La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, dio el visto bueno para que el juicio oral por las presuntas irregularidades por la obra pública se reanude de manera remota por la pandemia del coronavirus pero las defensas de la mayoría de los ex funcionarios acusados se opusieron.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que las defensas del caso contestaron la propuesta del Tribunal Oral Federal 2 de reanudar el juicio, suspendido en marzo por el aislamiento obligatorio, de manera remota mediante en sistema mixto. Los jueces y los testigos en una sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py y el resto de las partes -la Fiscalía, las querellas y las defensas- por videconferencia.
La defensa de la ex presidenta, a cargo de Alberto Beraldi, presentó un escrito en el que no objetó el reinicio del proceso de esa manera. Lo mismo hicieron las defensas de Juan Carlos Villafañe y José Santibañez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y la de Raúl Daruich, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. También lo avalaron el fiscal Diego Luciani y las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Sin embargo, el resto de las defensas se opusieron, en total ocho. Entre ellas la del empresario Lázaro Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y del Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
Las principales objeciones es que el sistema de videconferencia resiente la posibilidad de un efectivo derecho de defensa porque se pierde la inmediatez al momento de interrogar a un testigo, lo que sí se tiene en las audiencias presenciales. También señalaron que no tiene la seguridad que los testigos estén guionados al no poder controlarlos y que el medio remoto fue desaconsejo en tribunales internacionales, además de que puede presentar problemas de seguridad.
Las partes tenían plazo para contestar hasta ayer a las 9:30 horas. Ahora serán los jueces Rodrigo Giménez Uriburi, Jorge Gorini y Andrés Basso los que contesten los planteos. Pueden rechazarlos y avanzar o aceptar algunas objeciones y reanalizar el sistema.
Si el tribunal rechaza seguramente se hará una prueba técnica para probar el sistema y luego se fijará según el calendario que tenga el Consejo de la Magistratura de la Nación, el encargado de administrar la plataforma “Jitsi meet” por la que se hará el juicio. La expectativa estará en qué ocurrirá si las defensas llevan sus objeciones a la Cámara Federal de Casación, el superior de los tribunales orales que revisa sus decisiones.
El tribunal oral resolvió la semana pasada reanudar el juicio -que comenzó en mayo del año pasado y se suspendió en marzo con el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia- de manera mitad presencial y mitad remota y todos los lunes, que era antes del parate. Lo hizo luego de tener el aval del Consejo de que contaba con un sistema de videconferencia para poder hacerlo. El tribunal había pedido un sistema con 50 puntos de conexión.
Un juicio al de obra pública -por la cantidad de partes- es el que se le sigue a Báez y otros acusados por lavado de dinero. Ese proceso iba a reiniciarse mañana pero se postergó, en principio para el 1 de julio, porque en la prueba que se hizo hubo fallas técnicas que obligan a hacer ajustes.
En el juicio por la obra pública se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que la empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner. Principalmente el pago de sobreprecios en las obras que no fueron terminadas a pesar que las compañías de Báez cobraron los fondos asignados.
La próxima audiencia es la declaración como testigo de Javier Iguacel, el titular de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri que en 2016 presentó la denuncia penal que llevó al juicio oral.
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