El PRO manifestó su preocupación por los últimos casos de violencia policial y Mario Negri pidió la renuncia del Secretario de Derechos Humanos

“Decimos no a la violencia institucional” es el nombre de la carta que el Pro publicó en sus redes sociales. La misiva hace referencia a casos recientes que tomaron estado público en los últimos días. En el documento, el partido liderado por Patricia Bullrich acusa a los gobiernos provinciales de ser responsables y reclama al Gobierno Nacional no ser indiferente a estos hechos.

“Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público”, es el comienzo del texto. En el desarrollo de la carta, enumera distintos acontecimientos ocurridos en los últimos meses y cierra con los ataques a una familia Qom en Chaco.

El pronunciamiento del partido presidido por la ex ministra de Seguridad de la Nación, detalla: “La aparición sin vida de Florencia Magali Morales y Franco Maranguello en celdas de comisarías de la provincia de San Luis; la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán luego abandonado en Catamarca, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría décima, más los hechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la Comunidad Qom en Chaco exigen la más rigurosa investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia para que den cuenta de sus actos”.

“No vamos a permitir que amparándose en el cumplimiento de las políticas sanitarias y de aislamiento social obligatorio se violen los derechos humanos de los argentinos y mucho menos seremos indolentes cuando se atenta contra la vida misma”, advirtieron en la carta. “Los gobiernos provinciales son responsables, deben expresarse y actuar en consecuencias. El Pro exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional no ser indiferente pues el silencio es cómplice”, concluye el documento. Sobre el cierre, en un tono destacado dice “los argentinos queremos vivir en paz y seguridad, queremos sentirnos cuidados”.

Por su parte, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, pidió la renuncia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. “El presidente debería relevar del cargo al secretario de Derechos Humanos por su inacción ante los casos de violencia policial en San Luis, Tucumán y Chaco. Pietragalla se presentó como amicus curiae para conseguir la libertad de Jaime, pero no hace nada ante estos hechos gravísimos”, publicó el dirigente radical en su cuenta de Twitter.

En tanto, sostuvo que “el atropello y la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas policiales debe ser condenado activamente. El Estado nacional debe plantear políticas activas para evitar que se propaguen estos hechos. No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios cuando están en juego los derechos humanos".

“Argentina no puede tener un Secretario de Derechos Humanos que sólo actúa cuando están en juego los derechos de los amigos del poder de turno o miembros de su partido político como Ricardo Jaime”, concluyó.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter una reflexión sobre la violencia institucional: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

En efecto, el gobernador Jorge Capitanich desplazó de su cargo al grupo de efectivos acusados de cometer apremios ilegales y abuso sexual contra una familia QOM en el Chaco. A su vez, la ministra de Seguridad provincial, Gloria Salazar, repudió el “accionar ilegal, violento, arbitrario de integrantes de la Policía” hacia los integrantes del pueblo originario y exigió la correspondiente investigación al personal que intervino en el operativo para que sean juzgados penalmente.

Por su parte, Alberto Fernández no se pronunció sobre la muerte del peón rural Luis Espinoza, asesinado en El Melcho, Tucumán, el viernes 15 de mayo, durante un operativo policial en el que se intentaba desarticular una carrera clandestina. Hoy se comprobó que el proyectil que lo mató provino del arma del oficial auxiliar José Morales. La abogada de la familia de la víctima, Cinthia Campos, le confirmó a Infobae que la carátula de la causa en contra de ocho de los diez detenidos cambiará a “homicidio doblemente agravado”.

En tanto, en abril, la justicia de San Luis inició una investigación luego de que apareciera sin vida una mujer de 39 años que fue demorada por violar la cuarentena obligatoria decretada para contener la pandemia del coronavirus y luego apareció ahorcada en una celda, en el interior de una comisaria de la localidad de Santa Rosa de Conlara, en la zona noreste de la provincia.

Se trata de Magalí Morales, quien fue demorada el 5 de abril pasado por no cumplir con el decreto provincial que determina que la gente pueda circular por la vía pública algunos días de la semana, de acuerdo con la terminación de su número de documento de identidad.

A las pocas horas, la mujer fue hallada muerta, con el cuello atada a un cordón que pendía de una viga, en el interior de la celda a la que había sido confinada. La autopsia que se realizó en el cuerpo de Morales indicó como causa del deceso “asfixia mecánica”, es decir que murió ahorcada.

Si bien la Policía local había caratulado el hecho como “suicidio”, intervino el juez de instrucción Roque Pinto, quien determinó una causa por “averiguación causal de muerte”. En tanto, autoridades provinciales determinaron separar de la comisaría tanto al jefe como el subjefe, con cargos de comisario y subcomisario, respectivamente.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, muerto durante un operativo ilegal de la Gendarmería en 2017, fue uno de los que reclamó la intervención del presidente: “Alberto Fernández tiene que levantar la voz para frenar los abusos de las fuerzas de seguridad, que baje una línea de que no se jode, no se puede mirar para otro lado".

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