La Cámara de Casación Penal ordenó hoy reducir la fianza que le había impuesto el Tribunal Oral Federal 4 a Lázaro Báez, aunque el empresario seguirá detenido. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar a un planteo de la defensa de Báez, detenido hace 4 años y 4 meses en Ezeiza. El Tribunal Oral Federal 4 había fijado originalmente una fianza en $635 millones, pero el fiscal Abel Córdoba determinó que se tenía que tomar en cuenta la cotización oficial del dólar y no la del dólar “blue”. Finalmente, Casación bajó el monto a la suma de 386 millones de pesos.
Para ello, los jueces tuvieron en cuenta el dictamen del fiscal, que había solicitado que se le imponga a Báez el pago de una fianza de $386.578.500, equivalente a 5.500.000 dólares al valor oficial.
Con respecto al pedido de detención domiciliara, los jueces del Máximo Tribunal Penal del país tuvieron en cuenta que la libertad del empresario fue solicitada por 3 fiscales en las distintas instancias (primera, segunda y casación), quienes coincidieron en que debía ser liberado por el tiempo que llevaba detenido sin condena, superior a los 4 años en prisión preventiva.
Asimismo, se tuvo en cuenta que Báez cuenta con una excarcelación firme y también con una domiciliaria firme -desde marzo de este año- por razones de salud y también por el prolongado tiempo que lleva detenido.
Sin embargo, la definición sobre la libertad nuevamente quedó en manos del TOF 4. La defensa de Báez ya dijo varias veces que no puede pagar una fianza, mas allá de la reducción del monto, ni siquiera ofreciendo un seguro de caución.
¿Puede salir de la cárcel antes que termine el juicio? Con la mismas circunstancias, el TOF viene rechazado diferentes planteos, incluso de Casación. El último fue hace dos semanas: el tribunal le negó a Báez la domiciliaria que dispuso el juez Sebastián Casanello, en marzo pasado, por la compra de un campo. “Las circunstancias que respectan específicamente a la existencia de riesgos procesales, no ha variado desde entonces, y ni siquiera han sido cuestionados en esta instancia por la defensa del encausado, sumando argumentos novedosos que ameriten ser nuevamente tratados; por lo que los riesgos procesales siguen vigentes por las razones expuestas en extenso en las instancias anteriores”, sostuvo el tribunal.
En esa causa, el empresario fue procesado en noviembre del año pasado junto al contador Daniel Pérez Gadín y Leonardo Fariña, entre otros. Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal en febrero de este año.
El TOF tuvo en cuenta el último informe médico sobre Báez que se encargó en la causa madre, donde está excarcelado. “De este nuevo informe -recibido el día 23 de julio- se desprende que más allá de las patologías crónicas que posee el interno que se describieron junto con los tratamientos y controles que se le efectúan, se encontraba clínicamente estable y sin intercurrencias médicas al momento del examen”, dice la resolución.
Si el TOF llega a hacer lugar a la domiciliaria, Báez iría a vivir a una casa del barrio Ayres del Pilar, en el kilómetro 43,5 de la Panamericana. Los vecinos ya rechazaron que se mude, pero el empresario mantuvo esa dirección ante la Justicia.
La casa, a nombre de la empresa Badial SA, estuvo vacía durante mucho tiempo y comenzó a reacondicionarse durante la cuarentena. Es una casa con techos de tejas, unos 250 m2 cubiertos, un lote de más de 800m2 y una pileta de 6x4.
Mañana se reanudará el juicio oral por “la ruta del dinero K”, con el alegato de los defensores de Báez. En la última audiencia, el fiscal Abel Córdoba pidió una pena de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones para el empresario, que ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas. La Fiscalía también pidió penas altas para los cuatro hijos de Báez y reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre del empresario, entre otros bienes.
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