Cerraron una causa por lavado de dinero contra Cristina Kirchner y los empresarios de los cuadernos

La Justicia cerró una investigación por lavado de dinero contra Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y los empresarios que están acusados en la causa de los cuadernos, como Paolo Rocca (Techint) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri y quien fuera dueño de la firma IECSA. Es porque, según se determinó, la Unidad de Información Financiera multiplicó investigaciones contra esos acusados, cuando presentó una nueva denuncia diciendo que los hombres de negocios procesados en las causas ligadas a las anotaciones del chofer Oscar Centeno tenían en su poder dinero de origen ilícito por los negocios que consiguieron sus empresas en la época kirchnerista.

El escándalo de los cuadernos había sacudido al mundo político y empresario en agosto de 2018. La UIF se presentó el 11 de abril de 2019 en los tribunales: buscaba abrir un expediente conexo por lavado de dinero. El Gobierno pedía así las indagatorias de los empresarios, algunos de los cuales llegaron a estar presos y otros eligieron arrepentirse para evitar la cárcel. Según el organismo que comandaba Mariano Federici, el derrotero del dinero que se movió alrededor de los cuadernos debía ser investigado “como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita”. “Los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”.

Para la UIF no solo habían existido coimas; también los empresarios, especialmente, habían ingresado dinero ilegal al circuito legal. Pedían la indagatoria de los sospechosos. Y también reclamaba que se cayeran todos los beneficios que se hubieren adquirido en los regímenes de blanqueo.

Hasta el juez Claudio Bonadio rechazó sumar esa denuncia a su megainvestigación. Señaló que, en todo caso, las causas por lavado de dinero eran sobre los ex funcionarios que respondían a Cristina Kirhcner, porque eran los que habían recibido dinero. A los empresarios ya los había procesado por entregar coimas en los viajes de Oscar Centeno y por haber llevado adelante una cartelización de la obra pública.

El caso, por sorteo, fue a parar al juzgado de Sebastián Ramos, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Precisamente, el fiscal dictaminó por el archivo de la causa por la imposibilidad de proceder. Y el juez firmó la resolución haciendo lugar a ese planteo este lunes.

Es que, según se desprende de la resolución a la que accedió Infobae, “mientras la UIF solicitaba que se investigue por el delito de lavado de activos a todos los imputados” en la causa de los cuadernos y sus conexas, Bonadio explicaba que "no había ningún elemento que pudiera sostener que los fondos exteriorizados tuvieran su origen en los ilícitos investigados en la causa N° 9608/18 y sus conexas ”, dijo Taiano.

El fiscal también resaltó que Bonadio había dicho que que en la causa de los cuadernos y sus derivadas eran los ex funcionarios públicos los que “habían recibido dinero espurio”. Y ya había diferentes causas por enriquecimiento ilícito y lavado en donde se había podido corroborar, como el caso de Daniel Muñoz, el ex secretario presidencial de Néstor Kirchner. "De ser así, la investigación de dichos sucesos se encontraría prohibida en virtud de la garantía constitucional del ‘Non bis in ídem’ que establece que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”, aseguró la fiscalía en el escrito al que accedió Infobae.

Es más: cuando se le pidió más detalles a la UIF sobre su presentación, se enviaron 57 informes de inteligencia “vinculada a a distintos sujetos imputados en el marco del expediente N° 9608/18”. No había un “análisis integral y específico de elementos que dieran sustento concreto a la presentación de la UIF sino que se trataba de numerosos Informes de Inteligencia que en su totalidad habían sido presentados con anterioridad en un sinnúmero de expedientes con trámite en distintos juzgados de la Argentina o específicamente a la PROCELAC –en ciertos casos se observó que habían sido remitidos a más de una dependencia”. Y aunque la UIF pedía investigar a todos los imputados en la causa de los cuadernos, solo aportó información de 37 personas.

Así las cosas, Taiano destacó que “se advirtieron algunas circunstancias que dieron cuenta de cierta debilidad en la presentación de la UIF” con su denuncia original. Ramos coincidió: “De la mera lectura del dictamen fiscal, y de la concienzuda investigación llevada adelante por el Ministerio Público, esta investigación presenta por lo menos dos inconvenientes que son infranqueables”.

El primero: el uso de información sensible por ley que impide que pueda ser “utilizada como sustento para dar impulso a una nueva investigación, cuando existan otros procesos en curso que se le relacionan y donde esa información o bien ya fue presentada o bien fue elaborada por ser producto de algún requerimiento judicial específico”. El segundo: “La implicancia de avanzar con una presentación de esta naturaleza”, afirmó Ramos. “En tal sentido podrían multiplicarse investigaciones por un mismo hecho, lo cual no solo afectaría el buen servicio de la administración de justicia sino la garantía constitucional” de no ser investigado varias veces por un mismo hecho. “Por lo expuesto, es que resuelvo archivar la presente investigación por imposibilidad de poder proceder”, determinó Ramos.