La fiscalía pidió elevar a juicio la causa contra el militante de izquierda que disparó con un mortero en diciembre de 2017 frente al Congreso

Sebastián Romero estuvo prófugo desde que sucedieron los hechos y ahora está con prisión domiciliaria

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Sebastián Romero (Nicolás Stulberg)
Sebastián Romero (Nicolás Stulberg)

La fiscal federal Alejandra Mángano formuló la acusación para elevar a juicio la causa en la que fue procesado Sebastián Romero, el militante de izquierda que en diciembre de 2017 había sido fotografiado en la Plaza de los Dos Congresos disparando un mortero contra la policía en una marcha contra la Reforma Previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

La fiscal acusó a Romero por los delitos de intimidación pública, atentado contra la autoridad agravado por el uso de armas de fuego y por haber estado acompañado por varias personas. La penal que le correspondería a Romero en el caso de ser condenado es la que establece el artículo 211 del Código Penal que señala que: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

Romero, ex delegado gremial en General Motors, ex precandidato a diputado nacional y dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PTSU) en Rosario fue detenido a fines de mayo pasado en la ciudad uruguaya de Chuy cerca de la frontera con Brasil. Había estado prófugo desde que su foto apareció en los medios el día de los graves incidentes en Congreso.

Fue extraditado desde Uruguay en plena pandemia de coronavirus y procesado por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral. El procesamiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal. Con la acusación de Mángano, el juez Sebastián Casanello -a cargo de uno de los juzgados que dejó Canicoba Corral al renunciar-, está en condiciones de elevar la causa a juicio oral y público para que un Tribunal Oral Federal juzgue a Romero. El 7 de agosto pasado Casanello le otorgó a Romero la prisión domiciliaria y desde entonces cumple su prisión preventiva en la casa de un amigo y es vigilado por el dispositivo de la tobillera electrónica que controla el ministerio de Justicia de la Nación.

En la acusación -a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- Mángano explicó: “No se encuentra en discusión que Romero, en ocasión de la concentración en la Plaza de los Dos Congresos, formaba parte de la acalorada manifestación que derribó las vallas de contención agrediendo al personal policial en un intento de coartar la libertad de determinación de los oficiales públicos. Como consecuencia de ello, civiles y los miembros de las fuerzas de seguridad resultaron con distintos tipos de lesiones. A la par, se dañaron fachadas de edificios públicos y privados, eventos que se sucedieron en diversos puntos de dicho lugar y zonas aledañas. Tales circunstancias hallan suficiente corroboración, en lo narrado por los integrantes de las distintas dependencias policiales intervinientes, los informes de la Defensoría del Pueblo ( de la Ciudad) y en los informes médico legistas practicados; así como en el secuestro – finalizados los incidentes- de armas impropias tales como palos; banderas; bolitas; piedras; etc.”

Se sumaron al expediente las contundentes imágenes televisivas y de teléfonos de particulares en las que se mostraron los incidentes de aquel día cerca del Congreso. Pero también los testimonios de los policías de la Ciudad que fueron blanco de las agresiones. Los policías declararon que les arrojaron “piedras, bombas molotov, “miguelitos”, bolas de acero y bombas de estruendo”. Romero fue identificado por los mismos policías como uno de los que tiró las bombas de estruendo. También fue identificado Oscar Ruiz, quien acompañaba a Romero y utilizaba otro mortero casero. Su caso ya fue elevado a juicio oral y público.

Detención de Sebastián Romero en Uruguay.
Detención de Sebastián Romero en Uruguay.

Uno de los oficiales que declaró hizo una diferencia en aquella marcha y otras en las que fue convocado a prestar servicio. Lo que más le llamó la atención de aquella marcha de diciembre de 2017 fue “el nivel de agresión, porque la gente acudió dispuesta a todo, al punto que no tardaron mucho en tirar el vallado y pasar del otro lado. Su intención…era llegar al Congreso”.

“Se encuentra probada en autos -dijo Mángano- la vinculación de Sebastián Rodrigo Romero con los hechos materia de investigación y el carácter que tuvieron sus acciones mediante la utilización del mortero que pareciera haber sido utilizado adherido a la rama con capacidad para generar daño o riesgo a las personas o bienes, con idoneidad suficiente como para afectar el tipo penal de las conductas reprochadas”.

En el mismo requerimiento de elevación a juicio de Romero -que se retrasó porque el imputado estuvo prófugo- la fiscal determinó que se debe seguir investigando a otras personas que no fueron identificadas y que cometieron delitos similares el del militante que les tiró a los policías con un mortero casero.

La fiscal selló la acusación al señalar que “considerando todo lo descripto, las evidencias recolectadas a lo largo de la instrucción y la valoración de los sucesos acaecidos, considero que Rodrigo Sebastián Romero deberá responder como autor penalmente responsable del delito de intimidación pública y el de atentado contra la autoridad, éste último agravado por haber sido cometido a mano armada y por reunión de más de tres personas”.

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