La Sala IV de la Cámara Federal de Casación sigue trabajando por teleconferencia a pesar de la feria judicial

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Gustavo Hornos continúa desarrollando su labor jurisdiccional durante la feria extraordinaria.

Esta semana se llevó a cabo el acuerdo semanal en el que los jueces deliberaron en numerosos expedientes. Se discutieron causas como la de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Tandanor, Banco Mayo, y temas de lesa humanidad y narcotráfico.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso desde el inicio de la pandemia una feria extraordinaria en la que se continúa garantizando el servicio de justicia. En ese marco, la Sala IV, a través de los medios digitales disponibles, ha continuado llevando a cabo su labor jurisdiccional.

Así se han dictado más de 400 sentencias vinculadas a la procedencia de prisiones preventivas, a las modalidades de cumplimiento de la detención y también a diversas sentencias definitivas de condena o absolución entre otras cuestiones.

En la Sala se han abordado múltiples materias tales como narcotráfico, trata de personas, lesa humanidad, delitos tributarios, corrupción y secuestros extorsivos.

La Cámara Federal de Casación Penal, mediante las acordadas 5/20, 6/20, 8/20, 10/20 y 11/20 –firmadas a raíz de la pandemia de coronavirus–, ha otorgado plena validez a los actos procesales realizados de forma remota, habilitando el trabajo de magistrados, funcionarios y empleados desde sus hogares; circunstancia que demanda la utilización y maximización de las herramientas digitales y tecnológicas disponibles.

La Cámara de Casación Federal ajustó su funcionamiento a las diversas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, para garantizar la prestación del servicio de justicia cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio establecido.

De tal manera, el máximo tribunal penal de la Nación ajustó su funcionamiento a las diversas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, para garantizar la prestación del servicio de justicia apelando a los medios informáticos disponibles, en una actividad fundamentalmente presencial.

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