Los jueces que integran los 28 Tribunales Orales Criminales de la ciudad de Buenos Aires -los que juzgan los llamados delitos ordinarios como robos, homicidios- emitieron un documento en el que señalaron una serie de críticas al proyecto de reforma judicial que presentó el gobierno de Alberto Fernández y que se está discutiendo en el Congreso de la Nación.
La principal objeción es a lo que llamaron una “completa incertidumbre” sobre el destino de muchos jueces y juezas cuyos tribunales desaparecerán, según el texto del proyecto. El escrito fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales, integrada por los jueces Gabriel Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Cataldi, Sergio Paduczak, Federico Salvá y Luis Altieri.
Las objeciones se suman a las que la semana pasada habían presentado la Cámara del Crimen y la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
El proyecto establece una reorganización de la justicia federal en el país. Entre esos cambios se cuentan la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con los de Penal Económico y la división de sus dos secretarías para que haya 46 tribunales de primera instancia. También duplica la cantidad de juzgados en el interior del país y la fusión de Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo Federal.
“Esta junta coincide en la necesidad de modernizar la justicia federal, así como también en el avance hacia un sistema acusatorio”, señalaron en el texto al que accedió Infobae, pero marcaron una serie de objeciones.
En el caso de la justicia penal nacional la iniciativa dispone su transferencia a la ciudad de Buenos Aires. Para los Tribunales Orales la iniciativa establece que aquellos jueces que ya dieron su consentimiento para pasar a la ciudad así se hará. Es el caso de los magistrados que asumieron en el gobierno de Mauricio Macri y se les hacía firmar su conformidad de pasar a la ciudad. Pero el proyecto nada dice cuál será el destino de los jueces que no dieron esa aprobación ya que asumieron antes. Para esas situaciones una vez que concluyan su último juicio el tribunal oral se disuelve. Es decir, deja a los jueces sin cargo.
El proyecto establece que los empleados y funcionarios de esos tribunales se reubicarán en otros lugares. “Nada dice sobre los magistrados y magistradas que aún permanezcan en funciones”, resaltó la Junta y agregaron que eso “provoca que un número de jueces y juezas de la nación, ya con la sanción misma de la ley, se verán instantáneamente sumergidos en una situación de completa incertidumbre, una vez que agoten su cometido en relación con los procesos en trámite”.
“Este extremo no sólo altera la estabilidad que debe garantizarse a los magistrados y magistradas de la nación para ejercer en plenitud su función, sino que además termina dando pie a una eventual causa de remoción por fuera de aquellas que establece la Constitución Nacional, en flagrante contradicción con sus reglas (115 y 53). Esto de seguro, será fuente de gran cantidad de acciones judiciales que pondrán en riesgo la efectiva concreción de la reforma”, advirtió.
El proyecto sí crea seis tribunales orales para el nuevo fuero federal que requerirán la selección de sus jueces.
La Junta recordó que una ley vigente -ley 27307 de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico- establecía la transferencia de tribunales orales criminales en federales. “Es importante subrayar que esa ley, examinada y sancionada hace apenas tres años por el mismo Congreso de la Nación, procuraba también un reforzamiento de la justicia federal penal, pero que no se agotaba en una simple fusión del fuero federal criminal y correccional con el penal económico nacional. Se incluía la incorporación de siete órganos más acoplando tribunales orales nacionales, aprovechando así la experiencia y conocimientos indispensables para una inmediata puesta en funcionamiento”, destacó la Junta y señaló que “sorprende la renuncia a esos recursos humanos, dejando de lado magistrados con probada capacidad para afrontar juicios orales, muchos de los cuales ya han intervenido en procesos de competencia federal a través del régimen de subrogación”.
Así hay un “dispendio de recursos económicos que supone la transferencia de cargos al estado local, junto con el traspaso de las competencias, y al mismo tiempo la creación de otros puestos exactamente equivalentes para los nuevos tribunales orales penales federales”.
“Sin embargo, entendemos que la reforma no se agota en la sumatoria de dependencias jurisdiccionales, y/o en la supresión de otras. Una modificación profunda también requiere contemplar las distintas modalidades que en el siglo XXI asume la criminalidad organizada; potenciada muchas veces por las nuevas tecnologías cuyo impacto merece ser ponderado y en base a ello, repensar el alcance de la competencia federal, tanto en su faz territorial cuanto material”, agregó el comunicado. Para concluir que el proyecto de reforma “constituye una oportunidad para que el aporte de todos los actores involucrados en el sistema de justicia, muestre que el consenso puede sacar lo mejor de los argentinos”.
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