Con colaboración de la oposición pero algunas advertencias, el Gobierno avanza en el Senado con la propuesta a los tenedores de deuda bajo ley local

Con apoyo de la oposición, y algunas advertencias, el Gobierno dio un paso más en el Senado para avanzar en el proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Argentina. El tono del debate volvió a ser el que se registró en las sesiones extraordinarias de febrero cuando por unanimidad se votó en la Cámara alta la Sostenibilidad de la Deuda bajo Ley Extranjera. Sin peleas, se recuperó el clima de diálogo y entendimiento entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por lo que sorprendió a la oposición que el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos), insistiera en votar el dictamen hoy mismo e incorporar modificaciones, previo acuerdo con el Ejecutivo, recién cuando el texto llegue para su tratamiento al recinto.

Ante la comisión, a la que se invitó a los senadores de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda, expusieron el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y el subsecretario Ramiro Tossi. Durante una hora y cinco minutos ambos fundamentaron el proyecto de ley y luego respondieron preguntas. Incluso aceptaron propuestas de la oposición.

En nombre de Juntos por el Cambio fue el ex ministro de Economía Martín Lousteau quien planteó consultas y correcciones. Principalmente manifestó dos preocupaciones. La primera respecto a la redacción de la cláusula RUFO ya que, consideró, debería indicarse que la ley se aplicará desde su sanción. El riesgo, explicó, es la ventana de tiempo entre el tratamiento de la ley y la negociación paralela con los tenedores de títulos bajo ley extranjera. Bastourre apuntó como lo más destacado de la ley a tratar en el Congreso que se da el mismo y “equitativo” tratamiento a los tenedores locales y extranjeros. Lousteau repitió la necesidad de salvar en la redacción la posibilidad de que en esa ventana de tiempo los extranjeros consigan una mejora en la oferta. Caserio pareció responderle al senador al mismo tiempo que a los bonistas: “Esta es la oferta final, el Gobierno no hará otra oferta”.

De todos modos, Bastourre quiso darle tranquilidad al senador radical. “Estamos completamente abiertos a una redacción superadora y a consensuar”, repitió.

La segunda duda de Lousteau fue respecto a si los organismos públicos tenedores de deuda podrían verse “desfavorecidos” ya que, alertó, “hay que hacerlo con mucho cuidado porque están administrando pasivos de terceros”. Como ejemplo mencionó a los jubilados y los fondos del PAMI y ANSES. “Entendemos la inquietud, cada organismo público discutirá”, agregó el secretario de Finanzas en otro intento por llevar tranquilidad respecto a que se harán canjes que no perjudiquen a los pasivos argentinos.

En el inicio de la presentación, el secretario de Finanzas de la Nación desmenuzó el proyecto de refinanciación, la oferta que se hará a los distintos grupos de bonistas y los incentivos para que accedan a la propuesta argentina.

El joven funcionario enmarcó la propuesta en el plan de Economía que arrancó en diciembre con la Ley de Solidaridad, continuó en febrero con la aprobación en el Congreso de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo legislación extranjera y que completaron los decretos 346, 391 y 582 de este año para el diferimiento del pago de intereses y amortización de capital, reestructuración de títulos bajo ley extranjera al que se invitó al canje de títulos y la última enmienda. Subrayó Bastourre que la propuesta para la que el Ejecutivo pide autorización al Congreso se instrumenta en un “sintonía” y “equidad” tanto para los tenedores de bonos bajo ley extranjera y los títulos públicos emitidos bajo ley argentina.

Bastourre, acompañado por una serie de filminas con toda la información, avisó que desde la presentación del proyecto de ley hasta esta reunión de comisión la propuesta se redujo de USD 45000 a USD 41714 tras la operación de canje del viernes pasado.

El secretario destacó que se pasará de “un perfil de vencimientos muy cargados en los primeros años, de USD 32400 millones en 2024 a USD 2152 millones básicamente por el pago de intereses en esos años ya que el capital se empieza a pagar en el 2025″. Y repitió: “Habrá un alivio financiero en el corto plazo”.

En la breve ronda de preguntas, Lousteau (Evolución-UCR), arrancó con comentarios elogiosos. “No hace falta esta ley salvo para una autolimitación que nos parece muy buena”, subrayó en referencia a que el Poder Ejecutivo quedó facultado a través de la ley de Solidaridad, la 27541 del mes de diciembre. Sin embargo durante toda la reunión reclamó tomarse unos días más antes de la firma del dictamen. Caserio se comprometió, después del aval de Economía, a incorporar los cambios al texto que se vote en el recinto lo que, anticipó, podría ocurrir la próxima semana pero pidió votar a viva voz y pasar el dictamen para la firma digital.

Intercedieron entre Lousteau y Caserio el vicepresidente de la comisión, Esteban Bullrich (PRO) y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans. Bullrich ofreció aportar hoy mismo la nueva redacción para cumplir con los plazos urgentes del oficialismo y consideró que “no sería bueno votar ahora” para “dar buenas señales para afuera y votar ahora nos va a obligar a tener alguna disidencia parcial”. “Vale la pena el trabajo”, agregó y recordó que en febrero Juntos por el Cambio aportó los dos tercios de los votos para la ley de sostenibilidad de la deuda bajo ley extranjera. Esos dos tercios que en los últimos meses, tras varios roces con el oficialismo, se negaron a dar.

Mayans se mostró más contemplativo de lo habitual y hasta mencionó como “Martín” y “Esteban” a ambos opositores. Él le dio la solución a Caserio y pidió no votar a viva voz y dar tiempo para pasar uno a uno el dictamen para su firma digital mientras se espera la posibilidad de incorporar los cambios. “Es importante el aporte que hizo Martín”, repitió dos veces y propuso “trabajar todos juntos porque es estratégico”.

“Entiendo que se trata de un tema vital, pero hablamos de un universo de 42.000 millones de dólares, lo que hagamos puede condicionar la reestructuración, una redacción concienzuda es mejor”, continuó sin éxito con su planteo Lousteau, que aceptó la idea de Mayans de incorporar los cambios en otra instancia.

Desde Misiones, el otro vicepresidente de la Cámara y senador por el Frente Renovador de la Concordia, Maurice Closs, expresó el deseo de todos: “Me gustaría que esto salga por unanimidad”.