Un rato después de iniciado el debate en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, en el que el kirchnerismo buscará obtener esta tarde dictamen de mayoría, la oposición adelantó que rechazará el proyecto de reforma judicial y que no buscará introducir modificaciones al texto enviado por la Casa Rosada.
“Más allá de que nuestro bloque no vaya a proponer modificaciones y que vayamos por el rechazo, sí queremos saber qué está firmando la comisión y qué despacho se va a circular”, anticipó la senadora Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales.
La decisión, en vísperas de la firma del dictamen y de la decisión del Frente de Todos de tener media sanción del proyecto la semana próxima, se da veinticuatro horas después de que la cúpula de Juntos por el Cambio, incluidos los líderes parlamentarios, le pidieran a Alberto Fernández a través de una carta pública que retirara la iniciativa del Parlamento.
Por lo bajo, y más allá de los gestos de cortesía en el inicio del debate de esta tarde por la “pluralidad” de los expositores de los últimos días, desde la bancada opositora se quejaron de que el oficialismo no aceptaba cambios, a pesar de que María de los Ángeles Sacnun, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, avisó que modificarían algunos pasajes del texto original enviado por el Poder Ejecutivo.
Entre ellos, la no unificación del fuero contencioso con el civil y comercial y la creación de un tribunal de resolución de conflictos de competencia: ”Una excelente decisión, fuimos muy receptivos”, planteó Anabel Fernández Sagasti.
En el comienzo de la discusión, Esteban Bullrich, que ayer se había trenzado en un acalorado cruce con Martín Doñate, aprovechó para reclamar por la eliminación del “paso por la comisión de Presupuesto”. “Que tenga un costo de $1.900 millones y que no pase por la comisión nos parece que no es correcto”, resaltó el ex ministro.
Otra senadora que tuvo un duro discurso fue la tucumana Silvia Elías de Pérez: “Es un proyecto de intervención de la Justicia. Como en Vicentin trataban de intervenir para hacerse cargo y después dieron marcha atrás, acá están tratando de intervenir en la Justicia, por eso nos oponemos al proyecto. Por eso no podemos hacer sugerencias o aportes, la esencia misma del proyecto está a contramano de lo que necesita la Argentina”.
A pesar del rechazo de Juntos por el Cambio que se formalizó esta tarde, el Frente de Todos no tendrá problemas para avanzar con la iniciativa en la Cámara alta ya que tiene mayoría. Sin embargo, será en la Cámara de Diputados en donde tendrá que maniobrar para lograr la sanción definitiva. Allí serán claves los roles de Sergio Massa y Máximo Kirchner para juntar voluntades.
La tarea no será fácil. A la negativa de Cambiemos –que hasta planteó que no se puede debatir porque el pacto en la Cámara baja era solo tratar cuestiones relacionadas al coronavirus– se sumó la de los diputados que responden a Roberto Lavagna –Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini– y la del bloque de los cordobeses. Con este panorama, se achica el escenario con quienes negociar.
El proyecto de reforma judicial contempla la creación de un nuevo fuero federal penal que unificará los 12 juzgados federales en lo criminal y correccional con los 11 en lo penal económico, que deberán elegir quedarse con una de las dos secretarías de cada juzgado. Las 23 secretarías restantes deberían pasar a los nuevos 23 juzgados federales a crearse. La iniciativa, además, propone la creación de 5 nuevos tribunales orales federales (TOF) de tres integrantes cada uno, lo que demandará otros 15 magistrados, más 94 jueces con competencia federal en el interior del país.
Así, el gobierno busca licuar el poder concentrado actualmente en Comodoro Py. Desde que trascendieron los detalles del proyecto, la oposición denunció que se trata de un intento de controlar la Justicia por medio de la designación de jueces afines y de garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas investigados por corrupción.
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