En medio de la cuarentena, tres casos de violencia policial generan un cortocircuito entre gobierno y oposición

Dos casos de sospechosas muertes en celdas de San Luis, en abril. La desaparición forzada y asesinato de un joven a manos de policías de Tucumán, en mayo. Y el ataque de la policía chaqueña contra una familia de la comunidad Qom, el fin de semana pasado. Los casos provinciales de violencia institucional se venían sucediendo con escaso eco oficial y parciales pronunciamientos opositores. Con todo, los reclamos fueron convergiendo y escalando, hasta el pedido de renuncia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. La respuesta tardía del funcionario, destemplada y hasta provocadora, terminó de sumar ayer un ingrediente de tensión política impensado en medio de la cuarentena.

Las tratativas sobre el nuevo alargue del aislamiento social, especialmente en la Capital y el Gran Buenos Aires, volvió a exponer un repetido y delicado ejercicio de equilibrio político entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. El Presidente, junto a uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio y el gobernador de línea directa y continua con Cristina Fernández de Kirchner. No es la imagen de la armonía, ni de la “nueva” política, sino una expresión del juego político en el paño más sensible. Hay tensiones, algunas chicanas y también temores que hasta ahora obraron como línea de contención.

Ayer mismo, Alberto Fernández volvió a reunirse con el jefe de gobierno porteño, que la noche anterior había conversado a solas con el gobernador bonaerense. Se mantuvieron diferencias sobre el grado de flexibilidad o dureza del aislamiento, aunque con vía abierta para lo que sería una etapa algo diferenciada entre los dos distritos. Pero también ayer, Kicillof atendía parcialmente algunos pedidos de apertura de intendentes del GBA, varios de la oposición. Tampoco es esa una relación fácil: suma desencuentros desde el arranque, en diciembre.

Lo dicho: no hay armonía ni seguro de convivencia razonable. El Congreso lo expresa a su modo. Hasta ahora -y luego de un muy dilatado proceso y debate para terminar en sesiones mixtas (virtuales y algo presenciales)- hubo avances con algunas leyes de consenso bastante asegurado. CFK ya ha precipitado algunas disputas, sobre todo en materia de deuda y justicia, y en Diputados se espera aún el ingreso de proyectos fuertes: impuesto a los grandes patrimonios, reforma judicial. Sergio Massa mantiene diálogo aceitado con opositores, pero por ahora la Cámara no expone gran nivel de actividad ni asoman los temas más densos.

Por supuesto, las pulseadas se juegan en la oposición y también en el oficialismo, donde muchos de los gestos son medidos en función del equilibrio de poder entre el Presidente y CFK. Parece claro, además de repetido, que aún así el oficialismo por peso propio tiene más chances de influir en la interna opositora. Juega a las fisuras, en este caso entre el “ala dura” que retratarían Macri y Patricia Bullrich, y los más negociadores. Esta última sería una franja que incluye de hecho a los dirigentes con responsabilidad directa de gobierno y que se extiende a María Eugenia Vidal –no es lo que piensa el círculo de la gobernación bonaerense-, parte de los legisladores y otros referentes de la anterior gestión, entre ellos Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Algunos tienen canal directo con el Presidente, pero han sufrido desplantes o “zancadillas” que los tornan más que prudentes.

Los principales integrantes de esa amplia gama opositora mantienen contactos habituales; otros se mantienen a distancia. La ofensiva oficialista contra Vidal –que incluyó al Presidente y escaló con Kicillof en la última extensión de la cuarentena- produjo una respuesta preparada y amplia de los principales referentes de JxC. En las últimas horas, hubo contactos entre Rodríguez Larreta y varios jefes legislativos, que emiten las señales más evidentes de la franja opositora.

La carga de JXC no tuvo esta vez origen en una decisión del gobierno nacional –como el decreto de mayores poderes para manejar partidas presupuestarias, con sesión frustrada pero también conversada en Diputados-, sino con una serie de episodios de violencia institucional en tres provincias gobernadas por el peronismo. Son los casos de dos personas detenidas y luego muertas en comisarías de San Luis, el secuestro y muerte del joven Luis Espinoza en Tucumán –que involucra a una decena de policías- y el brutal ataque a integrantes de la comunidad Qom en Chaco.

Hubo en los últimos días un pronunciamiento duro y formal del PRO. También, una fuerte declaración apuntada a Pietragalla por parte de Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica. Y finalmente el pedido de renuncia de Pietragalla, disparado por Mario Negri.

El Presidente y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, salieron a condenar los episodios, lejos de la polémica. La señal destemplada provino del secretario de Derechos Humanos. Chicaneó: dijo que celebra la preocupación de quienes “ayer festejaban ejecuciones por la espalda”. No parece que este capítulo haya quedado cerrado.