Qué dice el Decreto que oficializó la creación del Consejo Consultivo para la reforma de la Corte Suprema

Comenzará a funcionar el 18 de agosto y tendrá 90 días para elaborar sugerencias con respecto al máximo tribunal, al Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y a los juicios por jurados

El presidente Alberto Fernández anunció el proyecto de ley para reformar el sistema judicial (Reuters)
El presidente Alberto Fernández anunció el proyecto de ley para reformar el sistema judicial (Reuters)

Luego de la presentación del proyecto de reforma judicial que encabezó Alberto Fernández en Casa Rosada, el Gobierno Nacional oficializó la conformación del consejo que asesorará al Presidente para la modificación de la Corte Suprema de Justicia.

Además de presentar la iniciativa que ingresará al Congreso, este miércoles se anunció la creación del comité que estará a cargo de las sugerencias para la reforma de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, a través del Decreto 635/2020, el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público” fue oficializado este jueves.

En efecto, los once integrantes son: Claudia Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

El consejo realizará su tarea ad honorem. Comenzará a funcionar a partir del 18 de agosto y tendrá un plazo de 90 días para elaborar “un dictamen con recomendaciones y propuestas”. Dicho documento será confeccionado sobre cuatro ejes:

Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Se realizará un análisis de su funcionamiento que incluya “el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal”. Se hará una “evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria”.

El estudio incluirá una “eventual reformulación del sistema de desestimación in limine-certiorari”, además de revisar las normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal.

Consejo de la Magistratura de la Nación:

Se realizará un análisis sobre su funcionamiento que incluya “la conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema”; la evaluación acerca de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; el análisis sobre la forma de dotar de una “mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados”, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia. Aquí también se incorpora la perspectiva de género en la composición del Consejo.

Ministerio Público:

La evaluación sobre su funcionamiento incluirá “la conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios”. Respecto del Ministerio Público Fiscal, se contempla realizar una evaluación acerca de incorporar a su estructura a la actual Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera.

Sobre el Ministerio Público de la Defensa, se analizará la posibilidad de integrar al servicio de defensa oficial, a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones.

Juicio por jurados:

Respecto a este tema, “el consejo hará un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional”.

Por otra parte, la Comisión estudiará el modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones a los valiosos recursos humanos con los que cuenta el actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

“El dictamen que el Consejo Consultivo efectúe será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas”, aclaró el decreto, que resalta que el Consejo contará con apoyo de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

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