany, explicaron en su fallo del viernes que el amparo es una vía judicial rápida.

Por otra parte, Bruglia y Bertuzzi llevaron su caso a la Corte Suprema. Lo hicieron mediante un per saltum por entender que se trataba de un hecho de gravedad institucional. El expediente está en el máximo tribunal hace dos semanas y todavía no resolvió si lo aceptará para tratar. Ese es el segundo fallo para los camaristas. La Corte es la instancia definitiva.

El amparo de Castelli todavía no tuvo ninguna resolución y tiene por delante tres fallos. Está a cargo de la jueza en lo contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez, quien también rechazó dictar una medida cautelar para suspender el trámite. Lo que resuelva puede ser apelado a la Cámara y luego a la Corte Suprema. Castelli ya adelantó que irá en per saltum al máximo tribunal.

¿Llegará primero la resolución política o la judicial? Para que los traslados de los jueces a sus cargos queden anulados, primero deben ser aprobados por el pleno del Senado y luego hace falta un decreto del Poder Ejecutivo que los devuelva a sus anteriores tribunales. Antes puede haber un fallo de la Justicia. También después que vuelva para atrás la decisión.

Todos se dará en un contexto político-judicial. El gobierno nacional impulsa una reforma de la Justicia federal de todo el país. Uno de los puntos de la iniciativa era la unificación de los fueros contencioso administrativo federal y el civil y comercial federal. Pero en el Senado, que aprobó el proyecto, ese punto se quitó y ambos tribunales seguirán trabajando por separado.

Después de esa decisión, el Poder Ejecutivo activó la cobertura de juzgados vacantes del fuero contencioso administrativo federal. Envió al Senado el nombre de tres postulantes. Tiene pendiente otros. Entre ellos para el Juzgado 12. Allí subroga Marra Giménez, quien tiene el amparo de Castelli. La jueza está postulada para ese cargo. El Gobierno debe decidir si la elige. Marra Giménez había sido la elegida por el gobierno de Macri, pero el de Fernández retiró su nombre al igual que el de todos los candidatos que estaban en el Senado cuando llegó al Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Castelli recusó a la jueza y el planteo fue rechazado.

Por otra parte, la Corte se enfrentará a su primer fallo de impacto político sobre una decisión del gobierno nacional de revisar los traslados de los tres jueces de Comodoro Py. Lo hará mientras una comisión de juristas, en la que se encuentra Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, analiza el funcionamiento del máximo tribunal, entre organismos de la Justicia, para presentarle al Poder Ejecutivo propuestas de reformas.

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