
En paralelo a la discusión en el Congreso de la reforma judicial, el Gobierno busca avanzar también con el proyecto para crear un impuesto a las grandes fortunas. Según el diputado Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el texto ingresará a la Cámara Baja en los próximos días.
“Buscamos la mejor ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y el máximo beneficio posible; será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas”, afirmó el diputado en declaraciones a El Destape Radio, y agregó: “Esto no será una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en paraísos fiscales. Eso habría que hacerlo pero no es este el ámbito”.
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Todavía no circuló el borrador del proyecto, que se elaboró con aval de Casa Rosada, entre los diputados del bloque del Frente de Todos, pero Heller adelantó que será un “aporte solidario extraordinario para las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos”. “El impuesto es progresivo y llega al 3,5% para los que tienen más de 3.000 millones de pesos y el universo de personas que pagarían el impuesto son 12.000 personas”.
Con esta iniciativa, que el Frente de Todos analiza desde mayo pero dilató la presentación oficial en el Congreso, el Gobierno busca recaudar un ingreso superior a 300.000 millones de pesos. “Esto no es contra nadie ni tiene nombres propios. Por eso lo llamamos aporte solidario, para que se entienda”, añadió.
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“Estuvimos dos veces con Alberto Fernández. Una cuando le presentamos el proyecto y un tiempo después me llamó para preguntarme qué pasaba que no se presentaba, si había algún problema. Ahí nos volvimos a encontrar y le expliqué que teníamos que perfeccionar el funcionamiento remoto para que no haya ningún problema”, señaló Heller.
Cuando se comenzó a discutir la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas, y más allá de la característica de extraordinario, varios tributaristas consideraron que las nuevas escalas sumadas a otros impuestos que ya gravan el patrimonio pueden provocar que el impuesto sea “confiscatorio”, lo que permitiría en algunos casos avanzar con reclamos en la Justicia.
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“Lo real es que ya existe en la Argentina un impuesto que grava lo mismo que este nuevo proyecto. Es el impuesto a los Bienes Personales que a fin de año pasado ya ha tenido un aumento exorbitante. Gravar nuevamente la misma capacidad, con algunos supuestos, se torna confiscatorio”, explicó César Litvin, titular de Lisicki, Litvin & Asociados, en aquel momento, ante la consulta de Infobae.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que probar la existencia de la inconstucionalidad per se de un impuesto en este contexto político y económico es remota. Y que los planteos judiciales que puedan promoverse una vez que el impuesto sea sancionado deberán efectuarse para cada caso concreto de un contribuyente en particular.
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“La judicialización del caso y su posibilidad de éxito está directamente relacionada con el concepto de confiscatoriedad, para lo cual cada contribuyente debe bajo pericia contable demostrar que se está lesionando su propiedad privada”, coincidió Iván Sasovsky, de Sasovsky & Asociados.
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