Guillermo Lipera: “¿Qué independencia puede tener la Corte si queda a tiro de una comisión?”

El ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la integración de un consejo para analizar cambios en el máximo tribunal. "Cada vez que metieron mano en la Corte, se terminó perjudicando su independencia", valoró

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Guillermo Lipera
Guillermo Lipera

Guillermo Martín Lipera es un abogado particular. Lejos de refugiarse en su estudio jurídico, su pasión pasa por construir con otros, empujar proyectos colectivos, desde un Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al que le fue sacando su posicionamiento “aristocrático” (donde fue presidente), hasta acercar IDEA (del que fue vicepresidente) a los sectores más críticos del mundo empresario para facilitar la comprensión mutua. Oriundo de Chivilcoy, padre de 9 hijos, Lipera no le tiene miedo al esfuerzo que puede significar la realización de una auditoría de la Justicia Federal, asunto al que se abocó con dedicación y esfuerzo. Hace meses que está preocupado por devolverle al Consejo de la Magistratura su equilibrio original, buscando despolitizar el ámbito donde deben seleccionarse y, en todo caso, removerse los jueces. En eso estaba cuando el Gobierno anunció que se venía una nueva reforma judicial que, probablemente, termine con una nueva intromisión a la Corte Suprema de Justicia. Aquí el diálogo que tuvo con Infobae.

- ¿Qué es más importante para asegurar la independencia de la justicia, la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura?

- El Poder Judicial independiente es importante en todas las instancias. El impacto para la gente común no es tanto en la Corte, porque son muy pocos los asuntos que llegan ahí. Pero sí es muy importante tener una corte independiente.

- ¿Y qué se necesita para que la Corte sea independiente?

- En principio, cuantas menos veces se toque el número de los miembros de la Corte, mejor. La experiencia nos indica que cada vez que el Poder Ejecutivo metió mano aumentando la integración, terminó perjudicando la independencia de la Corte y debilitando su prestigio. Dos ejemplos. Uno, el de (Arturo) Frondizi, que aumentó en 1960 el número de 5 a 7. El más reciente fue el de (Carlos) Menem en 1990, que pasó de 5 a 9. Los efectos de esa última ampliación todavía lo estamos pagando hoy, por eso hay que evitar tocar el número de los integrantes.

- ¿Y cuál es el número ideal, para usted?

- Es opinable. Pueden ser 5, 7 o 9. Creo que funciona mejor con menos integrantes, porque hay menos burocracia y los consensos son más sencillos cuando son menos. Pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Creo que el buen ejemplo es el de la Corte designada por Raúl Alfonsín, que con mayoría peronista tuvo el respaldo para elegir la mejor Corte Suprema que hubo en la democracia, la más equilibrada y democrática. Incluso, recordemos que llegó a ofrecerle la presidencia de la Corte a Italo Luder, que había perdido las elecciones presidenciales con él. Una Corte como esa no la tuvimos nunca. Por eso, yo lo que evitaría es volver a menemizar la Corte. Más vale dejarla con cinco y si en algún momento el Congreso entiende que la Corte no está funcionando como se debe, tiene siempre la alternativa del juicio político. No puede ser que la Corte está a tiro de comisiones creadas ad hoc que finalmente terminan colonizando su funcionamiento ¿Qué independencia podés tener como miembro de la Corte si estás a tiro de una comisión?

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- Siendo senadora, en el 2006, Cristina Kirchner presentó un proyecto para reducir el número de la Corte menemista. ¿Querrá ampliarla ahora?

- No lo sé, no me consta que pretenda ampliarla ahora. No hay declaraciones de la Vicepresidenta al respecto. Lo que sí puedo decir es que cuando ella fundamentó ese proyecto en el Senado sorprendió a todo el mundo, nadie se imaginó que iba a salir con algo tan bueno, porque no alteró la composición del momento y se fue reduciendo a medida de que se produjeron las vacantes. Hoy la que está vigente es esa ley, la 26.183.

- En ese momento, la oposición radical acompañó. ¿Qué debería hacer ahora la oposición hoy?

