Quiénes son y a quiénes investigan los 10 jueces cuyos traslados el Gobierno quiere anular

El gobierno nacional de Alberto Fernández presentó un pedido en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales, para que se revisen los traslados de magistrados que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri, la mayoría de ellos en cargos de importancia política.

El debate comenzará hoy en una reunión que tendrá la Comisión de Selección del Consejo. Infobae detalla cuáles son las objeciones planteadas por el Poder Ejecutivo a cada uno de esos traslados.

Zunilda Niremperger

Es la actual titular del juzgado federal 1 de Resistencia, en Chaco. Allí fue trasladada en mayo de 2017 desde el juzgado federal 2. La objeción al paso es que el juzgado 1 tiene la competencia electoral en la provincia y cuando Niremperger se postuló para ser jueza no lo hizo en un concurso que contempló la temática electoral. Y que tampoco tuvo acuerdo del Senado para el traslado. Niremperger procesó y dictó la prisión preventiva de Aída Ayala, diputada nacional, ex funcionaria de Macri y referente de la UCR en Chaco, por lavado de dinero. También investigó al ex gobernado de la provincia Domingo Peppo.

Juan Manuel Iglesias

Es juez federal en Chaco. Integra el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Fue trasladado allí en octubre de 2017 desde el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, porque todavía no había sido creado. La crítica al traslado es que se hizo sin acuerdo del Senado y que Iglesias concursó para ser magistrado en Entre Ríos y no en Chaco.

Leopoldo Bruglia

Integra la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que revisa las investigaciones de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Intervino en la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción”. Llegó a la Cámara en abril de 2008 desde el Tribunal Oral Federal 4. La objeción es que no concursó para ese cargo, que no tiene acuerdo del Senado y que es distinta la competencia entre el Tribunal y la Cámara.

Eduardo Farah

Integraba la Sala I de la Cámara Federal. Fue cuestionado por el macrismo por el fallo que liberó a los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa en la causa “Oil Combustibles”. Pidió su traslado al Tribunal Oral Penal Económico 1 y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. La críticas es a los dos traslados. En el primer caso porque la competencia penal económica es distinta a la federal y en el segundo porque se cambió de jurisdicción. Además en ambos casos no tiene acuerdo del Senado.

Germán Castelli

Es juez del Tribunal Oral Federal 7. Es el tribunal que tiene para juzgar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el caso de los “cuadernos de la corrupción” y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por el caso de Río Turbio. Fue trasladado allí en octubre de 2018 desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín. La objeción es que no tuvo acuerdo del Senado y el traslado se hizo a otra jurisdicción.

Esteban Hansen

Fue traslado en diciembre de 2018 del juzgado federal de Libertador General San Martín, en Jujuy, al juzgado federal 1 de esa provincia. Se trata del tribunal que tiene la competencia electoral de la provincia y la objeción es que no concursó para ese materia y que no tiene el acuerdo del Senado.

Pablo Bertuzzi

Integra la Sala I de la Cámara Federal donde junto con Bruglia intervino en el caso de los cuadernos. El cuestionamiento es a dos traslados. El primero, en abril de 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py. La crítica es que el pase fue a una jurisdicción para la que no había concursado. El segundo traslado fue en septiembre de 2018, durante el gobierno de Macri, del Tribunal 4 a la Cámara Federal. Lo que se objeta allí es es distinta la competencia entre el Tribunal y la Cámara. Y que ambos traslados se hicieron sin acuerdo del Senado.

Federico Villena

Es el juez que investigó, hasta que fue apartado, el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros dirigentes políticos de Cambiemos y del peronismo. Es juez del juzgado federal 1 de Lomas de Zamora. Fue designado allí en diciembre de 2018 porque había ganado el concurso para el juzgado federal de Moreno. La crítica es que no tiene acuerdo del Senado para el traslado y que las jurisdicciones son distintas.

Enrique Velázquez

Es el traslado más antiguo que se cuestiona. Ocurrió en enero de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Pasó del juzgado de Instrucción 36 al de Menores 7. La objeción es que no tiene acuerdo del Senado y la diferencia de competencia entre Instrucción y Menores.

María Verónica Skanata

Fue trasladada en septiembre de 2015 del juzgado federal de Oberá, en Misiones, al juzgado federal 1 de Posadas, que tiene la competencia electoral de la provincia. La crítica es que no concursó para la competencia electoral y que el traslado no tuvo acuerdo del Senado.

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