Carlos Rívolo: “La decisión de reformar la Justicia fue política e inconsulta”

El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales nacionales, aseguró que el país no atraviesa “el mejor momento” para implementar una reforma de la Justicia como la que impulsa el gobierno nacional y también lamentó que el oficialismo no haya aprovechado la oportunidad para avanzar en base a “un gran acuerdo” con todos los sectores.

Si bien Rívolo reconoció que la Justicia necesita algunas reformas, explicó “la creación de 94 juzgados en el interior del país, de 84 fiscalías federales, más otras 23 en el interior, más los defensores oficiales, más el tema edilicio” representan un importante gasto que el gobierno actual no está en condiciones de hacer en el marco del grave déficit fiscal -empeorado aún más por la pandemia- y de la renegociación de la deuda externa.

“A todas esas personas por lo menos hay que instalarles una computadora e ingresarlos en el sistema general que hoy por hoy ya tiene falencias. No pareciera ser lo mejor”, reflexionó durante una entrevista con el programa de Carlos Eguía, por Radio Cultura.

Según Rívolo, la decisión de Alberto Fernández fue “política” e “inconsulta”. En ese sentido, lamentó que el Presidente no haya aprovechado la oportunidad para hacer “un gran acuerdo nacional” con todo los sectores políticos y también escuchando a quienes están “detrás de los escritorios” del Poder Judicial.

“Salvo el doctor Raúl Alfonsín, cada uno de los gobiernos llegó con su plan de reforma de la Justicia bajo el brazo”, dijo.

Sobre ese tema, opinó que la principal falencia de todo el sistema, principalmente en el fuero federal, es la politización de los jueces y consideró que puede solucionarse a través de la reforma de algunas instituciones clave, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, consideró que la reforma más importante es la implementación plena del sistema acusatorio -funciona desde hace un año en Salta y Jujuy- que permitirá a los fiscales conducir la investigación y encargarse de la recolección de pruebas, mientras que los jueces sólo deberán concentrarse en garantizar el debido proceso y en juzgar en base a las evidencias. “Es el sistema ideal, es el más transparente”, dijo Rivolo.

A su vez, criticó la intención de flexibilizar la posibilidad del recurso extraordinario ante la Corte Suprema no solo por sus implicancias políticas actuales sino por los problemas que traería aparejado para el funcionamiento del máximo tribunal.

“Si se elastiza el recurso extraordinario, obviamente las peticiones que ha hecho la presidenta Cristina Kirchner tendrían una acogida positiva en cuanto a su aceptación. Pero eso también abre la posibilidad a muchos otros reclamos. Entonces la Corte se transforma en un almacén de ramos generales”, sintetizó.

Además, señaló que actualmente el Poder Ejecutivo es quien más apelaciones presenta ante la Corte en relación a los casos de ajustes jubilatorios.

En cuanto a la Comisión de Asesores que se pronunciará sobre la ampliación del máximo tribunal, Rívolo aseguró que el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, “no debería estar”.

Una de las principales novedades del proyecto que impulsa el gobierno nacional es la creación de un nuevo fuero federal para la ciudad de Buenos Aires. Se trata de los tribunales que investigan las causas de corrupción del poder político y económico y de los funcionarios públicos. Pero también el crimen organizado como los casos de narcotráfico, secuestros, trata de personas. Ese fuero –los tribunales de Comodoro Py– tiene 12 juzgados de primera instancia. El proyecto los unifica con los 11 juzgados del fuero penal económico, que también es federal y se encarga de las causas por contrabando y delitos tributarios y aduaneros.

Con esa fusión los juzgados son 23 pero se transformarán en 46 porque cada uno tiene dos secretarías que pasarán a ser juzgados. El objetivo es licuar el poder de los históricos 12 jueces federales que en muchos casos se manejan políticamente.

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