
El juez federal Sebastián Casanello concedió esta tarde la prisión domiciliaria de Sebastián Romero, el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PTSU) que fue fotografiado en diciembre de 2017 en la Plaza de los Dos Congresos disparando un mortero casero contra la policía en una marcha organizada contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
Romero estuvo prófugo de la Justicia hasta que en mayo pasado fue hallado en la ciudad uruguaya del Chuy, cerca de la frontera con Brasil. En junio, en plena pandemia por coronavirus, fue extraditado a la Argentina y desde entonces estaba detenido con prisión preventiva que le había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal porteña.
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El juez Casanello –que subroga el Juzgado 12– le concedió la prisión domiciliaria que Romero cumplirá en la casa de un amigo y será monitoreado mediante un dispositvo de tobillera electrónica que provee el Ministerio de Justicia de la Nación. La fiscal del caso, Alejandra Mángano, dictaminó a favor de la prisión domiciliaria a partir del pedido de morigeración de la prisión preventiva que hizo la defensa de Romero.
Romero está detenido desde que fue extraditado de Uruguay en dependencias de la Policía Federal Argentina en la calle Madariaga, en Villa Lugano. Y de ahora en más cumplirá su detención en la casa de un amigo de la infancia que vive en un departamento alquilado. El amigo de Romero –según estableció el juez Casanello– deberá asumir obligaciones por escrito como garante de la prisión domiciliaria.
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Romero fue procesado por Canicoba Corral en julio pasado por ser considerado autor de los delitos de “intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas”. El juez le fijó un embargo de 600.000 pesos.
El pedido de excarcelación había sido rechazado por Canicoba Corral. Cuando la defensa de Romero apeló, la Cámara Federal le había negado la excarcelación por la posibilidad de que volviera a fugarse. La decisión de Casanello no implica la liberación de Romero sino que seguirá detenido pero en la casa de un amigo y con tobillera electrónica.
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Para dictaminar a favor de la domiciliara de Romero la fiscal Mángano –según la resolución de Casanello a la que accedió Infobae– analizó dos informes favorables sobre las condiciones sociales y ambientales del detenido. Uno fue hecho por la delegada judicial de la Oficina de Delegados Judiciales y otro por el Equipo Psicosocial del Programa de Asistencia a personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La fiscal también tuvo en cuenta las recomendaciones de la Cámara de Federal de Casación acerca de –en lo posible– morigerar las condiciones de detención debido a la pandemia de coronavirus.
En el informe de la delegada de la Oficina de Delegados Judiciales se señala que sobre la situación generada por el coronavirus “… el Sr. Romero asegura estar en conocimiento acerca de las medidas preventivas y recomendaciones médicas. Refiere que durante su detención en Uruguay se le hizo una prueba de detección viral que tuvo como resultado negativo, no obstante ello desde su llegada a Argentina se encontraría en cuarentena en lineamiento con las recomendaciones sanitarias. Además agregó no haber tenido síntomas de la enfermedad. Se muestra dispuesto en continuar con dichas indicaciones en el caso del otorgamiento del arresto domiciliario”.
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Romero cumplirá su prisión domiciliara a poco más de 40 cuadras del Congreso donde fue retratado mientras tiraba con un mortero casero contra la policía. De ahora en más pasará sus días en un séptimo piso de un edificio de la Avenida San Juan esquina Muñiz, donde el barrio de San Cristóbal limita con Boedo.
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