Guillermo Dietrich negó las acusaciones en su contra en la causa por las concesiones viales

El ex ministro de Transporte declaró ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que le tomó indagatoria por zoom. Está acusado de beneficiar a las empresas de Mauricio Macri cuando ambos estaban en el gobierno

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte
Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte

Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte macrista, negó hoy las acusaciones que le formularon en la llamada causa “peajes”, en donde se investiga si durante el gobierno de Mauricio Macri se benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente. Dietrich aseguró que ese proceso le ahorró al país un juicio millonario y se hizo sin pagar “un solo peso”. Pero además el ex funcionario también aprovechó para desmentir la denuncia sobre un beneficio de Macri o su familia con el aumento de los peajes, y subrayó que así lo definió el juez Daniel Rafecas, en un fallo dictado en 2017.

“El supuesto negociado que denuncian le ahorró al país 3.000 millones de dólares reclamados a través del CIADI y un juicio internacional al estilo YPF, en los que al país nunca le fue bien”, afirmó el ex funcionario en un descargo por escrito, luego de una audiencia por zoom en la que se negó a contestar preguntas.

El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga una denuncia presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, en la que se reportan presuntas maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.

Según la denuncia, el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.

La sospecha, según dijo el juez al disponer indagatorias, es que esos actos fueron dictados “en violación a la ley vigente” por “funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron” y “resultaron gravemente lesivos para las arcas del Estado”.

La causa tiene la carátula “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En la causa ya fueron indagados y procesados esta semana, en tiempo exprés, los ex funcionarios Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías.

A la hora de procesar a Iguacel y Saravia Frías, el juez afirmó que “los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”.

A su criterio, “cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”. Y señaló que “la función que realizó cada uno de los imputados resultó indispensable para la obtención del resultado querido conforme el plan original. Es decir, ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la acción, sino que ella se produce como consecuencia de la sumatoria de todos los actos parciales de aquellos”.

(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

Para el lunes, está citado Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía en la gestión macrista. Hoy fue la declaración de Dietrich. En una audiencia por zoom con el juez Canicoba Corral -a quien el imputado recusó sin éxito, como sus colegas de causa-, Dietrich escuchó la acusación, presentó un escrito y rechazó contestar preguntas. En el descargo de 120 páginas, el ex funcionario macrista defendió la negociación que se hizo para resolver un conflicto con los concesionarios que -resaltó- llevaba más de 14 años de proceso, según informaron desde la defensa.

Según Dietrich, “desde que asumió en diciembre de 2015, la gestión de Cambiemos se comprometió con el cumplimiento de la ley y comenzó, luego de años de incumplimiento, a respetar los acuerdos que heredó, incluyendo los contratos con las empresas de servicios públicos y/o concesionarias del Estado. Y entre esos contratos estaba la concesión de las autopistas de los accesos Norte (AUSOL S.A.) y Oeste (GCO S.A.) a la Ciudad de Buenos Aires”, con acuerdos firmados pero “incumplidos por los gobiernos anteriores durante 14 años”.

En esas renegociaciones, Cambiemos: le ahorró al país un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados, bajando los intereses, estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales para quienes los que viajan todos los días entre Ciudad y Provincia de Bueno Aires.Todo esto se hizo sin ningún tipo de desembolso de dinero por parte del Estado”, resaltó.

En la defensa, el ex ministro afirmó que el proceso fue “completamente transparente” y rechazó que “el acuerdo no significó ningún cobro inmediato por las empresas concesionarias como lo indica falsamente la denuncia”. También sostuvo que “gracias al acuerdo se lograron dejar de lado los reclamos por daños y se aplicaron multas por los incumplimientos de las concesionarias por más de 69 millones de dólares, algo que ningún otro gobierno había hecho antes”. ”El supuesto negociado que denuncian le ahorró al país 3.000 millones de dólares reclamados a través del CIADI y un juicio internacional al estilo YPF, en los que al país nunca le fue bien”, remarcó.

Dietrich aseguró además que “los dichos de que Mauricio Macri era miembro accionario de la empresa AUSOL no son ciertos”. Según sostuvo, “SIDECO AMERICANA, controlada por SOCMA, fue accionista de AUSOL -con una representación del 2,37% de los votos y sin directores ni asistencia a las asambleas - hasta mayo de 2017. La renegociación contractual fue posterior a que la familia Macri se desprendiera de las acciones luego de la venta a la empresa Natal Inversiones donde sus socios ya eran accionista desde el año 2006”.

“Respecto al beneficio de la familia Macri en relación al aumento de peajes éste ya fue investigado y desestimado en la Justicia. Existió una denuncia formulada por la diputada Margarita Stolbizer, que se trató en el despacho del juez (Daniel) Rafecas y sobre la que éste se expidió el 14 de diciembre de 2017, entendiendo que no existía delito en los hechos investigados”.

Los ex funcionarios sospechas que, más allá de las explicaciones, Canicoba Corral terminará procesándolos, como hizo con Iguacel y Saravia Frías. Por eso las defensas confía en revertir estas decisiones en las apelaciones que presenten ante la Cámara Federal. De hecho, en la Cámara Federal ya ingresó la recusación contra Canicoba Corral que presentó la defensa de Iguacel.

A partir del 29 de julio, además, Canicoba Corral ya no estará más al frente del expediente ni en tribunales. Se jubila porque cumple 75 años y hoy fue sorteado Julián Ercolini para subrogar durante un año ese juzgado.


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