- Por lo que se sabe, se trata de una comisión no vinculante. No obliga a nadie. En función de eso, el Poder Ejecutivo verá qué hace con las recomendaciones que le hagan llegar. El final de la discusión sigue siendo resorte del Congreso, así que la oposición tendrá que debatir, pero difícilmente aceptará que se toque la Corte. En la Argentina, el Poder Judicial se mueve pendularmente, conforme al clima de época, lo que fue siempre así. Para terminar con eso, lo que hay que hacer es dejar a la Corte tranquila, sino siempre estará a tiro del presidente de turno.

- ¿Y cómo entra el Consejo de la Magistratura en la discusión actual?

- Es clave. En 1994 se creó el Consejo de la Magistratura para limitar al poder político en los procesos de selección y remoción de los jueces. Lo que se buscaba es ponerle un límites a la influencia de los partidos políticos, buscando un equilibrio entre distintos sectores, tal como lo estipula la ley especial que votó el Congreso en 1994. Así, los representantes de los órganos elegidos por el voto popular, el congreso y el poder ejecutivo, tienen 20%, los representantes de los jueces, otro 20%, los representantes de los abogados, otro 20% y los representantes de la academia, el otro 20%. De este modo, había un equilibrio. Pero en el 2006 se modificaron esos porcentajes con la mayoría que tenía el gobierno de entonces en el Congreso, todas las organizaciones de abogados hicieron demandas contra eso, y recién en el 2015 una Cámara falló a favor nuestro, diciendo que era inconstitucional. El gobierno de Cristina Kirchner interpuso un recurso extraordinario y todo hacía suponer que el gobierno de Mauricio Macri anularía ese desequilibrio en el Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, la Corte no habló al respecto. Creo que sería un muy buen mensaje que se pronuncie por la inconstitucionalidad de esa reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, todas las asociaciones de abogados y de jueces y también la academia, saldríamos a respaldar esa decisión. Creo que es el momento, no hay ninguna razón para que no lo haga.

Comparativo de la integración del Consejo de la Magistratura en su ley original de 1994 y luego con su modificación en 2006.
Comparativo de la integración del Consejo de la Magistratura en su ley original de 1994 y luego con su modificación en 2006.

- Aquí tenemos los cuadros que usted preparó mostrando el equilibrio perdido y necesario.

- Es muy importante tener en cuenta ese equilibrio, porque de ese modo, el poder político carece de poder de veto por sí mismo, no llega a los dos tercios que necesita (66%) para frenar aperturas de juicios políticos, por ejemplo.. El caso Canicoba Corral es una muestra clara.

- Entonces, ¿usted está de acuerdo o no con la reforma judicial que propicia el Gobierno?

- Todavía no tenemos el texto, pero definitivamente yo quiero jueces independientes y eficaces. Tanto en la cabeza, para temas extraordinarios, como también en todos los juzgados que dependen del Consejo de la Magistratura. Por eso no hay que olvidar que el Poder Judicial es el más débil, no maneja ni las armas ni la plata, tenés que blindarlo, la mejor manera es no andar manoseándolo, no le cambies la integración cuando querés, tenés que rendirle culto, incluso diría sobreactuar el respeto al juez. Hay que ponerle freno a la tentación de los políticos de todos los partidos de incidir en la justicia. Por eso, si la reforma judicial tiene consenso en el Congreso no tengo problemas. No se puede estar en contra de licuar el poder de los juzgados federales en lo penal y en contencioso administrativo. Es algo que está bien, pero que debe surgir de un consenso de oficialismo y oposición, como corresponde a las reglas de la democracia. Por eso no es que me oponga.. Mi postura en esto es apartidista, es un tema de lógica nomas.

- ¿Tiene opinión sobre la posibilidad de que el abogado Carlos Beraldi, abogado defensor de la Vicepresidenta, sea parte de la futura comisión asesora?

- A mí no me gusta hablar de nombres, sino de principios. Y técnicamente no se puede estigmatizar a un abogado por los clientes que tiene. Otra cosa es que políticamente sea contraproducente designarlo o no y hoy parece que lo es.

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