La exfiscal Thelma Aldana condiciona su retorno a Guatemala a cambios en el Ministerio Público

La exfiscal general Thelma Aldana vive exiliada en Washington desde 2019, después de salir de Guatemala por amenazas y por procesos judiciales promovidos durante la gestión de Consuelo Porras.

El 17 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo designó al abogado Gabriel García Luna al frente del Ministerio Público tras la salida de Porras, un cambio que Aldana considera clave para evaluar un eventual regreso.

El exilio le impidió volver a ejercer la abogacía y la alejó de su vida familiar, según relató. “Perdí mi país, perdí el clima de Guatemala, perdí mi profesión, nunca más pude volver a ejercer como abogada”, dijo.

La posibilidad de retorno, según su planteo, depende de que avancen decisiones dentro del Ministerio Público y de que existan garantías de seguridad, además de resolver las causas abiertas en su contra.

Cambios en el Ministerio Público tras la salida de Consuelo Porras

Gabriel García Luna asumió el 17 de mayo como jefe del Ministerio Público, tras ser designado por el presidente Arévalo. Aldana destacó como señal inicial la destitución de Rafael Curruchiche, a quien ubicó como una de las piezas centrales de las investigaciones contra opositores y periodistas.

Entre los casos mencionados figura el del periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde 2022, en una causa que organizaciones internacionales cuestionaron por el uso del sistema penal contra la prensa.

La salida de Porras, que estuvo ocho años al frente del organismo, reactivó expectativas entre quienes dejaron Guatemala durante su administración.

La gestión de Porras recibió sanciones de alrededor de 40 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, por acusaciones de persecución política y de socavar la democracia, de acuerdo con reportes públicos citados por organismos y gobiernos.

Ese contexto, según Aldana, explica por qué la transición en el Ministerio Público se volvió un punto de inflexión para los exiliados.

Procesos judiciales, falta de defensa y requisitos para volver a Guatemala

Aldana sostuvo que el 98% de las denuncias en su contra proviene de la Fundación Contra el Terrorismo y afirmó que “todas carecen de sustento”.

También dijo que no cuenta con recursos para afrontar una defensa legal y que planea pedir apoyo a organizaciones internacionales para enfrentar los expedientes abiertos.

Durante su paso por el Ministerio Público, Aldana impulsó investigaciones por corrupción que derivaron en detenciones y procesos contra exfuncionarios y empresarios entre 2014 y 2018. Según su relato, a partir de 2019 el nuevo escenario dentro de la fiscalía derivó en hostigamiento y causas judiciales que la obligaron a salir del país.

La organización Right Livelihood la reconoció en 2018 por su trabajo contra redes de corrupción en Guatemala, un antecedente que Aldana mencionó como parte del respaldo internacional que recibió en esos años.

Sobre el presente, sostuvo: “Veo que el nuevo fiscal está dando los pasos adecuados y espero que logre retomar la institucionalidad, pero es sumamente difícil porque es una destrucción de ocho años”.

Organizaciones como Human Rights Watch informaron que cerca de 90 operadores de justicia, periodistas y activistas abandonaron Guatemala entre 2019 y 2026, y describieron el fenómeno como una “persecución espuria” y un proceso de “cooptación de la justicia”.

Qué dijo Thelma Aldana sobre su futuro político y el contacto con el gobierno de Arévalo

Aldana afirmó que todavía no sabe cómo se reinsertaría si vuelve a Guatemala y describió un escenario material complejo. “No tengo idea de qué haré al volver, dónde voy a vivir, no tengo vehículo, regresaré en una condición precaria, pero estoy dispuesta a volver a trabajar, incluyendo incursionar en la política porque es un derecho y yo no renuncio a mis derechos”, sostuvo.

También indicó que mantuvo contacto con el gobierno de Arévalo en Washington y que confía en que, si se consolidan condiciones de seguridad y se revisa el uso de los procesos penales, ella y otros exiliados podrán regresar y retomar actividades públicas en Guatemala.