El Gobierno prorrogó la intervención de la AFI y remarcó que es necesario “terminar definitivamente con el uso arbitrario del secreto”

Se anunció que en los próximos días se enviará al Senado de la Nación el pliego para que Cristina Caamaño sea designada como directora del organismo de inteligencia

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Cristina Caamaño seguirá como interventora
Cristina Caamaño seguirá como interventora de la AFI hasta que se apruebe su designación como Directora del organismo de inteligencia

El Gobierno de Alberto Fernández prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por otros seis meses y anunció que en los próximos días será enviado al Senado de la Nación el pliego para que Cristina Caamaño sea designada directora del organismo. Permitirá “terminar definitivamente con el uso arbitrario del secreto”, argumentó el Poder Ejecutivo.

La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial, a través del Decreto 540/2020. Tal como estaba previsto, se oficializó la intervención de la AFI por 180 días. Días atrás la noticias fue confirmada por la propia Caamaño quien anticipó que seguirá seis meses más como interventora, “como era el proyecto inicial del Presidente cuando me ofreció el cargo, pero yo le pedí que fuera solo por seis. Termina el 21 de junio, pero puede ser prorrogables por otros seis meses, y así será”, expresó en una charla virtual titulada “De los sótanos del poder al estado de derecho”, organizada en el marco de la XVIII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).

En tanto, en el decreto que fue publicado hoy se hizo mención al funcionamiento del organismo de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri: “Profundizó los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”.

Al respecto se justificó la intervención, lo que no implicó “dejar de lado la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias para llevar adelante el cumplimiento de la misión institucional dispuesto por la ley para el organismo”.

Desde que Alberto Fernández designó a Caamaño como interventora “se han comenzado a disponer modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”, se argumentó en los considerando.

El Gobierno explicó que esos cambios posibilitó disponer “una modificación esencial sobre una de las áreas que mayores distorsiones había evidenciado, relativa a la indebida interacción con el sistema de administración de justicia, lo que se consolidó con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214 del 4 de marzo de 2020, que prohíbe a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.

En las últimas semanas, Cristina Caamaño denunció el presunto espionaje ilegal llevado a cabo durante la gestión de Macri y presentó ante la Justicia correos electrónicos que fueron intervenidos ilegalmente, y fichas de periodistas y organizaciones que se inscribieron para el G20.

Si bien la intervención se prorrogó hasta mediados de diciembre, la idea de Alberto Fernández es que Caamaño continúe al frente de la AFI. En el decreto publicado este martes, se adjuntó la propuesta de designación de la actual interventora para ocupar el cargo de Directora General, “con rango y jerarquía de Ministra”. El pliego con su desginación será enviado en los próximos días al Senado de la Nación para su aprobación. “Cuando la designación se haga efectiva, cesará de pleno derecho la intervención prorrogada por la presente medida”, se aclaró.

El próximo movimiento de la interventora de la AFI será preparar una reforma de la ley de inteligencia. Según comentó días atrás, se está trabajando en el tema con la Bicameral de control de organismos de inteligencia, “que creará un consejo consultivo, y que tiene 120 días para preparar y consensuar el texto”.

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