El Congreso debate una ley de inclusión y un cupo laboral para travestis, transgénero y transexuales

Hay siete proyectos en discusión que establecen entre 1% y 2% de cupo para la administración pública. También se promueven beneficios fiscales para la actividad privada

Trece dirigentes de distintas organizaciones dieron su testimonio a favor de la ley
Trece dirigentes de distintas organizaciones dieron su testimonio a favor de la ley

“Trabajar salva vidas”. Katrina Quispe es cordobesa, es actriz, fue peluquera y transformó su negocio en una escuela. Fue la primera funcionaria en la Municipalidad de Córdoba, donde el ex intendente radical Ramón Mestre la designó subdirectora de Políticas de Genéro, cargo que ejerció hasta el recambio político de diciembre. La conocen como “Kitty”, sobrenombre que lleva desde su infancia cuando le anteponían el artículo “el”.

Fue una de las 13 militantes de distintas organizaciones y colectivos que coincidieron en el mismo pedido ante los integrantes de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados: a favor de una ley de cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero cuyo debate comenzó esta tarde en el Congreso.

Son siete los proyectos en discusión que establecen entre 1% y 2% de cupo en algunos casos para el sector público y en otros también para el sector privado. El objetivo es estimular políticas de inclusión que eviten la discriminación y la posibilidad de que las personas travestis, transexuales y transgénero puedan conseguir un trabajo formal y accedan a las mismas oportunidades laborales que cualquier otra persona sin distinción de género.

Hay seis proyectos con estado parlamentario presentados por el Frente de Todos y uno del Frente de Izquierda. Uno de los proyectos fue redactado por la cordobesa Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos y militante de La Cámpora. En el texto se establece un cupo para el sector público y beneficios impositivos para aquellos privados que contraten personas trans y travestis. Hoy el 20% de esas personas declaran no realizar ninguna actividad rentada mientras que el resto expresan dedicarse a actividades vinculadas con la prostitución o tener un empleo precario o informal. “Siete de cada diez encuestadas afirmaron estar buscando otra fuente de ingresos y ocho de cada diez de las mismas declararon que su identidad trans les dificulta esta búsqueda”, manifestó la cordobesa entre sus fundamentos.

Entre otras diputadas habló la también cordobesa Brenda Austin. La radical defendió un proyecto integral “que vaya más allá de las iniciativas de cupo” porque “seis de cada 10 personas trans no terminaron la escuela, tres de cada 10 abandonaron los tratamientos médicos por discriminación, el 80% no tiene obra social y una de cada dos habita en viviendas precarias”.

Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica, coincidió con ellas y expresó su deseo de que “a pesar de las dificultades que estamos atravesando por esta pandemia podamos aprobar este año una ley trans integral” que enmarcó en una política de derechos humanos y de reparación hacia quienes serían beneficiarias.

La batería de iniciativas ingresaron por tercera vez a la Cámara baja. Ahora lo llaman “el proyecto Lohana Berkins” en homenaje a su “lideresa”, activista e impulsora de la identidad de género y del reconocimiento de derechos. Lohana falleció a los 50 años en febrero del 2016. Murió joven, como gran parte de las trans.

Gabriela Estévez, diputada nacional de Córdoba
Gabriela Estévez, diputada nacional de Córdoba

La posibilidad de salvar vidas con una ley que impulse el empleo formal, de abrir puertas a una vida digna, fue el eje común, aun con diferencias políticas entre quienes dieron sus testimonios o entre los legisladores. Se notó amplio consenso.

Después de la presentación de la presidenta de la comisión, Mónica Macha, habló Say Sacayán, coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, M.A.L., organización que presidía Diana Sacayán. Sacayán murió a los 39 años, asesinada. La mataron el 11 de octubre de 2015 y se convirtió en un símbolo. El 18 de junio de 2018 el Tribunal Oral Criminal Nro. 4 de la Capital condenó a su asesino en una sentencia en la que por primera vez se calificó el crimen de una persona travesti como un crimen de odio por la identidad de género. Fue un fallo histórico.

“Necesitamos travestis y trans que cambien las condiciones en que vivimos”, remarcó Sacayán para apoyar la ley.

Con marcado acento cordobés, como todas conectada a distancia, Daniela Candelaria Sajama de ATTTA, Córdoba, subrayó que esa norma “tiene que ser una ley integral y abarcar más allá del trabajo”. Al igual que el resto de las participantes, contó algunos de los últimos hechos de violencia que sufrieron algunas chicas trans.

Varias remarcaron el impulso que fue para ellas la identidad de género. “Kitty” Quispe, de Ser Trans Córdoba y referente de Juntos por el Cambio, se sinceró: “Le agradezco a Cristina Fernández de Kirchner que sacara la ley de identidad de género. No soy de ese signo político, no la voté. Pero necesitábamos el DNI, era una necesidad”.

La rionegrina Ornella Infante, militante del Movimiento Evita de Río Negro, secretaria de la Federación Argentina LGBT y hoy directora nacional de Políticas contra la Discriminación en el INADI, remarcó que “faltan voces”. Mientras hablaba en la pantalla se multiplicaban caras de mujer, excepto por un par de diputados. “Los varones trans también necesitan que se los escuche, sufren violencia y negaciones de derechos, y también las personas trans no binarias”. Señaló que en su provincia hay cupo laboral trans en la administración pública y también en seis municipios, además de la Universidad Nacional del Comahue. Sin embargo, destacó, la ley no alcanzó porque “entra uno u otro compañero”.

Victoria Castro de 100%, de Diversidad y Derechos, pidió “hacer historia”. Y les dijo a los legisladores: “Quiero darles nuestras vidas y las de nuestras compañeras a los diputados”. Y rogó que “no nos sigan matando. No quiero muertos a mis hijos por una elección de vida, apelo a sus corazones”.

Fue tan emotivo como el testimonio de Paula Arraigada de Activista Trans, feminista, asesora en el Congreso, autoridad del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura Porteña e integrante del Movimento Trans Nadia Echazú y La Nelly Omar. “La mejor forma de homenajear a las muertas es hacer algo por las que están vivas”, advirtió. Le tembló la voz cuando subrayó que por vivas no se refería a las que estaban participando del debate, “que tenemos trabajo”, sino que se refería a “un montón que están afuera, no han logrado tener ni lo básico”.

Además participaron Karin Tuma, secretaria de Identidades Trans, Travestis, Intersex y No Binaries de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias; Claudia Vásquez Haro, presidenta de la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina; Marcela Romero, directora de Casa Trans y ex presidenta de la Federación LGBT; Vanesa Cufre, del Frente por la Igualdad del Movimiento Evita; y Mia Colussi, vicepresidenta de la Fundación Travesti Trans – Chaco.

La última de ellas, Ivanna Gutiérrez, referente travesti trans de Conurbanes por la Diversidad / Orgullo y Lucha y directora de Políticas para la Diversidad del Municipio de Morón, manifestó que la ley “sirve para combatir el travesticidio social. Ningún travesti, ninguna trans, ha nacido para ser prostituida”.