El presidente del Consejo de la Magistratura propone ampliar la Corte Suprema para poder manejar los fondos ahorrados

El presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, afín al oficialismo, reclamó ampliar la Corte Suprema de Justicia para poder manejar el dinero que el máximo tribunal viene ahorrando. Así lo dejó plasmado en un audio que circuló entre distintos jueces, a los que les advirtió “no lloren” y les garantizó que ya estaba todo organizado para que pudieran cobrar el sueldo y el aguinaldo.

“No lloren, che. Se les están pagando, el aguinaldo del Poder Judicial se paga ahora. Y el sueldo de julio también lo van a cobrar íntegro. A ver. Tengan un poquito más de fe en la conducción y en la muñeca. No pueden ser tan llorones. Y la Corte no va a largar un mango en la puta vida”, sostiene Lugones en el audio.

“Creo que lo único que puede largar es cubrir los gastos que hicimos de insumos para el tema salubridad, higiene y todas las demás cosas que se aprobaron en los últimos días. Eso se va a aprobar. Es lo único que van a dar. Después olvídense. Olvídense. Olvídenlo. La Corte eso lo tiene no sé para qué pero lo tiene. Habrá que cambiar a los ministros de la Corte, que haya una mayoría diferente y en consecuencia, con una mayoría diferente, se podrá disponer del capital ese que tienen guardado y los intereses, de manera que sea productivo para el Poder Judicial”.

Lugones es integrante de la Cámara Federal de San Martín y referente de la Lista Celeste de los magistrados, la más cercana al kirchnerismo. Fue uno de los firmantes de las primeras solicitadas de Justicia Legítima, la agrupación afín a esa fuerza política. Llegó a la cabeza del Consejo de la Magistratura en febrero pasado. Fue elegido por un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, pero tuvo el impulso del representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarroz.

El Consejo de la Magistratura es quien paga los sueldos del Poder Judicial. En abril ya había tenido problemas para depositar los sueldos de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial y terminaron girando en descubierto unos 1.200 millones de pesos. “El Poder Judicial no va a funcionar de acá a dos meses”, había dicho Lugones en la reunión que los 13 integrantes tuvieron por videconferencia y que se transmitió por la página web del organismo a inicios de abril.

En ese momento, desde el Consejo pidieron una reasignación de fondos al Poder Ejecutivo, advirtieron que el pago de los sueldos de junio estaba en riesgo y anunciaron que pedirían a la Corte Suprema un préstamo del fondo anticíclico que maneja el máximo tribunal.

Ese fondo, un ahorro que hace la Corte Suprema con sus recursos, había sido abierto también en abril pero para destinar unos 40 millones de pesos en la compra de insumos frente al coronavirus. La puja por el dinero en la Justicia ya es histórica: en el máximo tribunal aseguran que su superávit es fruto de la buena administración y hacen foco en cómo se manejan en el Consejo de la Magistratura.

El Poder Judicial tiene como presupuesto el 3,5% de la recaudación nacional. El 2,93% es para el Consejo, que tiene la administración de toda la Justicia nacional y federal, y el 0,57% restante para la Corte Suprema, para su propia administración.

Las palabras de Lugones que se viralizaron en las últimas horas aparecen en medio de proyectos del Gobierno para ampliar la Corte. La iniciativa surgió del presidente Alberto Fernández cuando anunció su voluntad, en medio de los anuncios de reforma judicial, de convocar a un grupo de expertos para que digan si hay que ampliar la Corte Suprema. Lo hizo avisando que –a su criterio– eso no era necesario y separando a los integrantes del máximo tribunal de las críticas que había disparado sobre la Justicia federal. Fue la vicepresidenta Cristina Kirchner la que apuntó días atrás contra la Corte Suprema por no haber intervenido cuando ocurrió la divulgación mediática de sus conversaciones con Oscar Parrilli, su ex secretario presidencial.

Ya hay un proyecto del senador Alberto Rodríguez Saá para ampliar la Corte a 9 miembros, que fue cuestionado por diferentes constitucionalistas. En ese proyecto, Rodríguez Saá aseguró que sumar más integrantes garantizará “una representación respetuosa de la igualdad de género, del federalismo y de la real igualdad de oportunidades de los profesionales del derecho de las distintas regiones de nuestro país”.

La Constitución Nacional no fija un número de integrantes para el máximo tribunal de Justicia de la Nación. A lo largo de la historia se establecieron distintos criterios sobre cuántas personas debían integrar la Corte. En 1990, el entonces presidente Carlos Menem amplió a 5 a 9 miembros. Allí se convalidó una suerte de “mayoría automática” que el kircherismo se encargó de desarmar llevando a juicio político a varios de sus integrantes y renovando a sus miembros.

En el 2006, la Ley 26.183 estableció que se reduciría a 5 miembros, pero eso se iría haciendo de manera gradual en la medida en que sus integrantes se fuesen retirando. Actualmente, la Corte está integrada por Carlos Rosenkratz (presidente), Elena Highton de Nolasco (vicepresidenta), Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.